Mostrando entradas con la etiqueta Reino. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Reino. Mostrar todas las entradas



Era un secreto a voces desde hace días, pero la Casa Blanca ha terminado de dar el paso este martes. Semana y media después dejar la energía fuera de su paquete inicial de sanciones a Moscú, Estados Unidos dejará de importar petróleo y gas ruso como represalia por la invasión de Ucrania. Y no será el único: horas después, el Reino Unido se sumaba a la moción —aunque de manera más gradual—, añadiendo un grado adicional de presión sobre la economía rusa, muy dependiente de las exportaciones de combustibles fósiles. Estas son las principales claves y repercusiones de la medida:

¿Cuánto petróleo importan EE UU y el Reino Unido de Rusia?

Su peso en la matriz energética estadounidense es mínima: menos del 8% del crudo que la primera potencia mundial compra en el exterior llega desde el país euroasiático, una cifra muy similar —aunque ligeramente superior— en el caso británico. Aunque a corto plazo puede haber tensiones puntuales, en un mercado tan activo y global como el petrolero, no será difícil reemplazar esa producción con oferta de terceros países. Eso sí, a precios muy altos.

¿Cómo se puede reemplazar la oferta rusa?

Dado el escasísimo peso del crudo ruso sobre el total consumido en EE UU y el Reino Unido, no le será difícil encontrarle reemplazo. Si otros países toman la misma determinación, en cambio, sí sería mucho más complicado encontrar alternativas de suministro.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Hay, sin embargo, varios factores que aliviarán la situación. El primero y más importante, la potencia de bombeo de la poderosa industria fracking estadounidense, que le ha aupado a la cima petrolera mundial y que el año que viene disparará su producción hasta un nuevo máximo histórico de 13 millones de barriles diarios, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). El segundo es el regreso de Irán al mercado, que culminará cuando selle su nuevo acuerdo nuclear y que ayudará a paliar las consecuencias con una inyección de un millón de barriles diarios. Es casi la séptima parte de lo que produce Rusia.

El tercero y más imprevisto es Venezuela: consciente de que —aunque venido a menos como productor y con unas infraestructuras obsoletas— el país latinoamericano cuenta con los mayores yacimientos probados de crudo bajo el subsuelo, el Gobierno estadounidense envió el fin de semana pasado a una delegación de alto nivel a Caracas para tratar asuntos de “seguridad energética”. En plata: levantar sanciones para asegurarse una dosis adicional de oferta con la que nadie contaba.

En esa estrategia de sustitución del petróleo ruso se enmarca también el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, dependiente de la OCDE) de que sus Estados miembros —entre ellos, los propios EE UU— seguirán liberando reservas estratégicas en los próximos días. El objetivo: relajar la presión sobre los precios y disminuir la volatilidad del mercado.

¿Seguirá la UE sus pasos?

Es una pregunta imposible de responder en este momento, dada la variedad de sensibilidades entre los principales Estados miembros. Por un lado, Alemania —uno de los países más dependientes de Rusia— se niega en redondo a renunciar a los combustibles rusos aludiendo a la importancia capital para el suministro de su industria y sus hogares. Por otro, Francia y Países Bajos —que no importan tanto del gigante euroasiático— se abren a cualquier posibilidad y no descartan ningún escenario. Italia y España, por su parte, siguen sin expresar un punto de vista nítido.

Que el Reino Unido haya seguido, en tiempo récord, la estela estadounidense, mete más presión al bloque. Lo único claro, eso sí, es que la decisión será común y no individual. En cualquier caso, lo lógico sería pensar que, de dar el paso, la medida se limite al crudo y no alcance al gas, mucho más difícil —y costoso— de sustituir a muy corto plazo.

¿Por qué Europa no lo tiene tan fácil?

De nuevo, por una cuestión de dependencia: Rusia es un proveedor menor para EE UU y el Reino Unido, pero para la UE es mucho más significativo. Más de la cuarta parte de las importaciones petroleras del bloque comunitario procede de ese país. Además, prohibirlas sin tomar una determinación similar con el gas tendría una lectura extraña. Y dar el paso con el gas no es ni mucho menos tan sencillo: las implicaciones económicas de esa medida serían enormes. Con todo, son cada vez más las petroleras europeas que han optado por no comprar ni un barril más de crudo hasta nueva orden. La última en hacerlo ha sido la mayor de la eurozona por activos, la francesa Total.

¿Qué consecuencias tendrá para Rusia?

Si el veto se queda en EE UU y el Reino Unido, serán modestas. Sin embargo, si la UE, que le compra el 60% de su producción de crudo y una cantidad aún mayor de gas, opta por cortar amarras con su vecino del Este, el impacto sí sería enorme. A los precios actuales, la venta de combustibles fósiles a los socios europeos reporta más de 1.000 millones de euros diarios a Rusia, según los datos de Simone Tagliapietra, investigador del centro de estudios Bruegel. Ese dinero es esencial para el mantenimiento de su campaña militar en Ucrania, en un momento en el que alrededor de la mitad de las reservas de su banco central están bloqueadas por Occidente, y su evaporación exacerbaría su débil posición financiera.

