Para elegir senadores, representantes y curules de paz, la jornada será el 13 de marzo del 2022. Foto de referencia.
Para quienes nunca han votado o quieren cambiar de puesto de votación, y aunque si se han inscrito muchos jóvenes que apenas cumplieron los 18 años, muchos dejaron la inscripción de cédulas para última hora.
Noticias Colombia.
El proceso de inscripción de cédulas para las elecciones legislativas en marzo del 2022 estuvo abierto desde marzo del año pasado, ya fuese vía virtual o en sedes de la Registraduría, aún así, ha sido desde diciembre y en lo que va de enero que hay congestión, la gente corriendo a inscribirse.
Además, estos últimos días se han registrado fallas técnicas en la app ‘Info Votantes Congreso’ y hay denuncias y peticiones para que se amplíe el plazo para inscribir la cédula.
Plazos
Ante las solicitudes, la Registraduría Nacional del Estado Civil, respondió que habrá jornadas especiales para que los votantes puedan quedar inscritos.
Del 8 al 10 de enero, una jornada especial, en todas las registradurías especiales, auxiliares y municipales del país, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Se amplió el horario de atención del 11 al 13 de enero, en esos mismos lugares: 8:00 am hasta las 7 pm.
Las otras vías para el proceso de inscripción de cédula, son:
Las inscripciones van hasta la medianoche del jueves 13 de enero.
Tenga a mano su cédula, todos sus datos personales.
Hasta el 6 de enero, iban 817.998 cédulas inscritas en Colombia, por cambio de domicilio.
A elegir
El cierre de inscripciones debe dar plazo para que la Registruduría pueda verificarlos datos suministrados, los cargue y se pueda hacer la votación sin problemas en marzo.
Todo el proceso de elección para el congreso (Senado, Cámara y Curules de Paz 2022) avanza, este 12 y 13 de enero se realizarán los sorteos de la posición de los logos de las tarjetas.
Son 2.835 candidatos inscritos.
Para el Senado quedaron inscritos 934 candidatos (as), que conforman 25 listas de esta forma: Circunscripción nacional 16 listas conformadas por 912 candidatos; y por la circunscripción indígena, nueve listas integradas por 22 aspirantes.
A la Cámara de Representantes: 1.498 candidatos y candidatas en 328 listas.
En este caso, quedaron con circunscripción territorial, 263 listas integradas por 1.335 candidatos; circunscripción indígena, siete listas constituidas por 12 candidatos; circunscripción afrodescendiente, 48 listas conformadas por 129 candidatos; y circunscripción internacional diez listas conformadas por 22 aspirantes.
Y las elecciones para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, 16 en el país.
Así puedes cambiar tu puesto de votación para las elecciones de 2022 ⬇️
Estados Unidos se presenta con una de cal y otra de arena ante la nueva ronda de conversaciones con Rusia sobre Ucrania que tiene lugar este lunes en Ginebra. La Administración de Joe Biden abre la puerta a negociar con el Kremlin asuntos como el despliegue de misiles y el alcance de las maniobras militares de ambas partes en la región si afloja la presión sobre el país, según explicaron este sábado funcionarios estadounidenses en una llamada telefónica con periodistas, pero también plantea un abanico de sanciones económicas de calado si Vladímir Putin interviene, un temor que el dirigente ruso ha alentado al reforzar la presencia de tropas en la frontera ucrania.
Washington y Moscú se sentarán en la mesa siete meses después de la cumbre entre Biden y Putin, celebrada en la misma ciudad el pasado junio, y que expuso la tónica de lo que había sido la primera parte del año: tanto interés en no seguir escalando la tensión como desconfianza entre las partes. Esta vez no participarán los líderes. Encabezará la delegación estadounidense la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, y la rusa, el viceministro de Exteriores, Serguéi Ryabkov. También ha cambiado el contexto: el Kremlin ha concentrado decenas de miles de soldados en el límite con Ucrania, y Estados Unidos ha subido el tono.
“Aunque preferimos, con diferencia, desescalar [esta crisis] por la vía diplomática, si Rusia escoge el otro camino, estamos más que preparados, y de acuerdo con nuestros socios y aliados, sobre la imposición de duros costes a través de sanciones financieras, controles a las exportaciones que tienen como objetivo industrias clave, refuerzo de las posiciones de la OTAN en territorio aliado y aumento del apoyo en materia de seguridad para Ucrania”, explicaron este sábado las citadas fuentes de la Administración estadounidense.
Rusia, sin embargo, excluyó este domingo cualquier “concesión” en las conversaciones con Estados Unidos en Ginebra , afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores. “No aceptaremos ninguna concesión. Está totalmente descartado”, declaró a las agencias de prensa rusas Serguéi Ryabkov, que debe participar en las negociaciones.
Algunas de las restricciones que los aliados estudian afectarían a los productos estadounidenses que se exportan hacia el país, así como algunos fabricados en el extranjero, pero que están sujetos a jurisdicción del país norteamericano u otros con un porcentaje específico de composición estadounidense, según concretó a la agencia Reuters una fuente conocedora de este asunto. Rusia podría, en definitiva, pasar a formar parte del grupo de países más penalizado por Estados Unidos respecto a comercio exterior, un club del que forman parte Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria.
