Daniel Ortega llegó más temprano de lo previsto a su acto de investidura, celebrado en la vieja Plaza de la Revolución Sandinista, en Managua. Lo acompañaba su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien con severidad llamaba la atención de las edecanes que les mostraban el camino hacia la tarima. En el descampado de concreto, cuidadosamente acomodados en sillas vestidas de blanco con un listón azul, los asistentes esperaban a la pareja presidencial que venía a sellar su perpetuación en el poder, luego de encarcelar a todos sus opositores antes de las elecciones de noviembre pasado. El aforo lo llenaban simpatizantes sandinistas, funcionarios del Estado, policías y militares. En el sector de los invitados internacionales sobresalían dos expresidentes salvadoreños prófugos de la justicia, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, activistas estadounidenses nostálgicos de la revolución sandinista y representantes de remotas naciones cuyos nombres no podía pronunciar el diputado oficialista Wilfredo Navarro, encargado de dar el recibimiento.
Ortega, más hiperactivo de lo habitual, saludaba a las delegaciones foráneas. Daba apretones de manos, se movía de un lado a otro de la tarima, ansioso, hasta que se bajó de imprevisto del podio para ir a recibir a uno de sus invitados especiales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien llegó impoluto en su guayabera almidonada. Le siguió el venezolano Nicolás Maduro, el tercer jefe de Estado en acompañar a Ortega a la investidura. El primero en llegar a la plaza había sido el hondureño Juan Orlando Hernández, mandatario saliente señalado por narcotráfico en una corte de Nueva York y que en los últimos meses se ha acercado a su par nicaragüense.
Esos fueron los tres únicos jefes de Estado que acompañaron a Ortega y su esposa en una toma de protesta marcada por un aislamiento internacional sin precedentes, incluso mayor al que sufrió Nicaragua en la década de los ochenta durante la Revolución Sandinista. 39 países, varios sistemas como la Unión Europea y 25 naciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) desconocen la legitimidad de las elecciones de noviembre pasado. Así, la pareja presidencial inauguró un nuevo periodo de ilegitimidad y aislamiento. Pese a que los anfitriones quisieron esforzarse por aparentar que el mundo los acompañaba en la toma de protesta, la lista de asistentes internacionales quedó así: dos presidentes autoritarios, uno con nexos con el narcotráfico, dos expresidentes prófugos y varios representantes de pequeños países. Las delegaciones que fueron enumeradas por el diputado Navarro no estuvieron compuestas por altos funcionarios, incluida la de México, cuyo Gobierno trastabilló en los últimos días sobre si mandaría a alguien o no.
A la par de Díaz-Canel, Maduro y Juan Orlando Hernández se situó la delegación de China, país al que Ortega reconoció hace un mes tras quebrar la relación con Taiwán. Pekín envió como cabeza de la comitiva a Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular Comunista. Previo al acto en la Plaza de la Revolución, Ortega y los chinos firmaron cuatro acuerdos, entre los que sobresale la cooperación en el marco de la franja económica de la Ruta de la Seda y la ruta marítima de la Seda del siglo XXI. La ruta de la Seda está concebida como una red china de infraestructuras repartida por los cinco continentes que puede costar hasta un billón de dólares.
En una ceremonia que reflejó su aislamiento internacional, Ortega recibió la banda presidencial de las manos del presidente de la Asamblea Nacional, el muy leal diputado Gustavo Porras. De inmediato, el mandatario tomó el micrófono y empezó una perorata que tuvo tres momentos determinantes. El primero, cuando se quejó de la ausencia de delegaciones de Estados Unidos y Europa. “El Gobierno yanki y los gobiernos europeos no mandan delegados, pero qué mayor orgullo tener aquí a representantes a hombres y mujeres dignas que luchan por la verdadera independencia en sus países”, dijo en referencia a los representantes de esos países que se movían al ritmo de las canciones de propaganda.
Luego, Ortega invocó el asalto al Capitolio en Washington, cometido por hordas trumpistas hace un año. Para justificar a los más de 160 presos políticos que tiene en Nicaragua, el presidente recién investido sostuvo que los procesados por la toma del Congreso estadounidense “son 700 presos políticos”. “¿Qué esperan para ponerlos en libertad? Ahí están duros contra ellos… Y, ¿cómo habrían reaccionado los yanquis si se les dieran actos de terrorismo como los que enfrentamos en el 2018?”, insistió, en referencia a las protestas ciudadanas en Nicaragua que policías y paramilitares bajo su dictado reprimieron con violencia.
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Al final del discurso, Ortega dijo que su meta “es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta antes de abril 2018. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante”, zanjó. La declaración comenzó a ser mal vista de inmediato, así como interpretada como una forma de Ortega de oficializar impunidad sobre el reclamo de justicia de las 355 víctimas fatales de abril de 2018. Una lápida de olvido.