Incluso si la UE acabase dando el paso, Moscú cuenta con una baza adicional: China, un coloso económico que necesita ingentes cantidades de crudo en su día a día, no ha dado ninguna indicación de que vaya a renunciar a su crudo. Hoy le compra aproximadamente la quinta parte de lo que vende al extranjero, pero caben pocas dudas de que Pekín vaya a aprovechar la oportunidad para hacerse con una mayor cantidad de energía a precio de ganga. Esa ocasión se extiende, según ha adelantado Bloomberg, a una posible toma de posiciones en el accionariado de grandes energéticas o firmas rusas del sector de materias primas. Una inversión de saldo, pero cargada de riesgo: nadie sabe cómo saldrá Rusia de la saga ucrania.

¿Por qué sube el petróleo?

Fundamentalmente, porque implica un estrechamiento del mercado: menos oferta siempre es sinónimo de precios más altos. Rusia es una de las mayores potencias petroleras del mundo: es el segundo exportador de crudo del planeta, tras Arabia Saudí. Y el mayor si se suman también sus derivados, cubriendo por sí sola cerca del 7% de la demanda global. Este martes, tras el anuncio de la medida, el barril de crudo brent, el de referencia en Europa, subía con fuerza hasta superar los 125 dólares por barril, su nivel más alto en 14 años.

Esa subida no solo tendrá consecuencias sobre el EE UU y el Reino Unido, sino sobre todo el mundo: petróleo más caro significa también gasolina y diésel más caros en las estaciones de servicio españolas y del resto del mundo, y menor renta disponible de los hogares para consumir otros productos y servicios.

¿Hasta dónde pueden llegar los precios?

Depende, en gran medida, de cuánto se prolongue la situación y de cuántos países acaben secundando la medida estadounidense. Si el veto de Washington se extiende hasta finales de año, el banco de inversión JP Morgan cree que el brent puede dispararse hasta los 185 dólares, lo que supondría subir un 40% respecto a los niveles actuales y pulverizar cualquier registro previo. En ese escenario, la entidad suiza UBS pone el listón un poco más abajo: en 150 dólares.

De sumarse la Unión Europea a la medida, la escalada sería exponencial: algo más de la mitad de la producción rusa desaparecería del mercado mundial, y la consultora noruega Rystad Energy anticipa que el crudo podría alcanzar los 200 dólares. Las consecuencias sobre la inflación, ya disparada, serían desastrosas.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



La Oficina Meteorológica del Reino Unido registró a primera hora de este viernes en la isla de Wight, al sur del país, un viento racheado de casi 200 kilómetros por hora (196,3, exactamente). El récord histórico de Inglaterra. La tormenta Eunice ha paralizado gran parte del territorio británico, con rachas que superaban fácilmente los 160 kilómetros por hora. Carreteras cortadas, cientos de vuelos y de trayectos de tren cancelados, decenas de miles de hogares sin electricidad y las calles desiertas. Los meteorólogos ya han calificado a Eunice como la tormenta más poderosa y dañina que ha sufrido el Reino Unido en las últimas tres décadas.

El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que no salgan durante todo el día de sus hogares, para evitar accidentes. Como los que podría haber provocado el continuo desprendimiento de los paneles de plástico del tejado del estadio O2 Arena, en el meandro de Greenwich. Uno de los lugares emblemáticos del sureste de Londres.

Ben Hubbard, el huésped de un hotel adyacente al estadio, ha colgado en la red social Twitter un vídeo que mostraba la dimensión del destrozo del tejado del estadio. “No estoy seguro de que pueda hacerse ya algo. Son destrozos muy graves”, comenta.

A medida que Eunice se iba adentrando en el país, procedente del oeste, se han acumulado los cortes de electricidad. A primera hora de la tarde seguían sin suministro cerca de 85.000 personas, sobre todo en las zonas de Cornualles, Somerset y el sur de Gales. El servicio meteorológico británico ha llegado a emitir dos alertas rojas, localizadas sobre todo en el sureste del país (Londres incluida) por el peligro de las rachas de viento. Para el resto de Inglaterra, la alerta se rebaja a ámbar.

“Por favor, quédense en casa y no asuman riesgos. No viajen a no ser que sea absolutamente imprescindible”, ha pedido el alcalde Sadiq Khan a los habitantes de la capital. La mayoría de las estructuras del país que funcionan como atracciones turísticas han cerrado sus puertas, como el London Eye (la noria gigante a orillas del Támesis) o el Castillo de Warwick. Las estaciones de Euston y de Waterloo han cancelado todos los trenes que partían desde Londres hacia el resto del país.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

A su paso por Irlanda, Eunice ha dejado sin electricidad más de 55.000 hogares, granjas y comercios. Las ciudades de Cork, Kerry y el sur de la isla han sufrido la caída de árboles, carreteras cortadas, nieve y caos generalizado. Un hombre ha fallecido en el condado de Wexford al ser golpeado por un árbol arrancado por el viento.

