Cabify advierte de que el futuro de la industria de los VTC «está en riesgo»
- junio 14, 2022
El consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, ha advertido del «riesgo» que corre la industria de los vehículos de transporte con conductor (VTC) por culpa del real decreto ley que aprobó en 2018 el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para regular la actividad del sector.
Durante su participación este martes en el congreso Global Mobility Call, que se celebra en Madrid, De Antonio ha mostrado su preocupación por los efectos que pueda tener en los próximos meses esta normativa sobre «una herramienta para la movilidad compartida de las ciudades igual de válida que los taxis o las bicicletas».
El máximo responsable de Cabify se refiere al real decreto ley que aprobó hace casi cuatro años el Congreso de los Diputados, conocido como «Decreto Ábalos», que da de plazo hasta el próximo 1 de octubre para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación que regula la actividad de los VTC.
A partir de esa fecha, los VTC solo podrán realizar trayectos interurbanos, salvo que las comunidades regulen específicamente una normativa para amparar la operativa del sector en las ciudades.
Madrid, única comunidad con normativa aprobada para los VTC
Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha sido la única que ha aprobado una normativa que permitirá a los VTC seguir operando con normalidad en la capital más allá de esa fecha, aunque sin poder acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como son la recogida en la calle o las paradas específicas.
«La realidad es que el contador está ahí, y en octubre de este año si no hacemos algo esa industria está en riesgo», ha recordado De Antonio.
En este sentido, ha reconocido que las ciudades deben contar con un marco regulatorio que les permita regular y adaptarse a las necesidades, pero ha rechazado la idea de que las entidades locales «puedan hacer lo que quieran».
Preocupación por la regulación
Así, ha asegurado que las comunidades volverán a pedir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que extienda el plazo para adaptar su legislación, ya que «no saben cómo regular» debido a las discrepancias entre la norma del Gobierno y las decisiones de algunas tribunales de justicia.
De Antonio también ha mostrado su preocupación por que no se tomen decisiones «ambiciosas», pese a que la visión de todos los actores es «muy parecida» y tiene como objetivo común el desarrollo de ciudades cada vez más sostenibles.
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