La mañana de este lunes, previo a la cuestionada investidura de los Ortega-Murillo, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron conjuntamente a funcionarios y entidades del régimen claves en el engranaje represivo, como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entidad encargada de una granja de troles para generar desinformación, según reveló una investigación periodística en junio de 2021.
Estados Unidos puso la nota dura al sancionar a seis personas más, en especial a tres generales del Ejército de Nicaragua, una institución que siempre ha alegado que se mantiene al margen de la represión política, aunque muchas organizaciones de derechos humanos la acusan de complicidad e inacción ante el desarme de grupos paramilitares que operan al margen de la Constitución. Posteriormente, EE UU también anunció que cancelaba las visas a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios y funcionarios policiales, penitenciarios y militares.
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El 11 de enero de 2002, vestidos con monos color naranja y procedentes de un vuelo militar, llegaron a Guantánamo los primeros 20 detenidos de un nuevo centro de detención para sospechosos de terrorismo ideado por el Gobierno de Estados Unidos en plena conmoción por los atentados del 11-S. La ubicación, en una enorme base naval al sureste de Cuba, ofrecía un margen de maniobra extremo a sus custodios: las leyes y garantías estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no tenían acceso y, según advirtió el presidente George W. Bush al abrirlo, la Convención de Ginebra no cubría a sus reos. Estos eran, en palabras del Pentágono, “lo peor de lo peor” y el país estaba en guerra, así que todo valía.
Guantánamo se acabó convirtiendo en símbolo de abusos y torturas por parte del país que se precia de ser el faro de la democracia. Llegó a albergar a casi 680 presos. El propio Bush quiso cerrarlo; su sucesor, el demócrata Barack Obama, lo intentó durante años; Donald Trump frenó el proceso pero Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de hacerlo. Este martes, al cumplirse 20 años de la apertura, la prisión más infame sigue abierta con 39 presos, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno. Las dificultades para trasladar a los prisioneros, debido en buena medida a las restricciones impuestas por el Congreso, la han convertido en una mancha indeleble en la lucha de Estados Unidos contra el terror.
Policías militares trasladan a un detenido en la prisión de Guantánamo (Cuba), el 6 de febrero de 2002. LYNNE SLADKY (AP)
Diez de los 39 internos están imputados por cargos, entre ellos, cinco acusados de ayudar a planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de 3.000 personas. Pero aún no han sido juzgados y eso incluye a Jaled Sheij Mohammed, que se declaró cerebro de los atentados. Otros dos presos sí han sido sentenciados y están cumpliendo condena: Ali Hamza Sulayman al Bahlul, un ayudante de Bin Laden que afronta cadena perpetua, y Majid Khan, un pakistaní residente en Maryland que participó en varios planes de Al Qaeda y termina su tiempo entre rejas el próximo mes.
El resto no ha sido acusado a lo largo de estos 20 años pero siguen en Guantánamo con el argumento de que son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al Qaeda y pueden permanecer allí por tiempo indefinido. Un panel que revisa su situación ha recomendado el traslado de alrededor de una docena de ellos, pero eso no es sencillo. En todo su primer año de Administración, Joe Biden solo ha sido capaz de transferir a un reo, Abdul Latif Nasir, que fue recibido -y detenido nada más llegar- por Marruecos.
El procedimiento para poder llevar a cabo un traslado es complejo y sujeto a restricciones clave. Primero, es necesaria la recomendación del Consejo de Revisión Periódico, un panel que reúne a seis agencias de seguridad diferentes del Gobierno. Luego, el Departamento de Estado tiene que llegar a un acuerdo con un tercer país y este no puede ser ninguno que no asegure el respeto a sus derechos humanos o no pueda garantizar el control de ese detenido. Una vez logrado el acto, el jefe del Pentágono debe informar al Congreso. Todo este proceso se puede llegar a eternizar. O peor. En el caso de Abdul Latif Nasir, el único al que ha podido trasladar Biden hasta ahora, la aprobación para el plan llegó en 2016, pero el Gobierno de Trump decidió dejar el caso en un cajón.
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El Congreso también prohíbe el traslado de estos presos a Estados Unidos con el argumento de su peligrosidad y, además de todo eso, prohíbe el uso de fondos públicos tanto para su traslado a países extranjeros o a suelo estadounidense, como para cualquier ampliación o construcción en las actuales instalaciones. Biden ha pedido con poco éxito que el Capitolio revoque estos condicionantes. En una sesión en el Senado en diciembre, los republicanos dejaron claro que no piensan cambiar una coma de la actual ley.
El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, lo expresó con estas palabras: “No estamos luchando contra un crimen. Estamos luchando en una guerra. No quiero torturar a nadie. Quiero someterlo a un proceso coherente con el estado de guerra y, si es necesario, mantenerlos detenidos tanto tiempo como sea necesario para mantenernos a salvo o llegar a la conclusión de que ya no son una amenaza”. En mayo, ocho senadores republicanos habían enviado una carta a Biden en la que se oponían al intento de cerrar el complejo a base de traslados.