El aeropuerto de London City, en el este de la capital, ha anulado todos sus vuelos durante parte de la jornada del viernes. El de Heathrow ha cancelado decenas de despegues y aterrizajes, y los aparatos que han conseguido tomar tierra han sufrido vaivenes muy visibles.

El Gobierno de Boris Johnson tiene previsto realizar una reunión del gabinete de crisis (gabinete COBRA, por las iniciales de la sala donde tiene lugar) para analizar los destrozos provocados por Eunice y la respuesta que será necesario desplegar. Más de 800 soldados permanecen en alerta para atender a las necesidades más urgentes.

En Escocia, donde Eunice ha dejado a su paso una gran cantidad de nieve, más de 150 colegios han permanecido cerrados.

El puerto de Dover, por donde llegan la mayor parte de los ferris con pasajeros y vehículos de mercancías procedentes del continente europeo, ha anunciado también el cierre temporal de todas sus actividades a lo largo del viernes. La travesía del mar de Irlanda que comunica Dublín con Gales o Belfast con Escocia también ha sido cancelada.

Las redes sociales se han visto inundadas, desde que la tormenta ha comenzado a causar estragos, por vídeos de usuarios que documentaban roturas de vallas y tejados, accidentes de tráfico, o incluso la aparatosa caída del chapitel de la torre de la iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Wells.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


La ministra británica del Interior, Priti Patel, el pasado 6 de octubre en Mánchester.
La ministra británica del Interior, Priti Patel, el pasado 6 de octubre en Mánchester.OLI SCARFF (AFP)

La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha anunciado este jueves la cancelación inmediata del programa de Visados para Inversores Nivel 1, conocidos en la práctica como los visados de oro, que facilitaban la residencia y nacionalidad británica (en pocos años, en el caso de esta última) de aquellos multimillonarios que invirtieran dos millones de libras (unos 2,4 millones de euros, al cambio actual) en bonos del Estado o acciones de empresas cotizadas en la Bolsa de Londres. La medida, implantada por el Gobierno laborista en 2008 para hacer frente a la crisis financiera, acabó siendo un coladero de dinero procedente de la mafia rusa.

El tono cada vez más elevado del primer ministro británico, Boris Johnson, contra el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, y su constante advertencia de duras sanciones económicas si el Kremlin se decide a invadir Ucrania chocaban con la cruda constatación de que Londres lleva años siendo territorio libre para muchos oligarcas. No solo eso, sino que informes elaborados por la propia Cámara de los Comunes han denunciado el modo en que el capital ruso se ha infiltrado en la política y las empresas del Reino Unido. Downing Street ha impulsado desde el inicio de la crisis en Ucrania una serie de medidas y anuncios para convencer a su principal aliado, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, de que se toma en serio la lucha contra el blanqueamiento de capital de origen dudoso o directamente criminal.

“Tengo tolerancia cero para los abusos de nuestro sistema de inmigración. Bajo mi nuevo plan, quiero asegurar que los ciudadanos británicos tengan plena confianza en el sistema, y eso incluye evitar que élites corruptas amenacen nuestra seguridad nacional y muevan dinero sucio por nuestras ciudades”, ha dicho Patel. Hasta marzo de 2020, el Gobierno británico había concedido visados de este tipo a 2.581 ciudadanos rusos. El anterior Gobierno conservador de Theresa May ya se comprometió a revisar al menos 600 de esos visados, ante la creciente sospecha de abusos del sistema. La Comisión de Seguridad e Inteligencia del Parlamento británico, en un demoledor informe de 2020 sobre la penetración rusa en los ámbitos de poder político y económico del Reino Unido, reclamó un “planteamiento más firme” a la hora de conceder estos visados. Desde 2015 se exige tener cuenta bancaria en el Reino Unido a los solicitantes de visado, y se realiza un chequeo de su historial económico, pero en el llamado “periodo ciego” —entre 2008 y 2015— el Gobierno se limitaba a que realizaran sus propios controles las empresas que recibían la inversión. Las empresas, a su vez, consideraban un sello de legitimidad el visado concedido. Los unos por los otros, se hizo la vista gorda a la llegada de ingentes cantidades de dinero dudoso. “Durante años, los conservadores han sido incapaces de erradicar la influencia del dinero ruso en el Reino Unido”, ha denunciado la portavoz laborista de Interior, Yvette Cooper, que ha exigido que se publique de una vez el informe prometido por el Gobierno sobre los errores cometidos por el sistema de Visados para Inversores Nivel 1. “Ha sido necesaria una condena internacional de nuestros fracasos para que la ministra del Interior se decida a actuar”, ha dicho Cooper.