La difusión de estos detalles sirve para preparar el terreno para la cita del lunes, a la que Washington asegura que llega con más “realismo” que pesimismo. Cualquier acuerdo sobre maniobras y misiles, eso sí, recalca el Gobierno de Biden, tendría lugar de manera consensuada con Ucrania y con los aliados de la OTAN. De hecho, los contactos proseguirán durante la semana en un ámbito ya multilateral. Tras las conversaciones de Ginebra, el miércoles tendrá lugar una reunión especial del Consejo OTAN-Rusia en Bruselas y, el jueves, una sesión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) en Viena.
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Moscú llega a la mesa con la petición degarantías legales de que la OTAN no llevará a cabo refuerzos militares en las fronteras europeas de Rusia,sobre todo en la de Ucrania. En un borrador de propuesta hecho público a mediados de diciembre, con motivo de una conferencia telefónica entre Biden y Putin, el Kremlin plantea que la Alianza Atlántica asuma “la obligación de impedir una ampliación de la OTAN a otros Estados, incluida la adhesión de Ucrania”, y renuncia a hacer ejercicios militares en esa región, el Cáucaso y Asia central. Fuentes de la Administración de Biden ya han advertido de que con lo primero han tocado hueso. No es posible, señalaron este sábado, que Moscú decida “de quién pueden ser aliados otros países”.
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La princesa saudí Basmah Bint Saud, durante un debate sobre las mujeres de Oriente Próximo, en 2017.MANDEL NGAN (AFP)
Arabia Saudí ha excarcelado a la princesa Basmah y a su hija Souhoud después de casi tres años detenidas sin que se presentaran cargos contra ellas. No está claro a qué obedece su repentina puesta en libertad, que se produjo el pasado jueves, pero no ha trascendido hasta ahora. Las autoridades saudíes, que desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi sufren un grave problema de imagen, no se han pronunciado al respecto.
Basmah Bint Saud, de 57 años, fue detenida junto a una de sus hijas, Souhoud al Sharif, en 2019 cuando se disponía a viajar a Suiza para recibir tratamiento por una afección cardiaca. Su encarcelamiento solo se conoció nueve meses después cuando sus familiares lo filtraron a la prensa. La misma opacidad que rodeó a su caso entonces se mantiene ahora. Al anunciar su excarcelación en la noche del sábado, el grupo de derechos humanos saudí ALQST recordaba que “en ningún momento durante su detención se ha presentado ningún cargo contra ella”.
Un asesor de la princesa, Henri Estramat, ha confirmado a Reuters que “las dos mujeres fueron liberadas de su detención arbitraria y llegaron a su casa de Yeda el jueves 6 de enero”. Según esta fuente, “la princesa se encuentra bien, pero va a buscar asesoramiento médico”. En su opinión, “da la impresión de encontrarse agotada, pero está de buen humor y agradecida de poder reunirse con sus hijos”.
La ausencia de información llevó a especular sobre los motivos de que se la privara de libertad. Algunos allegados de la princesa lo atribuyeron a su defensa de una reforma constitucional y los derechos de las mujeres. En una declaración escrita ante la ONU en 2020, su familia dijo que se debía a que “había criticado los abusos” del régimen y a una disputa por la herencia de su padre (tierras que le habrían sido requisadas cuando se vio obligado a abdicar y dinero congelado en cuentas suizas). Otras fuentes vinculaban el caso a su amistad con el príncipe Mohamed Bin Nayef, el heredero desplazado por Mohamed Bin Salmán y luego acusado de traición.
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Fuera cual fuera la causa, daba la impresión de que Basmah había quedado atrapada en una querella familiar. Ella siempre fue una princesa diferente, profesionalmente activa y con una inusual presencia en los medios de comunicación. Tal vez influyera el hecho de que la menor del centenar de hijos del rey Saud nació poco antes de la muerte de este y creció entre Beirut y Londres al lado de su madre siria. Aunque tras su boda con un prominente saudí en 1988 se instaló en el Reino del Desierto, después de divorciarse en 2007 empezó a escribir artículos para diversos medios, emprendió varios negocios y volvió a la capital británica.
Su denuncia de la corrupción y las desigualdades económicas en Oriente Próximo le dieron cierta fama de “abierta y mediática”, aunque nunca criticó a la familia real de la que se sentía parte. Pero esa actividad se hizo más complicada cuando regresó de nuevo a Arabia Saudí en 2016. Dos años más tarde, una entrevista con la BBC en la que hizo un llamamiento al fin de la intervención en Yemen fue su última aparición pública, antes de su detención justo el día en que cumplía 55 años.
Desde que el príncipe Mohamed Bin Salmán tomó las riendas del poder, numerosos críticos han sido detenidos, incluidos una docena de príncipes. Varios de ellos habían tenido cargos importantes al frente de las agencias de seguridad, como gobernadores o en los negocios. La princesa no encajaba en ese perfil. Además, fue encerrada en Al Hair, una cárcel de las afueras de Riad conocida por albergar a criminales y yihadistas, frente al habitual arresto domiciliario que solía emplearse con las mujeres de la familia real. Durante el reinado de Abdalá (2005-2015) salió a la luz el extraño encierro de cuatro de sus hijas en un palacio de Yeda. Tras la muerte del rey, no volvió a saberse de ellas.