El ahogamiento fingido (waterboarding), la privación de sueño o la exposición a temperaturas extremas fueron algunas de las técnicas de tortura utilizadas por Estados Unidos en Guantánamo. Trascendió de muchos modos, con la publicación de los documentos clasificados por parte de WikiLeaks en 2011 y en boca de abogados de derechos humanos o relatos sórdidos como el de Mohamedou Ould Slahi, el mauritano que escribió sus memorias en 2005 y fue liberado en 2016. Sin embargo, el paquistaní Majid Khan se convirtió en el pasado octubre en el primer recluso de Guantánamo que relató públicamente ante un jurado militar en esa base los métodos de interrogación. “Mientras más cooperaba, más me torturaban”, dijo ante un jurado militar en la base.
Bush trató de cambiar el paso al poco de abrir la prisión. Primero, admitió que los talibanes y afganos detenidos sí quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares diseñado por la Casa Blanca violaba las leyes internacionales. El presidente republicano excarceló a unos 500 arrestados y Obama, a cerca de 200. Cuando el demócrata llegó al cargo en 2009, se propuso cerrarlo en el plazo de un año. Mantenerlo supone un coste de unos 13 millones de dólares por prisionero y año para el erario público. También, deja en activo una “mancha moral” para Estados Unidos, según señaló la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
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El gobernador electo del Estado Barinas, Sergio Garrido, habla a los medios de comunicación este lunes 10 de enero.Rayner Peña R. (EFE)
Con el triunfo electoral obtenido en los nuevos comicios convocados en el Estado Barinas, la oposición venezolana se anota un inesperado logro cargado de enormes simbolismos, que remoraliza sus filas y le permite arreglar parcialmente las resquebrajaduras internas producto de una desastrosa gestión.
El panorama de las fuerzas que compiten frente a Nicolás Maduro sigue siendo confuso y poblado de graves dilemas frente a un Gobierno que, con todos sus problemas, ocupa con comodidad el poder, mantiene aceitada la disciplina militante y está organizado en las regiones con el apoyo del estado revolucionario. Pero la holgura de la ventaja obtenida por el opositor Sergio Garrido sobre el excanciller Jorge Arreaza ofrece a la militancia democrática, al menos, motivos inspiradores para levantarse y elementos de juicio para transitar un nuevo comienzo.
La victoria opositora ha puesto fin a una larga dinastía en el mando regional de la familia del finado comandante –gobernada desde 1999 por Hugo de los Reyes Chávez, padre del expresidente; y luego por sus hermanos, Adán y Argenis-, y ha sido labrada con el concurso de la mayoría de los partidos que le hacen frente a Maduro. Con esta derrota, el chavismo pierde uno de sus feudos emblemáticos a pesar de haber movilizado masivamente a efectivos militares, ministros y dirigentes nacionales bajo el inocultable amparo del Palacio de Miraflores en Caracas. Por lo demás, la magnitud de la ventaja dificultó enormemente el desconocimiento del oficialismo frente a sus rivales.
“Del discurso del comandante Chávez, en el cual remachaba que volvería anciano a su natal Barinas luego de gobernar indefinidamente Venezuela, se alimentó esta aberración de feudalismo castrense, que se mezclaba con toda naturalidad en los anales patrios”, opina Elías Pino Iturrieta, prominente intelectual, autor e historiador. “De todo lo cual se desprende, grosso modo, la trascendencia de este triunfo apabullante en Barinas, una patada histórica a la antirrepública y el desenfreno del personalismo”, agrega.
El desenlace de estas elecciones produce, además, un importante despeje en el debate interno de los partidos opositores: cobra de nuevo fuerza la tesis de acordar una estrategia electoral conjunta para las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse en 2024, y debilita aún más la intención de doblar las resistencias de los factores del poder del chavismo a través de un quiebre político, como se ha sostenido entre los años 2017 y 2021.
“Estoy convencido de que esta es una auténtica segunda oportunidad para que la oposición recobre definitivamente el camino electoral frente a quienes detentan el poder de manera autoritaria en el país”, sostiene Nicmer Evans, politólogo, activista y director del portal informativo Punto de Corte. “La victoria de Rafael Garrido sobre Jorge Arreaza ha sido posible, en parte, gracias a las contradicciones internas del oficialismo dentro de Barinas, y porque se pudo concretar la mayor unidad posible de partidos democráticos, aunque esta no haya sido necesariamente absoluta. Sería un gran error que regrese el sectarismo, o que el G4 (como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) se quiera atribuir la tutoría de esta victoria.”
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Para Laure Nicotra, conocida periodista, comentarista y locutora radial de Barinas, el chavismo cometió un craso error táctico al empeñarse en desconocer los resultados de las elecciones del 21 de noviembre y forzar su repetición, porque con ello trocaron una derrota muy ajustada por otra con más de 14 puntos de diferencia. “Jorge Arreaza no es de Barinas ni vive aquí. La aplastante derrota chavista se explica por la forma como apartaron a Argenis Chávez y las divisiones internas. Fue muy evidente la desproporcionada inyección de dádivas y recursos. El ventajismo fue demasiado burdo, todo el poder central se vino para acá. Rafael Garrido no pudo hacer publicidad en los medios, ni siquiera pegar un afiche. Este Estado tiene demasiados problemas con los servicios públicos, que no se han resuelto y se han agravado. El descontento ha crecido mucho”, afirmó.