El Gobierno de Johnson aprobó de urgencia la semana pasada legislación adicional que permite sanciones económicas personales contra el entorno de Putin y el Kremlin. La ley vigente hasta el momento exigía un vínculo directo de empresas o personas con la desestabilización de Ucrania para poder ser sancionadas. Downing Street ha iniciado ya la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Delitos Económicos, con la que se endurecerá la lucha contra el fraude y se impulsarán medidas para aclarar la inexplicable riqueza de muchos oligarcas afincados en el Reino Unido. El objetivo prioritario se centrará en cambiar las reglas del llamado Companies House, el registro público mercantil con sede en Cardiff (Gales), donde hasta ahora sigue siendo posible inscribir una compañía por apenas 15 euros, sin que nadie compruebe la verdadera identidad de los dueños inscritos. Johnson se comprometió el pasado martes en la Cámara de los Comunes a acelerar las nuevas medidas para “perseguir el dinero ruso que ha llegado a este país”, justo en medio de la actual crisis en Ucrania. Los trámites parlamentarios, sin embargo, son lentos. Puede que el proceso de aprobación no culmine hasta la segunda mitad de este año. Muchos diputados y grupos de presión han reclamado al Gobierno mayor celeridad. “Cualquier retroceso, particularmente en un momento como el actual, sería algo muy lamentable”, ha advertido el diputado conservador Andrew Mitchell, uno de los parlamentarios que lleva más tiempo exigiendo medidas de transparencia para acabar con el hecho de que Londres sea la capital del blanqueo de dinero.

De momento, el Gobierno de Johnson ha buscado un primer golpe de efecto con la anulación de los visados de oro, que le sirve para reforzar su credibilidad ante Washington pero también para evitar que, si la crisis de Ucrania deriva en algo grave, Londres vuelva a ser un coladero de oligarcas vinculados con el Kremlin.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete





Source link



El Gobierno del Reino Unido ha ordenado este lunes el regreso de parte de los oficiales y personal de su embajada en Kiev, la capital de Ucrania. El departamento de Exteriores británico ha atribuido su decisión, en un breve comunicado, “a la creciente amenaza procedente de Rusia”. Londres utiliza una de cal y otra de arena en la escalada de tensión de las últimas horas, y asegura en el mismo texto que “la embajada británica permanecerá abierta y seguirá llevando a cabo sus tareas esenciales”. Fuentes del Ejecutivo británico han asegurado a diversos medios que prácticamente la mitad del personal diplomático tenía ya programado su regreso, y que no existen en estos momentos amenazas concretas contra los funcionarios del Reno Unido.

La medida adoptada por el Gobierno de Johnson sigue los pasos de la Administración estadounidense de Joe Biden. Washington ha ordenado este domingo a todos los familiares del personal de su embajada en Kiev, así como a los trabajadores no esenciales, que abandonen Ucrania cuanto antes, por la amenaza de una “acción militar seria” contra el país por parte de Rusia.

La Unión Europea, por el momento, mantendrá su personal diplomático en la capital ucrania, según ha informado este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, informa Efe.

Londres irrumpió a última hora del sábado en la crisis de Ucrania con un comunicado que contenía serias acusaciones contra Moscú. Acusaba al Kremlin de estar maniobrando ya para instalar un Gobierno títere en el país. “Disponemos de información que indica que el Gobierno ruso busca instalar a un líder prorruso en Kiev, mientras se plantea una invasión para ocupar Ucrania”, aseguraba el Ministerio de Exteriores británico. “El exdiputado ucranio, Yevhen Murayev, está siendo considerado como potencial candidato”, aseguraba el comunicado, que no solo señalaba directamente a Murayev, sino que presentaba además un listado de políticos de ese país que, siempre según el Ministerio de Exteriores del Reino Unido, “mantendrían vínculos con los servicios de inteligencia rusos”.

Rusia acusó al Reino Unido de desinformar y rechazó que pretenda instalar un líder prorruso en Kiev. Bajo el título Desinformación que circula, el Ministerio de Exteriores ruso publicó la madrugada del domingo un mensaje en Twitter para acusar a “las naciones anglosajonas” de “intensificar las tensiones” sobre Ucrania. “Instamos al Foreign Office a que deje de difundir tonterías”, concluía el breve mensaje del departamento dirigido por Serguéi Lavrov.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



El Gobierno de Boris Johnson, cuyos propios problemas internos por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento han mantenido alejado de la escena internacional durante las últimas semanas, ha irrumpido este sábado en la crisis de Ucrania con una acusación grave, pero ambigua y confusa. “Disponemos de información que indica que el Gobierno ruso busca instalar a un líder prorruso en Kiev, mientras se plantea una invasión para ocupar Ucrania”, ha asegurado el Ministerio de Exteriores británico en un comunicado que ha querido mantener embargado hasta las 23:30, hora peninsular de España.