Abu Bakr Azaitar, el pasado marzo antes de una competición en Las Vegas.Mike Roach (Zuffa LLC)
Una parte de la prensa marroquí más oficialista ha desenvainado sus dardos contra los privilegios de que gozan tres hermanos alemanes de origen marroquí vinculados a las artes marciales y muy próximos al rey Mohamed VI. Se trata de Abu Bakr Azaitar, un luchador de artes marciales mixtas de 34 años, conocido en su entorno profesional como Gladiator; su hermano Ottman, también luchador y cuatro años menor y, por último, Omar, entrenador de ambos y gemelo de Abu Bakr.
El último incidente relacionado con ellos sobrevino después de que las autoridades marroquíes decretasen el 28 de noviembre la cancelación de todos los vuelos con destino a Marruecos por la pandemia. La noticia causó gran malestar en miles de ciudadanos bloqueados en el extranjero que se expresaron a través de las redes sociales. La suspensión de los vuelos con destino a Marruecos se prorrogó de forma indefinida hasta nueva orden. Hoy sigue siendo imposible acceder al país por los aeropuertos. Pero esa medida sanitaria preventiva que afecta a la inmensa mayoría de los 36 millones de marroquíes, a los turistas y residentes extranjeros en Marruecos, pudo ser esquivada por Ottman Azaitar.
Un personaje que firmaba con el nombre de Fabrice Sauvage publicó el pasado 10 de diciembre en el sitio digital francés Mediapart un artículo en el que afirmaba que Otman Azaitar, uno de los tres hermanos germano-marroquíes vinculados a las artes marciales que gozan de un trato próximo con el rey Mohamed VI, había volado a Marruecos el 8 de diciembre en un avión de las Fuerzas Armadas.
Nadie conoce al tal Fabrice Sauvage, que firmaba como un supuesto “politólogo y periodista de investigación”. Mediapart retiró el artículo, alegando que no respeta el estatuto de las participaciones en el medio reservadas a sus suscriptores. Pero la colaboración fue reproducida de forma casi íntegra al día siguiente por el sitio digital marroquí Barlamane (Parlamento, en árabe), que goza de excelentes fuentes y conexiones en el aparato de seguridad de Marruecos. El medio español El Confidencial también se hizo eco de la noticia el 14 de diciembre.
No ha sido la única referencia periodística a los privilegios de esa familia. El medio digital marroquí Le Desk publicó el pasado 15 de noviembre otra noticia relacionada con el buen trato que reciben los hermanos Azaitar en el Palacio Real. La publicación informaba de que el rey Mohamed VI otorgó el 6 de noviembre, en el aniversario de la Marcha Verde, la nacionalidad marroquí a Mohamed Ezzat, alias Moee, amigo y representante de los tres hermanos. Ezzat es también alemán y vive en Dubái.
La amistad entre Mohamed VI y los hermanos Azaitar trascendió oficialmente en Marruecos el 20 de abril de 2018, cuando el rey Mohamed VI los recibió en su palacio de Rabat y la agencia oficial MAP difundió una imagen del acto donde el monarca y los tres hermanos sostenían un trofeo en forma de cinturón de lucha. En el pie de foto se leía: “El soberano recibió así a Abu Bakr Azaitar, primer marroquí en fichar por el Ultimate Fighting Championship (UFC), la más importante liga mundial de este deporte de combate; a Otman Azaitar, quien ganó el campeonato del mundo de la Brave Combat Federation, así como a Omar Azaitar, su agente y miembro de su equipo técnico”.
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Los Azaitar nacieron en la ciudad alemana de Colonia de padres originarios de Alhucemas. Desde su entrada en Palacio fueron tomando protagonismo. El 6 de noviembre de 2019, Abu Bakr y Ottman Azaitar acudieron en El Aaiún a los actos oficiales del 44º aniversario de la Marcha Verde.
La influencia creciente de los hermanos debió preocupar a una parte de las autoridades en Rabat. Hasta el punto de que el pasado mayo el sitio digital marroquí Hespress, el más leído en el país, se explayó sobre los antecedentes policiales de los hermanos. Y hacía hincapié en el historial delictivo de Abu Bakr, el más próximo al monarca: “Estafa informática, conducción sin permiso, atentado contra la integridad física causante de una incapacidad permanente, tráfico de estupefacientes, robos, falsificaciones y resistencia a la fuerza del orden”. El artículo, sin ninguna firma, señalaba que la conducta y los signos de opulencia de los tres hermanos dañaban la “credibilidad del país” y eran una bomba de relojería.
El digital Barlamane señaló el pasado diciembre que el verdadero problema que presentan los Azaitar no es el del lujo del que presumen en las redes sociales, sino la falta de respeto de las reglas. Asegura que los “favores” de los que se benefician están cultivando un “sentimiento de injusticia”. El medio cita varios ejemplos en los que los Azaitar han violado supuestamente la ley: infracciones urbanística en un local comercial del barrio de La Marina, próximo a Rabat, o la inhumación de un familiar de los hermanos en un cementerio de Tánger donde supuestamente están prohibidas desde 2012. O el hecho de que una empresa de tacos propiedad de los Azaitar promete a sus clientes entregar la comida a domicilio mediante drones, “antes incluso de obtener la autorización”, para usarlos.