Todas las facciones de la oposición han querido acercar la victoria de Barinas hacia cada uno de sus postulados. Leopoldo López ha saludado la proeza en su cuenta de Twitter, afirmando que “ganó la democracia ante la dictadura”. “Fuimos unidos, organizados y movilizados con un objetivo común”, justificó. Henrique Capriles ha afirmado que la circunstancia “es una ratificación de la importancia de los liderazgos regionales para avanzar en el anhelado cambio que pide el país”. El moderado Henri Falcón, por su parte, ha destacado la validez del imperativo electoral, que ha defendido en todo momento, como único camino posible. “Nadie sobra, todos hacemos falta en la misión de recuperar a Venezuela.”
La victoria electoral opositora en Barinas ha logrado filtrarse incluso en el ánimo de las filas más radicales de la oposición política, parte de la cual está en el exilio, que tradicionalmente considera todos los comicios fraudulentos y siempre ha juzgado un imposible derrotar al chavismo ante tal desequilibrio en las condiciones electorales.
“Estos resultados no determinan necesariamente nada”, matiza Benigno Alarcón, analista político, abogado y académico de la Universidad Católica Andrés Bello. “Dependerá de lo que haga la oposición en adelante. Ante sí tiene una tarea que no es imposible, pero sí muy compleja. Cada sector tratará de hacer valer sus tesis con lo que acaba de suceder. Ahora mismo yo veo difícil la reunificación de la oposición. Las diferencias que tienen algunos sectores entre sí lucen irreconciliables”.
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Mabel Lara durante la entrevista esta semana, en Bogotá.Andrés Buitrago
Mabel Lara (Puerto Tejada, Cauca, 41 años) es un rostro muy conocido en los hogares colombianos. Bien sea con su pelo liso o con sus crespos –como se le dice en Colombia a los rizos–, con los que decidió presentar las noticias a partir de 2018, luego de 16 años ante las cámaras. Ha pasado por prensa, radio y televisión. Periodista con una maestría en Ciencia Política y otra en gobernanza en Georgetown que la llevó a mudarse hace año y medio a Washington, en plena campaña presidencial estadounidense, distintos partidos la habían cortejado desde hace años en busca del arrastre en las urnas de ese reconocimiento. Había rechazado todas las ofertas para incursionar en política hasta diciembre, cuando el Nuevo Liberalismo dio un golpe de efecto al anunciarla por sorpresa como la cabeza de su lista al Senado para las legislativas de marzo.
Un fallo de la Corte Constitucional revivió el año pasado al Nuevo Liberalismo, el partido del popular líder político Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 en plena campaña presidencial. Sus dirigentes, encabezados por los hijos de Galán, han apostado por tener candidatos propios al Congreso, a pesar de que forman parte de la Coalición Centro Esperanza de cara a las presidenciales. Mabel Lara es el apetecido primer renglón de lo que se conoce como una lista “cremallera”, que intercala mujeres y hombres, en la que la acompañan el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, la académica Sandra Borda y la líder social Yolanda Perea. También Carlos Fernando, el menor de los Galán. “Esto es de procesos, y procesos colectivos. No es un trampolín. Yo estoy dejando una carrera exitosa, reconocida y muy dura. Me costó mucho, con todo lo que soy, llegar allí”, afirma Lara. Está sentada en el camerino de un estudio en el occidente de Bogotá, en el descanso de las sesiones de fotos de campaña de los candidatos. Enfatiza que son un equipo, unido y diverso. “La idea es inspirar”.
Pregunta. ¿Por qué decidió cambiar el periodismo por la política?
Respuesta. Yo me había venido preparando porque sabía que este momento iba a aparecer en mi vida. Las limitaciones a veces del ejercicio periodístico, cuando tienes un sujeto político que todo el tiempo quiere confrontar, quiere hacer, te hacen sentir mal. Yo ejercí en un noticiero que creo que es el más arriesgado en Colombia, y pese a las denuncias uno se daba cuenta de que no pasaba mucho. Eso te empieza a generar una frustración constante. Como me hacían tantas propuestas de meterme a la política, y durante más de una década dije que no, pensé que si esto iba a pasar, me iba a preparar. Y acudí a la academia. Después de mi año electoral en Washington me dije: ¿por qué no? ¿Por qué no apostarle? Esta propuesta me convenció.
P. ¿Qué representan las ideas del Nuevo Liberalismo y de Luis Carlos Galán, asesinado hace ya más de 30 años, para una mujer afrocolombiana de 41 años?