“El exdiputado ucranio, Yevhen Murayev, está siendo considerado como potencial candidato”, asegura el texto. No solo señala directamente a Murayev, sino que presenta además un listado de políticos de ese país que, siempre según el MInisterio de Exteriores del Reino Unido, “mantendrían vínculos con los servicios de inteligencia rusos”. Se trataría de Serhiy Arbuzov, viceprimer ministro de Ucrania entre 2010 y 2012, y primer ministro interino en 2014; Vladimir Sivkovich, ex vicedirector de la Seguridad Nacional Ucraniana, y del Consejo de Defensa (RNBO, en sus siglas originales); Andriy Kluyev, vice primer ministro entre 2010 y 2012 y jefe de Gabinete del presidente Yanukovich; y Mykola Azarov, primer ministro de Ucrania entre 2010 y 2014. “Algunas de estas personas están en contacto actualmente con los oficiales de la inteligencia rusa implicados en los planes para atacar Ucrania”, asegura el comunicado del Gobierno británico.

Aquí acaba una información que no aporta más detalles, y cuya importancia ―que no su veracidad― ha sido puesta en cuestión por analistas de política internacional. El mismo texto aporta declaraciones de la ministra de Exteriores británica, Liz Truss: “La información que hemos hecho pública arroja luz sobre la extensión de la actividad rusa diseñada para subvertir el Gobierno de Ucrania, y supone una visión interior del modo de pensar del Kremlin”. “Rusia debe desescalar [su ofensiva], poner fin a sus campañas de agresión y desinformación, y emprender la vía diplomática. Tanto el Reino Unido como sus aliados han dicho reiteradamente que cualquier incursión militar rusa en Ucrania será un enorme error estratégico con serios costes”, ha advertido la ministra británica.

El Gobierno de Johnson entra en escena con una acusación contundente que, sin embargo, genera escepticismo. “El Ministerio de Asuntos Exteriores británico parece estar confundido”, ha dicho Murayev, el hombre al que el comunicado señala como candidato títere de Moscú para gobernar Ucrania. “No tiene mucha lógica. Me han prohibido entrar en Rusia. No solo eso, sino que han confiscado los bienes y el dinero de la empresa de mi padre”, ha asegurado. “Me ha costado digerir tanta tontería. Quizá alguien persigue cerrar otro canal independiente de televisión”, ha dicho el exdiputado y empresario al diario The Daily Telegraph. Murayev, de 45 años, es propietario de una emisora y fundó su propio partido, Nashi, después de escindirse del principal partido prorruso de Ucrania.

Los cuatro políticos señalados por el Gobierno británico residen en Rusia, pero se han apartado del primer plano de la escena pública. Solo Azarov aparece de modo habitual en programas de televisión rusos, en los que ataca a las autoridades de Ucrania y las califica de “simpatizantes nazis”.

Londres ha sostenido en el tiempo, ya desde el anterior Gobierno conservador de Theresa May, una línea especialmente dura contra Moscú. El intento de asesinato del agente doble Sergei Skripal y de su hija Yulia en territorio británico (en la localidad de Salisbury) por dos agentes rusos, con el agente nervioso Novichok, provocó una seria crisis diplomática que acabó con la expulsión del Reino Unido de muchos funcionarios de la embajada rusa. El Gobierno de Johnson ha señalado con especial énfasis la amenaza que supone el Gobierno de Vladimir Putin en su último documento de Estrategia Nacional de Seguridad.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


Las dos instituciones que han controlado durante más tiempo las riendas del Reino Unido han demostrado esta semana que son capaces de desplegar la crueldad de una máquina trituradora cuando se trata de asegurar su propia supervivencia. El Partido Conservador comienza a debatir cómo deshacerse de Boris Johnson —y que no parezca un accidente, sino una ejecución—, abochornado por el escándalo que no cesa de las fiestas prohibidas en Downing Street, ajenas a las restricciones sociales impuestas por la pandemia al resto del país. Al mismo tiempo, el Palacio de Buckingham ha borrado al príncipe Andrés, con precisión de photoshop, de la vida pública y de la imagen de la familia real. Isabel II es consciente de que la acusación de abuso sexual a una menor vertida contra su hijo favorito puede erosionar a la institución monárquica mucho más que 100 chascarrillos sobre Meghan Markle, el príncipe Enrique y sus continuas cuitas con el resto de miembros de la Casa de Windsor.

El Reino Unido comienza a despertar de la resaca de un Brexit, que prometió un futuro brillante que no ha acabado de llegar, y de una pandemia cuya gestión estuvo plagada de errores, hasta el punto de alcanzar el macabro récord de ser el país europeo con más muertes por covid. El comienzo de 2022 tiene aroma de naufragio, y los británicos están sumidos en una profunda desconfianza hacia sus centenarias instituciones democráticas.

Clement Attlee irradió toda su vida una gran elegancia moral y estética. Aquel primer ministro laborista que, en apenas seis años y desde las ruinas de un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, asentó las bases del moderno estado del bienestar británico, se ganó la vida en sus últimos años escribiendo artículos de prensa en los que analizaba, con inteligencia y ternura, el carácter y la personalidad de sus colegas políticos contemporáneos. “Hay un hecho incuestionable en la política: si un hombre se dedica a ella el tiempo suficiente, acaba revelando quién es. Y no solo obtiene lo que merece, sino que encuentra en su destino el reflejo de sus propias fortalezas y debilidades”, escribió Attlee en una tribuna llamada, acertadamente, Flaws at the Top (Errores en el mando, pero también imperfecciones, fallos o defectos).