Este diario contactó por teléfono con el director de Barlamane, Mohamed Khabbachi, antiguo director de la agencia oficial de noticias marroquí, MAP. Khabbachi alegó que él no era especialista en ese tema y que iba a facilitar el contacto de un redactor especializado. Cosa que nunca sucedió.
Respecto al supuesto vuelo efectuado por Otman Azaitar, Barlamane reprodujo a final de año estas críticas: “¿Qué decir a esos miles de marroquíes bloqueados en el extranjero, que tienen motivos de regreso serios, incluso graves para algunos de ellos? ¿Qué argumentos se puede dar a esos miles de padres que deben renunciar a la idea de ver a sus hijos que estudian en el extranjero, porque las fronteras permanecerán cerradas [al menos] hasta el 31 de diciembre?”.
Las fronteras continúan sin abrirse. Y no hay fecha anunciada para retomar los vuelos con destino a Marruecos.
¿Recuerdan a Dick Cheney? Todopoderoso vicepresidente del Gobierno de George W. Bush (2001-2009), llevaba con orgullo el sobrenombre de Darth Vader. Fue el ideólogo de la guerra de Irak, promovió del campo de detención de Guantánamo tras el 11-S, la tortura en los interrogatorios y la idea de que el fin justifica los medios. Desde el timón del gigante de servicios petroleros Halliburton, que tan buen negocio hizo en Oriente Próximo, se convirtió en un atleta de la puerta giratoria. Cuando el actor Christian Bale recogió el Globo de Oro como mejor actor por su encarnación en la película Vice, dio las “gracias a Satán” por inspirarle. Halcón de halcones, veterano de las eras de Nixon, Ford y Bush padre, Cheney es uno de los grandes villanos de la izquierda de Estados Unidos.
O era. Porque el pasado jueves, en los actos celebrados con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio, fue saludado con calidez por una ristra de legisladores demócratas y objeto de reconocimiento por parte de la líder de todos ellos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El viejo Cheney y su hija, la congresista Liz Cheney, defenestrada por su oposición a Donald Trump, eran los únicos republicanos presentes en el minuto de silencio convocado en el Congreso. La mayor parte de miembros del partido se había apeado de las ceremonias, unos alegando un problema de agenda, otros denunciando el uso partidista de la tragedia vivida un año atrás.
“Este tipo de líderes no recuerda a ninguno de los colegas que yo conocí cuando estuve aquí durante 10 años”, dijo el exvicepresidente Cheney, de 80 años, a los medios. “Me siento profundamente decepcionado por el hecho de que muchos miembros del partido no reconozcan la grave naturaleza de los ataques del 6 de enero y la amenaza aún existente sobre nuestra nación”, señaló después en un comunicado. Nancy Pelosi destacó lo “honrados” que estaban de tenerle allí ese día y le felicitó por su “coraje”.
Corren tiempos muy particulares en Washington. Hace un año una turba de manifestantes arengados por Trump asaltó el Capitolio con el fin de torpedear la certificación de la victoria electoral de Joe Biden y otrora bestias negras de los demócratas, como los Cheney, el expresidente George W. Bush o el senador Mitt Romney se han convertido en la última línea de defensa republicana ante el trumpismo.
Pocas aliadas tan inesperadas como Liz Cheney, miembro insigne del ala conservadora del partido, que rechaza el aborto, ha considerado que la técnica de ahogamientos (waterborading) en los interrogatorios no constituye tortura y, en su día, se negó a denunciar a los promotores del bulo de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. Una década después de aquello, sin embargo, la congresista sí se plantó ante la campaña de infundios de fraude electoral por parte de Donald Trump, rechazó públicamente las mentiras de su líder, votó a favor de condenarlo en el juicio de impeachment por incitar a la insurrección y hoy es una de los dos únicos republicanos que forman parte del Comité de Investigación del 6 de enero.
Cheney, de 55 años, ha caído en el ostracismo. Representante única por Wyoming en la Cámara baja desde 2017, era una de las tres líderes de la bancada republicana, pero sus compañeros de partido la destituyeron el pasado mayo tras abuchearla por lo que consideran una traición. En un artículo en The Washington Post trató de defenderse: “Soy una republicana conservadora y el más conservador de los valores conservadores es el respeto reverencial a la ley”. No convenció y en las legislativas de 2022 ya le esperan adversarios internos que le disputen la candidatura para renovar su escaño.
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El jueves, declaró que la espantada de los republicanos a los actos de recuerdo del ataque al Capitolio, en el que murieron cinco personas, supone “un reflejo de dónde está el partido”. Está a la sombra del culto a Donald Trump y el miedo a perder el escaño. Ella no se encuentra ahí, pero tampoco donde antaño. El pasado septiembre dio la campanada al anunciar su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo tras años de repudio, un repudio especialmente desgarrador para la familia, pues su hermana, Mary, lesbiana, estaba casada y aquellas declaraciones causaron un cisma. “Estaba equivocada”, dijo la congresista en una entrevista en el programa 60 minutes, de la cadena CBS, “quiero mucho a mi hermana, quiero a su familia y yo estaba equivocada”.