R. Acaba de resumirlo. Soy una mujer, negra, joven, de un pueblo, con una historia de éxito, entre comillas, pero que es la excepción y no la regla. Creo que en Luis Carlos Galán, en su legado, he encontrado el refugio perfecto para dejar salir mi mirada liberal de la vida. Filosófica y política. No lo sabe el país, pero Luis Carlos Galán estuvo en mi pueblo, en Puerto Tejada, antes de la concentración donde fue asesinado. Allí estuvo con los negros del norte del Cauca a los que yo represento. Y tiene todo que ver porque habla de la justicia social. El pueblo negro, las mujeres, sabemos lo que significan los conceptos de libertad, y eso está albergado en el Nuevo Liberalismo.
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P. Usted ha contado que la primera propuesta para lanzarse a la política se la hizo el expresidente Álvaro Uribe en 2012. ¿Por qué rechazó entonces esa invitación?
R. Por tres puntos fundamentales. Primero, estaba embarazada, y he balanceado muy bien lo que significa para mí la vida privada. Segundo, porque no representa mi mirada filosófica y política de la vida. Tercero, yo he sido también una defensora del proceso de paz, y no podía pertenecer a una bancada que no defendiera esos principios.
P. ¿Cómo califica al Gobierno de Iván Duque?
R. Es un Gobierno mediocre. Le ha faltado empatía. Es un Gobierno también presumido, le ha faltado sensibilidad, no lee el país ni entiende los momentos. Siento que está en una burbuja. Y estamos pagando ese precio de elegir un hombre tan joven, inexperto. Le ha faltado mayor decisión y contundencia en momentos en que necesitábamos un líder que nos arropara, y no que nos separara.
P. Hasta ahora ha estado volcada a los territorios, ¿su estrategia es conquistar el voto del Pacífico colombiano? ¿Cómo aterrizar su reconocimiento en votos?
R. Quienes no hemos ejercido la política electoral no sabemos cómo hacerlo, porque soy una candidata de opinión. Pero estoy haciendo lo que toca, y es entender que Twitter no elige en este país, y que quienes estamos en Twitter estamos en una burbuja de desinformación –a veces de información– en donde todo el tiempo hablamos entre pares, y entre contrarios para odiarnos y echarnos la madre [insultarnos]. Este país no es el de Twitter ni Facebook, no es el bonito que he presentado yo por mucho tiempo y está en Instagram. Hay que recorrerlo. Esta lista representa la periferia, empezando por su cabeza de lista. El norte del Cauca, el sur del Valle, el litoral Pacífico tienen que verse representados en estas elecciones. La gente está hastiada, mamada. Somos un país bogocentrista, hipercentralista. Yo tengo la convicción de que es con el litoral Pacífico. Tengo una proximidad con los territorios, he andado este país, conozco qué pasó en Buenaventura con los descuartizamientos, con las bandas criminales en Tumaco, conozco muy bien los barrios como el Pozón o Tierrabomba [en Cartagena de Indias]. La idea es también inspirar, y decirle a los negros, a la gente, a las mujeres: es con ustedes, tienen que salir a votar.
P. La sociedad colombiana no ha podido detener el asesinato de líderes sociales. El departamento en el que usted nació, el Cauca, es uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado es incapaz de llegar a estas regiones?
R. Primero, por falta de decisión política. Por una apatía y también, siento yo, por racismo. Ver esos otros con desdén y no interesarse en el futuro de quienes nacen allá.
P. ¿Colombia sigue siendo un país racista?
R. Hiperracista. Somos mojigatos, y a la gente no le gusta que uno hable de estas cosas porque se siente atacada. El racismo se acaba viajando por el mundo, ¿y cómo viaja nuestra gente si no tiene para comer? Entonces, hay unos asuntos que hay que resolver primero para ir construyendo en el camino.
P. ¿Cuál es el principal problema de Colombia?
R. La desigualdad. Y después, el importaculismo [apatía, indiferencia, desinterés].
P. La lista del Nuevo Liberalismo, que también incluye a la líder social Yolanda Perea, contrasta por ejemplo con la polémica por los compromisos de representación étnica que se incumplieron en el Pacto Histórico, la coalición que encabeza Gustavo Petro, como ha reclamado Francia Márquez. ¿A qué atribuye su apetecido primer lugar en la lista?
R. Soy una mujer que representa las regiones, una mujer negra que representa los grupos étnicos y también arropa los principios liberales del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Es una apuesta difícil en un país politiquero. ¿Por qué me convencieron de dejar mis privilegios de ser una periodista con reconocimiento y meterme en esto? Porque siento que no es discurso, que aquí se la están jugando realmente por la periferia, por las regiones, por las mujeres. Es una lista de mayoría femenina, muy diversa. Sobre el Pacto Histórico, no quiero compararme frente a otros, siempre he dicho que no somos ni mejores ni peores, somos unos trabajadores. En esta contienda electoral se ha visto el machismo, todas las mujeres han sido maltratadas, las líderes más berracas [valientes], de izquierda y de derecha. ¿Entonces la política es de machos y nosotras no tenemos posibilidad de aspirar? Yo siento, sin embargo, que es el tiempo de nosotras.