Pocos británicos se habrán sorprendido estos días al descubrir el descontrol ético —y etílico— de Downing Street bajo el mandato de Johnson. Lo verdaderamente hiriente para muchos de ellos ha sido más bien darse cuenta de que el político que tanto les hacía reír, posiblemente, de quien se estaba riendo era de ellos. “En cierto sentido, este asunto se ha convertido en algo personal. Todo el mundo recuerda lo que estaba sucediendo en su propia vida cuando, aparentemente, Downing Street era una fiesta continua. El sentimiento es de traición íntima”, reflexiona para EL PAÍS Fintan O’Toole, el escritor irlandés que con más acierto ha diseccionado la rodada cuesta abajo de un Reino Unido entregado a Johnson y a los euroescépticos. “Es algo que han sentido siempre los más cercanos a él, y que ahora experimenta toda la ciudadanía. No puedo comprar la idea de que todo esto amainará cuando la pandemia desaparezca. No es cuestión de si Johnson se va o no se va, sino de cuándo lo hace”, añade.

Isabel II recibe a Boris Johnson en el Palacio de Buckingham el 24 de julio de 2019.
Isabel II recibe a Boris Johnson en el Palacio de Buckingham el 24 de julio de 2019.WPA Pool

El equipo de leales de Johnson ha comenzado a trabajar en una estrategia de supervivencia. Operation Save Big Dog (Operación Salvar al Jefazo es la traducción más aproximada) la han bautizado, según el diario The Independent. Es dudoso que tal frivolidad sea el nombre oficial del esfuerzo, pero sirve para dar una idea del autoengaño en que vive un primer ministro que, a todas luces, tiene los días contados.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

El plan tendría las siguientes fases: Sue Gray, la alta funcionaria encargada de investigar todo el escándalo de las fiestas, emite en pocos días un duro informe, en el que señala el declive de la ética de trabajo de Downing Street. Los “viernes de vino”, la costumbre tan habitual entre el personal y los asesores del Gobierno británico de regar con alcohol el final de la semana de trabajo, se convirtió en una actitud intolerable durante la pandemia. Pero Gray, siempre según los cálculos del plan de escape, evita la sugerencia de posibles actos delictivos. Y evita cualquier juicio de valor sobre el propio Johnson. Comienzan a rodar cabezas. Posiblemente, Martin Reynolds, el secretario privado de Johnson que envió el correo electrónico a más de 100 personas para convocarlas a una de las fiestas; o Jack Doyle, director de Comunicación de Johnson. Y junto a la remodelación de todo el equipo de Downing Street, comienzan a airearse los aparentes logros del Gobierno para salir de la pandemia (el único destacable: sus aciertos en la campaña de vacunación). Se trata de un plan con demasiado voluntarismo, con demasiadas hipótesis, para rescatar a un primer ministro de cuya honestidad duda un 70% de los británicos, según la última encuesta de YouGov. Según ese mismo sondeo, un 63% quiere que Johnson dimita ya.

“Es un hombre muerto. En circunstancias políticas normales ya se habría marchado”, asegura, con el ímpetu políticamente incorrecto que siempre le ha caracterizado, Alastair Campbell, el astuto director de Comunicación del ex primer ministro Tony Blair. “Pero todo lo que ocurre no es normal, porque [Johnnson] ha normalizado la mentira y la corrupción, y ahora tiene a su Gabinete centrado, no en los retos a los que se enfrenta el país, sino en ayudarle a aferrarse al puesto”, denuncia.

La supervivencia del político británico más popular de las últimas décadas ya no depende, sin embargo, de él mismo. Está en manos de los diputados conservadores, abochornados con el espectáculo, que no dudarán ni un minuto en activar una moción de censura interna para derrocarlo si comprueban que puede arrastrarles en su caída. “Hasta un tercio del grupo parlamentario conservador es de nueva hornada. Muchos ocupan escaños de circunscripciones de tradición laborista, que nunca pensaron que podrían ganar. No se imaginaban como diputados, ni se han hecho a los usos y costumbres parlamentarias por culpa del coronavirus”, explica Paul Goodman, exparlamentario conservador y director de la página web ConservativeHome, clave para entender las interioridades del partido. “Se manejan más por sus particulares grupos de WhatsApp que por las órdenes de la dirección del grupo. Son muy difíciles de controlar”, señala Goodman.