El congresista demócrata Vicente González, que entró en el Capitolio en el mismo año que Cheney, calificó a esta y al congresista Adam Kinzinger —el otro verso suelto republicano que participa en el Comité de investigación del 6 de enero— de “héroes”. “Políticamente no tengo mucho que ver con ellos”, dijo el texano a este periódico, “pero les tengo un gran respeto por haber hecho lo correcto, creo que la historia los va a recordar como héroes por haber trazado la línea de lo admisible”.
Desde la llegada de Trump al poder, el pulso entre adversarios políticos ha desbordado lo ideológico y Washington ha visto saltar por los aires el propio tablero, las reglas del juego. La conversación va más allá de qué hacer con los impuestos, qué política militar aplicar o si es constitucional o no obligar a vacunarse de covid a un empleado federal; ahora se habla de si se puede o no anular el resultado de unas elecciones presidenciales a partir de acusaciones infundadas de fraude.
Ese nuevo orden ha servido para reconciliar a muchos demócratas con un presidente como Bush hijo, detestado por la izquierda por motivos similares a los de Cheney, pero que se divorció de Trump desde las mismas elecciones de 2016, fue un ejemplo de traspaso caballeroso del poder con su predecesor demócrata, Barack Obama, y mantiene una tierna y pública amistad con Michelle Obama, una de las mujeres más populares de Estados Unidos. En abril de 2017, en los primeros compases de la era de Trump en la Casa Blanca, Pelosi dijo: “¿Alguna vez pensamos que iba a llegar el día en que dijéramos: ‘Por favor, devolvednos a George W. Bush?’. Con él pudimos trabajar de veras”.
A ojos de la oposición, pocos gobernantes parecen tan buenos estadistas como los que ya se han retirado. También Bill Clinton recibió parabienes de republicanos como Paul Ryan o incluso el presentador de Fox Sean Hannity, uno de los más ultras de la cadena, en oposición a Obama.
Hay algo diferente, sin embargo, en este tiempo político. Al final de su vida, el republicano John McCain (fallecido en 2018) despertó una verdadera ola de entusiasmo entre los demócratas. Muchos recordaban cómo, cuando fue rival republicano de Obama en las presidenciales, salió en defensa del demócrata ante los infundios personales y defendió que, pese a las diferencias políticas, era un hombre de honor. En estos años de desgarro político, viejos adversarios despiertan nostalgia entre los demócratas de Washington. Tiene que ver con comparaciones odiosas, con el rumbo que ha tomado el partido de Abraham Lincoln, con ese refrán que dice “otros vendrán que bueno me harán”, puede que incluso a ‘Darth Vader’, o a un Cheney.
Un trabajador de ‘Stand News’ atendía a unos periodistas tras la redada en la sede del diario, a finales de diciembre en Hong Kong.MIGUEL CANDELA (EFE)
La libertad de expresión en la antigua colonia británica de Hong Kong está en sus horas más bajas 18 meses después de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Solo en las últimas semanas, una estatua dedicada a las víctimas de la plaza de Tiananmén, cuya memoria es aún un tabú para China, fue retirada de madrugada de la Universidad sin previo aviso; un periódico fue cerrado y varios de sus directivos detenidos, y un portal de noticias siguió sus pasos al temer por la seguridad de sus trabajadores. Todo ello después de que el territorio autónomo celebrara en diciembre las primeras elecciones solo para patriotas tras una reforma que permitió apenas una decena de candidatos independientes y que hundió la participación a un 30,2% del censo de 4,5 millones de votantes. La democracia en Hong Kong se apaga ante la posición cada vez más dura de Pekín ante cualquier atisbo de divergencia.
“¿Qué queda de la libertad de prensa en Hong Kong? ¿Cuál es el significado de periodismo si los periodistas no pueden informar sobre lo que al Gobierno no le gusta?”, se preguntaba en un hilo de Twitter el activista hongkonés Nathan Law tras la redada a la sede del periódico Stand News a finales de diciembre.
“He vivido en Hong Kong más de una década y, desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional no ha habido ni una sola semana en la que no hayamos tenido una mala noticia. Poco a poco se han ido socavando la mayoría de las libertades y avances democráticos de los que gozaba la ciudad”, sostiene Jean-Pierre Cabestan, jefe del Departamento de Estudios Gubernamentales e Internacionales en la Universidad Bautista de Hong Kong.
La secuencia de hechos es elocuente: desde la promulgación de la ley de seguridad en la Asamblea Nacional en Pekín, el 30 de junio de 2020, más de un centenar de personas han sido detenidas por cargos previstos en la norma —que incluye cadena perpetua para quienes planeen actividades “terroristas”, “sediciosas” o “subversivas”— y una cincuentena de activistas prodemocracia están entre rejas; los que continúan en libertad han adoptado un perfil bajo y cientos han elegido el exilio, según denuncian varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Activistas como Joshua Wong están encarcelados por su protagonismo en las manifestaciones de 2019 para reclamar reformas democráticas; otros, como Chow Hang-tung o Lee Cheuk-yan, por incitar a la participación en la tradicional vigilia anual por la masacre de Tiananmén —prohibida desde 2020 por las autoridades alegando la pandemia—, mientras que gran parte de los políticos prodemocracia cumplen condena o esperan juicio por la organización de unas elecciones primarias informales en el verano de 2020 que buscaban presentar una lista única ante los candidatos respaldados por Pekín.