P. ¿Qué opina de que no haya mujeres entre los precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza, a la que pertenece el Nuevo Liberalismo?
R. Que es terrible. Les he dicho a ellos que no pueden seguir saliendo todos muy blancos a contarnos al resto del país mestizo y a las mujeres cómo se hace el país. Y este es un debate que he tenido con Juan Manuel Galán, nuestro candidato del Nuevo Liberalismo, y con otros. O nos meten en este proceso o esto fracasa. Es con las regiones y con la diversidad étnica, o no es.
P. Ya estaba escribiendo un libro cuando decidió lanzarse al Senado, ¿de qué va a tratar?
R. Sobre los procesos de resistencia de los negros y de las mujeres del norte del Cauca, con un componente que para mí ha sido clave: la decisión política de dejarme mi pelo al aire, crespo y negro en toda su dimensión. Ese es el conector. Es contarle a este país tradicional, a esta América Latina que no nos permite a veces reconocernos entre nosotros, que lo mío es una batalla privada que se convirtió en un triunfo público, en un acto político.
P. Usted provocó una pequeña revolución cuando presentó noticias con su pelo natural en 2018, y también es recordada una conversación suya en el Hay Festival del año siguiente con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. ¿Por qué ha sido tan importante reivindicar los crespos, los turbantes y las trenzas para las mujeres negras?
R. Porque tiene todo que ver con nuestra historia y porque durante mucho tiempo nos dijeron que no pertenecíamos, que no éramos bien vistas. Incluso en esta ciudadanía activa, que hoy defendemos con dientes y uñas, es el florecimiento de lo que hemos venido batallando en nuestras vidas privadas. La mujer negra en este país, por ejemplo, es la más afectada de las afectadas dentro de la pandemia, lo dice la cifra de hogares del DANE [Departamento Administrativo Nacional de Estadística]. Y en toda la dimensión que significa lo estético y también la belleza para las mujeres hay que dar estas batallas. Para mí ha sido tan importante porque siento que es parte del propósito de mi vida. Una y otra vez aparecen situaciones en las que tengo que reivindicar quién soy, en los escenarios de poder en que he estado. Porque no soy solo yo, somos muchos.
P. ¿Qué piensa ahora cuando ve sus imágenes con el pelo liso?
R. Que esa era otra Mabel Lara. Otra versión de mí. Me siento muy poderosa ahora, con mis caderas grandes, con la identificación plena de mi negritud, con mi pelo desordenado, desparpajado. Es una versión que ayudó a crecer a esta que está acá. La amo, la abrazo, pero me gusta más esta, me parece más chévere. Nos llevamos mejor con esta versión.
Mabel Lara durante la conversación con EL PAÍS. Andrés Buitrago
P. ¿Qué quiere decir la “rejuntancia” de la que habla Yolanda Perea?
R. Cuenta ella que muchas veces la critican y le dicen que esa palabra no está reconocida por la academia. Entonces, nos ha ayudado a entender que cuando el abuelo de ella la llamaba en su población a sentarse, a conversar, a arrejuntarse, era para abordar los asuntos de la familia y de vivir en sociedad, en sus pueblos. Yo quiero hablar de Yolanda Perea como un símbolo de dignidad. Es una lideresa víctima de la violencia sexual que todo el tiempo nos llama a reconocer ese otro país, del que yo vengo, y que uno a veces puede olvidar. Hay unas poblaciones que necesitan mucho más trabajo que otras. Yolanda me representa, ojalá represente a los colombianos, y sobre todo a las víctimas. Rejuntancia es arrejuntémonos, encontrémonos, abracémonos, reconozcámonos en el otro.
P. Usted vivió el último año y medio en Estados Unidos, una sociedad sacudida por la toma del capitolio y el movimiento Black Lives Matter, entre otras.
R. Esto es resultado de eso. De ver frente a la Casa Blanca miles de personas –no negras, no afroamericanas, mucha gente blanca– pidiendo derechos para las vidas negras. De reconocer que las sociedades conscientes de su momento en la historia tienen que arropar causas y luchas. Por eso Washington es tan poderosa para mí, porque es la ciudad de la democracia, de las libertades. Me tocó vivir la toma del Capitolio, la campaña de Joe Biden y una mujer como Kamala Harris, los debates, la elección presidencial. Es una experiencia periodística y personal que me marcó.
P. ¿Alguna lección para la sociedad colombiana?
R. Que no está bien el discurso de odio, que hay que rechazarlo de tajo. Que somos un país tremendamente desigual, que tenemos que reconocerlo pero hay que ponernos a trabajar. Tenemos que buscar el espíritu de nación. Retomar un poco la mirada de lo que significa una mujer como Kamala Harris, con ese sueño para ellos allá de ayudar a construir desde la diversidad, la primera mujer que llega a ese cargo. A mí la frase de “las representaciones importan” me ha calado en el alma. Es una de mis banderas. Y creo que la semilla de mi experiencia en Washington llevó a que decidiera meterme en política.