La posición de Isabel II

Paradójicamente, los desmanes de Johnson y su equipo han podido ayudar a Isabel II, quien vive su propia crisis institucional por las graves acusaciones de abusos sexuales a una menor a las que se enfrenta su hijo, el príncipe Andrés. La información de que al menos 30 trabajadores de Downing Street, entre funcionarios y asesores, estuvieron bebiendo, bailando y festejando hasta pasada la madrugada, en las horas previas al funeral del esposo de la reina, Felipe de Edimburgo, ha producido en la misma medida un bochorno incontenible hacia el primer ministro y una nueva ola de afecto con la monarca, de 95 años. Los británicos han vuelto a recordar la imagen de la reina, el pasado 17 de abril, sola y pequeña en un banco de la capilla de Windsor, cumpliendo a rajatabla la distancia social que imponía la pandemia mientras velaba el cuerpo de Felipe de Edimburgo.

Pero la institución monárquica vislumbra serios nubarrones en su estabilidad. Desde 2019, después de la desastrosa entrevista del duque de York en la BBC en la que fue incapaz de mostrar arrepentimiento por su turbia relación con el millonario pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, el apoyo entre los más jóvenes (18-24 años) sufre un serio declive. Si en aquel año un 46% de los consultados prefería un monarca y solo un 26% a un jefe de Estado elegido democráticamente, hace seis meses el giro fue radical: solo un 31% aspiraba a que continuase la Monarquía. Un 41% manifestaba sentimientos republicanos.

La humillación sin contemplaciones de despojar a Andrés de títulos militares, patronatos reales o el título de Su Alteza Real, y condenarlo al ostracismo absoluto es más una decisión de futuro que de presente. Carlos de Inglaterra, el heredero directo, y su hijo Guillermo, segundo en línea de sucesión, han sido clave en un movimiento destinado a salvar la institución. Isabel II está ya en otras latitudes. Este año celebrará su Jubileo de Platino. 70 años de reinado. Todo apunta a que la reina deberá decir adiós a su decimocuarto primer ministro. Y encargar la formación de un nuevo Gobierno al decimoquinto.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



Downing Street, como se conoce habitualmente al edificio donde trabaja y reside el primer ministro del Reino Unido, ha enviado este viernes una disculpa formal a la reina Isabel II por las dos fiestas con alcohol y música que celebraron hasta treinta de sus empleados en las horas previas al funeral del príncipe consorte, Felipe de Edimurgo. El pasado 17 de abril, la reina se sentó sola en un banco lateral de la capilla del Castillo de Windsor, bajo una mascarilla negra que cubría parte de su rostro. Era parte de las duras restricciones sociales que todavía regían en todo el Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson llegó a pedir a los ciudadanos que no llevaran flores a la verja del Palacio de Buckingham o a Windsor, para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia. Por todo eso, la revelación del diario The Daily Telegraph —muy conservador, muy defensor del Brexit. Muy partidario de Johnson. Hasta ahora— de que en las horas previas al funeral hubo otras dos fiestas prohibidas en Downing Street ha elevado varios grados la indignación popular contra el Gobierno.

“Es profundamente lamentable que esto ocurriera durante un tiempo de duelo nacional, y el número 10 de Downing Street ha pedido disculpas al Palacio [de Buckingham]”, ha asegurado un portavoz de Johnson. Ha habido llamada telefónica y comunicación oficial por escrito al personal de Isabel II, pero Downing Street no ha querido matizar si el propio Johnson ha sido el que ha transmitido las disculpas, o si piensa hacerlo el próximo martes, en su habitual despacho semanal con la monarca.

“Todo esto demuestra el modo tan grave en que Boris Johnson ha degradado la Oficina del Primer Ministro”, ha dicho en un comunicado público Keir Starmer, el líder de la oposición laborista. Después de ir tan lejos esta semana como para pedir públicamente la dimisión de su rival, durante su enfrentamiento del pasado miércoles en la Cámara de los Comunes, Starmer quiere mantener a toda costa la presión sobre Johnson. “Los conservadores han defraudado al Reino Unido. Una disculpa no es únicamente lo que el primer ministro debería ofrecer al Palacio de Buckingham. Johnson debe hacer lo único decente que puede hacer: dimitir”, ha reiterado el político laborista.

En esta ocasión, según ha revelado el diario The Daily Telegraph, Johnson no estuvo presente en ninguna de las dos fiestas. Se encontraba en esos momentos en Chequers, la residencia de descanso oficial del primer ministro británico. Pero fue una vez más bajo su jurisdicción y mandato que el personal de Downing Street se saltó las normas que se imponían con rigor al resto del país. Las reuniones en interior de personas de distintos domicilios seguían entonces prohibidas.

Ambos eventos se convocaron para despedir a dos trabajadores. Uno de los que se marchaba era James Slack, hasta entonces director de Comunicación del primer ministro. Una herencia de la era de su predecesora, Theresa May. El otro era uno de los fotógrafos oficiales de Johnson. Corrió el alcohol en abundancia, según han narrado al Telegraph algunos testigos. Hubo risas y bailes. La juerga se prolongó hasta la madrugada. Unos comenzaron en las oficinas y acabaron en el jardín. Otros, en el sótano de Downing Street, donde incluso un portátil a todo volumen proporcionó la música. Alguien fue incluso al supermercado cercano con un maletín vacío que llenó de botellas de vino. Al final, las cerca de 30 personas que sumaban las dos fiestas acabaron juntas en el jardín.