“El punto de inflexión fue el arresto de los participantes en las elecciones informales de julio de 2020. Desde entonces, la tendencia ha sido forzar a la sociedad hongkonesa y a la comunidad política a ser más china”, afirma Cabestan. “La reforma del sistema electoral, la campaña contra las ONG y sindicatos, y ahora contra los medios de comunicación, son un reflejo directo de esa imposición”, añade.
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A pesar de que la libertad de expresión es uno de los derechos consagrados en la ley básica de Hong Kong —y que, según lo pactado con el Reino Unido antes del traspaso de la soberanía en 1997, China debe garantizar al menos hasta 2047—, la posición del enclave en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras ha caído estrepitosamente en los últimos años: si en 2002 se situaba en el puesto 18, en 2021 se había desplomado hasta el 80.
El primero de los grandes medios independientes en desaparecer fue Apple Daily. Con los directivos, incluido su propietario, Jimmy Lai, en prisión acusados de “confabularse con fuerzas extranjeras” —otro cargo que puede acarrear cadena perpetua bajo la ley de seguridad—, y sus cuentas congeladas, el último diario de la oposición en papel se vio obligado a cerrar el pasado 24 de junio. El periódico fundado 26 años antes se había convertido en la publicación crítica con Pekín más popular de Hong Kong, con 2,6 millones de seguidores en Facebook y más de 3 millones entre YouTube, Instagram y Twitter (la población de la antigua colonia británica es de 7,4 millones de habitantes).
La historia se repitió seis meses después, el 29 de diciembre, cuando la policía encargada de salvaguardar la ley de seguridad detuvo a la cúpula directiva de Stand Newsy las autoridades congelaron 6,9 millones de euros de sus activos. Dos de sus redactores jefes continúan arrestados, acusados de “conspirar y distribuir material sedicioso”, delito contemplado bajo el Decreto de Crímenes de la era colonial. El lunes pasado, un tercer medio, Citizen News, anunciaba su clausura debido “al deterioro del entorno periodístico”.
“Stand News y Citizen News cubrían el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, desde luchar por los derechos de la comunidad LGTBI, hasta los derechos laborales. Ahora no queda casi ninguno que haga reportajes de investigación sobre temas sociales y que exija responsabilidad a las autoridades”, apunta Kai Ong, miembro de Amnistía Internacional que se identifica con un seudónimo. “El entorno de represión e incertidumbre constante generado por la ley ha hecho imposible saber qué actividades podrían considerarse delitos”, agrega. Amnistía Internacional anunció en octubre el cierre de su oficina regional, después de que entre enero y septiembre medio centenar de organizaciones y sindicatos comunicasen también su disolución. El miedo y la autocensura han calado. Una encuesta del mes pasado de la Asociación de Periodistas de Hong Kong reveló que más de la mitad de los profesionales del sector en el enclave se autocensura a la hora de cubrir ciertos temas que podrían incomodar a Pekín.
“Todos los medios en idioma chino están tomando precauciones, y la mayoría están controlados por el Partido Comunista. El único que continúa siendo más o menos autónomo es Ming Pao”, señala Cabestan. Tras lo ocurrido con otros medios en la última semana, Ming Pao ha añadido en su sección de Opinión una cláusula de exención de responsabilidad en la que comunica que las críticas, si las hubiera, tendrían el objetivo de señalar errores con el propósito de remediarlos, sin “intención de incitar al odio, al descontento o a la enemistad con el Gobierno u otros sectores de la población”.
Finn Lau, uno de los líderes de las protestas de 2019, actualmente en el exilio, advierte de que “con esta campaña contra la libertad de expresión, las autoridades de Pekín y Hong Kong han fallado al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y a la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984″. Según el acuerdo firmado por la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, y su homólogo chino, Zhao Ziyang, durante 50 años tras el retorno a la soberanía china, la autonomía del Gobierno del enclave debía ser absoluta, excepto en asuntos exteriores y de defensa, siguiendo los principios de “un país, dos sistemas” y el de “una sola China”. Lau, sin embargo, asevera que “desde la promulgación de la draconiana ley de seguridad, la política de ‘un país, dos sistemas’ ha muerto”.
Este activista cree que es cuestión de tiempo que los pocos medios independientes que quedan desaparezcan: “El reto al que nos enfrentamos ahora es el de conectar a los hongkoneses prodemocracia que siguen allí con los que estamos fuera”. A pesar de las trabas, Lau se enorgullece de que la oposición “está haciendo todo cuanto está en sus manos para expresar el descontento” y señala como ejemplo la caída de la participación hasta su nivel histórico más bajo en las últimas elecciones legislativas de Hong Kong, ganadas por los candidatos pro-Pekín tras una reforma electoral que aseguraba la lealtad al Gobierno central de todos los aspirantes involucrados en estos comicios.