P. ¿Admira a alguna política en América Latina?
R. A Epsy Campbell, la vicepresidenta de Costa Rica, el país más equitativo que tiene en este momento la región. “Yo no soy política, soy una activista que se mete en política”, me dijo cuando la entrevisté en Legado, mi podcast de Spotify. Viene de abajo, conoce los liderazgos locales, el trabajo con comunidades. Epsy Campbell me inspira.
P. ¿Cómo calificaría el momento que atraviesa Colombia?
R. Como una oportunidad, es un parteaguas. Para los temerosos, es el momento de irse del país; y para los valientes es el momento de quedarnos a trabajar, de asumir nuestra responsabilidad, de construir país. Después del proceso de paz esto se aplazó un tiempo, pero es el momento de la transformación. Estamos en estas elecciones decidiendo lo que va a pasar en la próxima década.
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Victoria Cárdenas, este lunes en un hotel de Madrid.KIKE PARA
Mientras que, en Managua, capital de Nicaragua, Daniel Ortega se preparaba este lunes para jurar un cuarto mandato consecutivo como presidente, en Madrid, Victoria Cárdenas, esposa de uno de los 170 presos políticos en Nicaragua en la actualidad —según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, alzaba la voz ante la comunidad internacional para lograr la libertad de su marido. Juan Sebastián Chamorro fue encarcelado hace siete meses durante su participación como precandidato en las elecciones presidenciales. Desde entonces, su esposa y su hija han tenido que vivir en el exilio en EE UU, no pueden visitarlo y apenas reciben noticias de él. “Mi familia solo lo ha podido verlo cuatro veces. Como él, estoy acusada de traidora a la patria y si vuelvo a Nicaragua correría el mismo riesgo y caería presa”, cuenta Cárdenas a EL PAÍS.
Con la voz desencajada, la mujer recuerda las condiciones en las que fue retenido su esposo en la madrugada del 8 de junio de 2021. “Ocho patrullas y más de 40 policías armados llegaron a medianoche a mi casa y se lo llevaron. Allanaron mi vivienda por más de cuatro horas y desde ese momento no he podido volver a verle”. Le atormentan su estado de salud y las condiciones de su reclusión en la cárcel de Chipote, en la que se han registrado sistemáticos actos de tortura en contra de los prisioneros, de acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU presentado en septiembre pasado. “Él ha perdido tanto peso, que me ha dicho mi cuñado que si entra por la puerta no lo reconocería”. Aunque Chamorro solo ha podido reunirse con su abogado en una ocasión, su proceso está suspendido y su detención es indefinida, su esposa cree en su resiliencia. “Está resistiendo con la moral y el espíritu fuertes porque sabe que es inocente, pero está en condiciones muy frágiles”.
La mujer ha volcado su vida en la causa de su esposo y los presos del Gobierno de Ortega. “En mi futuro solo está liberar a mi marido. Esa es mi cruzada”. Desde un hotel en la Gran Vía, se prepara para un día más de reuniones con diplomáticos, entrevistas y conferencias en las que expone su situación y aboga por la cooperación internacional ante la represión en su país. El Gobierno de Nicaragua ha cerrado cerca de 20 medios de comunicación en la última década, según un informe presentado el año pasado por la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
A pesar de que Cárdenas llegó a España este domingo, ya se ha reunido con el ministro de relaciones Exteriores, José Manuel Albares, y varios representantes de diferentes ONG en busca de apoyo. “El mensaje del ministro es que España está comprometida con la democracia y la ayuda al pueblo nicaragüense”, cuenta. En su agenda semanal no queda mucho tiempo para el descanso. Cárdenas se ha acostumbrado a hablar con elocuencia y concreción, aunque la caracterice un suave tono de voz. Este lunes por la tarde expuso también su caso a los medios locales y algunos representantes de organizaciones civiles en la Casa de América. Además, estará en Bruselas y Ginebra esta semana para hablar con altos cargos europeos. Antes de la tragedia de su familia se consideraba una mujer discreta y alejada de los asuntos políticos. Sin embargo, el drama que la acompaña la ha obligado a exponerse públicamente. “Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para ejercer presión sobre el régimen de Ortega”, destaca sin pausas.
Cárdenas no está sola. Su caso la ha unido a Berta Valle, esposa del opositor preso Félix Madariaga, quien también era candidato de la oposición. “Fue muy fácil encontrar apoyo la una en la otra en medio del sufrimiento, ante las injusticias con nuestros esposos.” Las dos mujeres llevan meses en una campaña común y casi siempre están juntas, aunque Valle no ha podido acompañarla en esta última gira de reuniones por problemas de salud. Sus maridos fueron detenidos con apenas unas horas de diferencia. Ambos están acusados de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, de acuerdo con una nota la Policía de Nicaragua, que desde mayo de 2021 ha arrestado a más de 40 opositores y activistas. Pese a la encarcelación de Chamorro y Madariaga y de otros cinco candidatos en las elecciones del país, los comicios se celebraron el pasado 7 de noviembre, dejando como ganador a Daniel Ortega, con apenas el 18,5% de participación ciudadana, según la organización Urnas Abiertas. “Yo no llamaría el día de hoy [por ayer] una toma de posesión, ya que no fue una elección, sino una farsa electoral”, denuncia Cárdenas, quien ha pasado hasta tres meses sin noticias de su marido.
“Todo nicaragüense que está en la oposición o tiene un familiar en ella es amenazado y silenciado”. Ante el afán de que su hija vuelva a reunirse con su padre, la mujer se antepone al miedo de las represalias en Nicaragua. Ha pasado de rehuir el lente público, a convertirse en una cara conocida por la lucha de los presos del régimen de Ortega, que completó 13 años seguidos en el poder en octubre del año pasado. “Yo no he escogido una carrera política, pero sí soy esposa y madre y tengo que defender lo que es correcto”, afirma convencida, pero con ojos cansados. No tiene fecha de regreso a casa, pero anhela volver a un país distinto y seguir trabajando por los derechos humanos luego de la liberación de su esposo. “Soy optimista. Tengo esperanza de que los presos políticos van a salir más temprano que tarde”. Para no recurrir al llanto, concluye con una frase para darse aliento. “Mi esposo está detenido por querer una Nicaragua con dignidad, justicia y libertad. Yo aún espero que lo logremos”.
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Una bala perdida impacto el panorámico, si hubiese estado subido en su carro, lo habría herido o dejado sin vida en el mismo asiento del conductor porque en esa dirección ingresó el proyectil.
Noticias Barranquilla.
A un local del centro comercial Plaza del Parque, norte de Barranquilla, llegaron dos sujetos en moto a cometer un sicariato contra un hombre que había llegado con su familia a cenar, uno de los hombres ingresó por una ventana y disparó, pero el escolta respondió y se armó una balacera.
Tanto la víctima del atentado salió ileso, y el agresor capturado y herido por la balacera, «no son de Barranquilla», informó la Policía.
vendrían de La Guajira.
En medio del caos, la gente corrió a esconderse y protegerse; había desde adultos mayores hasta niños. Estaba lleno el lugar.
Una vez pasado el susto, una familia descubrió que por poco, terminan el puente de Reyes con una tragedia, a su carro lo había impactado una bala.
El lugar donde ocurrió la balacera, estaba lleno y en cuestión de minutos salió toda la gente.
No tenían que ver con el atentado ni la balecera, pero un proyectil impactó en el panorámico del vehículo estacionado afuera del restaurante.
La bala atravesó el panorámico de un carro estacionado.
Hacia minutos habían llegado en el vehículo, se bajaron e ingresaron, cuando ocurrió la balacera.
Quien iba conduciendo, se salvó porque la bala le habría impactado directamente.
De la zona de parqueo pudieron mover los demás vehículos de otros comensales y visitantes del Plaza del Parque, pero el carro particular color negro impactado con la bala perdida no.
Muchos padres aún se niegan a enviarlos a estudiar en los colegios, otros si ven necesario reactivarlos.
Aunque la Alcaldía le solicitó al Ministerio de Educación que aplazaran la presencialidad por lo menos dos semanas más en el caso de colegios privados, la respuesta fue que no y deben retornar esta semana.
Noticias Cali.
Este 11 de enero los más de 10 mil estudiantes de los colegios privados en Cali deberán retornar a las aulas, tras la decisión del Ministerio de Educación de no aplazar la presencialidad.
Para poder hacer el retorno a las aulas, desde las instituciones se debe cumplir con trámites de petición para que se evalúe si puede o no, cumplir con los protocolos. Fotos: @AlcaldiaDeCali
Ante el pico de contagios de Covid-19, en gran parte por la cepa variante Ómicron, la Alcaldía Distrital había solicitó al Ministerio de Educación que por lo menos dos semana más se mantuvieran las clases virtuales.
El Gobierno nacional ha indicado que los calendarios ya deben retomarse con normalidad, que deben cumplirse las jornadas de vacunación y las medidas de bioseguridad.
La orden es que los estudiantes vuelvan a sus colegios, escuelas y demás centros de enseñanza.
Mientras que en el caso de las instituciones oficiales, con una matrícula de más de 150 mil estudiantes, el regreso será el 17 de enero.
Se había planteado que entre el 24 y el 30 de enero del presente año se adelantara la primera semana de desarrollo institucional, sin embargo, será desde antes tras la decisión del MinEducación.
✏️ 5 semanas de desarrollo institucional ✏️ 40 semanas de actividades académicas ✏️ 12 semanas de receso estudiantil ✏️ 7 semanas de receso para docentes#TeQueremosCali 💙❤️💚 pic.twitter.com/Wnqjizu3k8
— Secretaría de Educación de Cali (@Educacion_Cali) January 4, 2022