Violeta Granera ha perdido varios dientes porque la comida que le proporcionan en prisión es muy dura. La lideresa opositora lleva más de 210 días sumida en una celda oscura y la falta de sol le ha provocado manchas rojas en su rostro. El maltrato constante golpea su cuerpo de 70 años y el frío del recién llegado enero torna más angustiante el encierro. No tiene ni una frazada en la que refugiarse sobre la marqueta de concreto desnudo que mal le sirve de cama. Los centinelas policiales también se burlan de los presos políticos como ella en estos primeros días de 2022. Su “jefe supremo”, quien dio la orden de detenerlos, Daniel Ortega, se impondrá este lunes la banda presidencial de Nicaragua tras unas elecciones en las que no tuvo ningún tipo de competencia después de detener a sus principales oponentes.
Con su nuevo mandato, al que llega sin el reconocimiento internacional y de la mano de su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, sella una etapa de represión y persecución por la que mantiene a 170 presos políticos. 36 de ellos —las principales figuras opositoras de Nicaragua— están encerrados en El Chipote, una cárcel donde, según las denuncias de familiares que han conseguido visitarlos muy esporádicamente, están sufriendo desnutrición, malos tratos y apenas tienen acceso a sus abogados.
En el área de las celdas de castigo de esta prisión llamada formalmente Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Roger Reyes es devorado por una psicosis transitoria. El 22 de noviembre de 2021, el abogado crítico con la pareja presidencial nicaragüense fue arrojado a una celda de confinamiento sellada. Los dos metros de largo por dos de ancho con solo un agujero en el techo en los que está recluido se han vuelto un laberinto de depresión y ansiedad. “Estoy perdiendo la memoria”, le dijo el preso político a su esposa durante una inédita visita que autorizaron a sus familiares este Año Nuevo, tras una denuncia pública de maltrato en contra de la activista política Ana Margarita Vijil.
Carteles de presos políticos colocados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.Carlos Herrera
El pecado de Reyes, además de estar afiliado a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), es que fue abogado defensor de Félix Maradiaga, uno de los siete precandidatos presidenciales apresados a partir de junio de 2021, cuando Ortega ejecutó una cacería de 46 líderes opositores para eliminar toda competencia en las elecciones generales del pasado 7 de noviembre. Ortega y Murillo se declararon ganadores de esos comicios marcados por una apabullante abstención del 85%, según la organización Urnas Abiertas, que interpretó la poca participación como el repudio ciudadano a lo que muchos consideraban un “circo electoral” del sandinismo.
La primera visita permitida a algunos presos políticos ocurrió 80 días después de las capturas. Estaban demacrados, con pérdidas de peso de entre 13 y 36 libras (entre 6 y 16 kilos) por la mala alimentación; extenuados por interrogatorios perpetuos y sobremedicados. “Se ven salidos como de campos de concentración”, dijeron en ese momento los familiares. Con el paso del tiempo, la situación solo ha empeorado.
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Nicaragüenses en el exilio participan en una manifestación contra las elecciones presidenciales de su país desde San José, Costa Rica el 07 de noviembre de 2021.Jeffrey Arguedas (EFE)
El exdiputado José Pallais, de 68 años, ha perdido 90 libras (más de 40 kilos). Está tan débil que se ha desmayado en dos ocasiones. Tiene llagas y abscesos en la espalda porque los custodios le quitaron la colchoneta en la que descansaba. Padece diabetes y lleva un par de meses durmiendo en una silla que le llevaron sus familiares por la apnea del sueño que lo aqueja. La activista Ana Margarita Vijil, delgada de naturaleza, está tan raquítica que les pidió a sus familiares anteojos de niña porque los suyos se le caían del rostro. Como Pallais, 12 de los 36 encerrados en El Chipote son adultos de la tercera edad y los que más alarman: sus enfermedades preexistentes y crónicas se han descontrolado ante la falta de atención médica. El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Edgar Parrales, de 79 años, carece de intestino grueso y perdió 12 libras (más de 5 kilos) en 40 días.
El Chipote se ha convertido en la mazmorra más oscura de la pareja presidencial, pero también en una piedra angular de la represión que permitirá que este lunes 10 de enero Ortega jure por cuarta vez consecutiva como presidente de Nicaragua en la vieja plaza de la Revolución Sandinista en Managua.
En sus últimos actos públicos, Ortega y Murillo han justificado de todas maneras el encierro de los opositores. Para ellos han usado el calificativo de golpistas, del que llevan echando mano desde las protestas de 2018, y también los han llamado apátridas . “Se los deberían llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria”, dijo Ortega el 8 de noviembre, un día después de las cuestionadas elecciones. “Para avanzar hay que desterrar la falta de amor y cualquier asomo de indiferencia o de servidumbre y servilismo a intereses apátridas”, insistió la pareja presidencial en un inusual mensaje de Nochevieja, en un momento en que las denuncias por malos tratos en El Chipote salían a borbollones. Uno de los exguerrilleros históricos del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, de 73 años, fue conducido a mediados de diciembre de El Chipote a un hospital de Managua “en una condición delicada de salud”. Torres, junto a la exguerrillera Dora María Téllez, dirigió el mítico asalto al palacio somocista en 1978. Téllez es la que más fuerte está física y emocionalmente en comparación a sus viejos colegas disidentes sandinistas, según han dicho los familiares de los reos de conciencia. Hace ejercicio, pero está muy flaca en aislamiento, ya que los custodios no permiten que los familiares le pasen comida a los presos políticos.
Una persona sostiene unas cadenas durante las manifestaciones en contra del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en San José, Costa Rica el día 12 de octubre de 2021. Jeffrey Arguedas (EFE)
Algunos detenidos de la tercera edad solo piden leche Ensure (un suplemento alimenticio líquido) para paliar el hambre. En algunas ocasiones, han conseguido meterles algunos botecitos en las celdas y son compartidos por reos políticos de diferentes ideologías y sectores que no están en celdas de aislamiento. Pero lo tienen que hacer en silencio, porque los custodios permanentes les impiden con amenazas comunicarse entre ellos, relatan las familias. Aunque en su momento discrepaban sobre cómo combatir a Ortega, en El Chipote comparten celdas empresarios con exguerrilleros sandinistas o políticos de derecha con activistas que enarbolan causas como el feminismo y la socialdemocracia.
La vorágine represiva de la pareja presidencial nicaragüense no ha distinguido de orígenes y creencias y una posible liberación con motivo de la investidura presidencial se ve lejos ante la radicalización de un régimen aislado internacionalmente, y cuyo mandato nace entre el desconocimiento de muchos países, como Estados Unidos y España. Madrid fue la primera capital en anunciar que no enviaría a nadie a la toma de posesión en Managua. Aunque la vicepresidenta ha dicho que “unas 300 personas” de diferentes delegaciones los acompañarán en la investidura, solo México ha confirmado la presencia de sus representantes.
Se ensañan con las mujeres
Los familiares de los presos políticos han denunciado que, en el caso de las mujeres recluidas en El Chipote, a los malos tratos se le suman los ataques machistas. Las activistas Támara Dávila y Suyén Barahona están aisladas y siendo víctimas de maltrato psicológico: los policías les repiten son “malas madres por abandonar a sus hijos por andar en protestas contra el Gobierno”.
Las madres y esposas de los presos políticos también sufren acoso durante las visitas a El Chipote. Las revisiones a las que son sometidas incluyen “tocamientos, retiro de vestimentas y ropa interior”. Ana Chamorro de Holman, de 94 años, relató que cuando acudió a visitar a su hijo Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, los custodios la obligaron a bajarse el pantalón y quitarse el brasier. Pese a esta revisión invasiva, la mujer siguió con el proceso y encontró a su hijo con un conato de ceguera y problemas cardíacos. Algunos presos políticos son mantenidos en celdas con luz las 24 horas del día, mientras que otros viven en penumbra. Sin embargo, los reos no pueden relatar con tranquilidad a sus familiares lo que les sucede, porque las visitas siempre están vigiladas por policías. Incluso, denuncian, los oficiales toman fotos y videos de los encuentros sin consentimiento.
Veronica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora, detenido en El Chipote, en uno de sus intentos para llevar agua y comida a su marido a la cárcel.INTI OCON (AFP)
Los abogados de los presos políticos tampoco pueden ejercer una defensa efectiva. No solo porque no tienen apenas acceso a sus clientes, sino porque las causas de los supuestos delitos de los que les acusan —traición a la patria, lavado de dinero, ciberdelitos— responden a leyes hechas a medida por la Asamblea Nacional afín a Ortega para criminalizar a la oposición y no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial. “El objetivo es invisibilizar y mantener la indefensión”, aseguraron en un comunicado los familiares de los detenidos. “Continúan los interrogatorios en ausencia de los abogados y todas las peticiones presentadas son denegadas o no resueltas. No se ha respetado el debido proceso y sus tramitaciones han sido suspendidas de facto, alegando carga laboral, vacaciones o decisiones de fuerza mayor de los jueces”, agrega el comunicado.
Incluso, las primeras audiencias de juicio fueron celebradas en la misma prisión de El Chipote y los abogados defensores ni siquiera tenían expedientes de los casos. “Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en las que los mantienen y que están provocando daños irreversibles físicos como psicológicos”, insisten los parientes de los presos políticos. Algunos prefieren no denunciar públicamente para no perder las pocas concesiones que los centinelas admiten, como permitir el ingreso a la prisión de botellas de agua.
Dora Maria Tellez, en una fotografía de 2018.HECTOR RETAMAL (AFP)
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo que “no se le puede seguir llamando Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), sino centro de tortura” después de escuchar los relatos de los familiares de los secuestrados políticos. “Hay una exposición macabra dentro de El Chipote para que los presos colapsen y los que estamos afuera, los acompañantes y familiares, colapsemos”, enfatizó Núñez. Colapsos como el de Lesther Alemán, el líder estudiantil que, con apenas 20 años, encaró y pidió la “rendición” a Ortega en el diálogo nacional de 2018. El universitario no podía ni sostenerse en pie en una audiencia de juicio y, desorientado, decía: “Tengo hambre”. Actualmente, Alemán sufre desnutrición y cojea de un pie en El Chipote, mientras su captor celebrará “un nuevo mandato del pueblo presidente”, como ha llamado Rosario Murillo a nueva juramentación de Ortega de este lunes.
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