Slack ha publicado este mismo viernes sus propias disculpas por todo lo sucedido: “Quiero pedir perdón sin reservas por toda la rabia y dolor causados. Este evento no debería haber tenido lugar en el momento en que ocurrió. Estoy profundamente arrepentido y asumo completamente la responsabilidad”, ha asegurado el exasesor de comunicación.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

La vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete de Johnson, Sue Gray, debe concluir en pocos días su investigación interna sobre las fiestas prohibidas celebradas en dependencias gubernamentales, incluida aquella en la que Johnson ha admitido su presencia. Se suman ahora a sus pesquisas dos fiestas más. Y puede que la pesadilla del primer ministro no acabe aquí. En un país acostumbrado a regar en alcohol el final de cada jornada laboral, el amplio jardín de Downing Street era la excusa perfecta para convertir en fiesta las largas reuniones de trabajo, con la conciencia tranquila. Así lo vieron muchos de los participantes en ese momento, sin comprender que alteraban profundamente las normas que se exigían severamente al resto del país. Una regla para ellos, otra para el resto. Cada nueva información sobre los desmanes de Downing Street durante el confinamiento hunde más por los suelos la popularidad de Johnson y acerca la posibilidad de una rebelión entre los diputados conservadores que ponga fin a su liderazgo y a su carrera como primer ministro.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado de bruces, en el mismo periodo en que prometió que el Brexit ayudaría a recuperar el control de sus fronteras, con la tragedia inesperada de la inmigración masiva en aguas del canal de la Mancha. Las cifras empequeñecen frente al aluvión de personas que llegan cada año a las costas del continente europeo, pero con más de 29.000 migrantes que intentaron alcanzar el Reino Unido en 2021, según cálculos de diversos medios como la BBC, el Ministerio del Interior británico se enfrenta, sin experiencia ni mano izquierda, ante un inusitado problema para el que solo ofrece leyes más duras. “Los ciudadanos llevan dos décadas exigiendo una reforma, y eso pretende nuestro nuevo plan para la inmigración”, ha dicho el secretario de Estado de Justicia y Control de la Inmigración Ilegal, Tom Pursglove. La definición de su cargo ya da una idea clara de la estrategia de Downing Street frente a la inmigración irregular. “La Ley de Nacionalidad y Fronteras definirá como delito el intento deliberado de entrar ilegalmente en el Reino Unido, e impondrá penas de prisión permanente a aquellos que faciliten este acceso”, ha asegurado Pursglove.

El texto legal se encuentra actualmente en el estadio final de su tramitación, en la Cámara de los Lores, donde muy probablemente se verá sometido a enmiendas que la mayoría conservadora de los Comunes deberá rechazar, cuando regrese para su consideración definitiva. La propuesta, desarrollada por el ministerio de Priti Patel, juega con un doble discurso que apenas logra ocultar su intención de construir una respuesta de “ley y orden” ―más centrada en la seguridad que en el lado humanitario del asunto―; un lenguaje duro para contentar a las bases electorales que respaldaron el Brexit.

Aunque el discurso de Patel, responsable de Interior, carga las tintas contra las bandas criminales que promueven y organizan las travesías del canal, la idea de fondo es que, gran parte de las personas que intentan llegar al Reino Unido son “inmigrantes económicos” ―no huyen por causas políticas―, que no necesitan realmente ningún tipo de protección internacional y que, con sus acciones, lo único que hacen es “saltarse la fila” de los que aspiran legítimamente a lograr un estatuto de refugiado. “[Un 70% de las personas que han llegado en los últimos 12 meses] son hombres solteros (…). No son verdaderos solicitantes de asilo. Son capaces de pagar a las mafias y contactar con ellos, ya sea en el norte de Francia o en Alemania. Son ellos los que expulsan a codazos a mujeres y niños que sí están en riesgo y huyen de la persecución”, afirmaba Patel el pasado 27 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara de los Lores.

La ministra con mayor fama de dureza del Gobierno de Johnson pasa por horas muy bajas de popularidad en el Partido Conservador. Sus promesas redobladas de atajar las entradas irregulares se han visto desmentidas una y otra vez con las cifras que llegaban del canal de la Mancha, que en 2020, en pleno parón de la movilidad internacional, rondaron las 8.500 personas, según la organización británica Refugee Council (Consejo para los Refugiados). Su falta de tacto con las autoridades francesas, de donde provienen en la última travesía la mayoría de los inmigrantes, ha provocado un deterioro casi irreparable de las relaciones diplomáticas y de colaboración con el Gobierno de Emmanuel Macron. La muerte de una treintena de inmigrantes a finales de noviembre, al hundirse la embarcación que los transportaba, se convirtió en un amargo cruce de críticas entre Londres y París. El Gobierno de Johnson reprochó al francés que no hacía lo suficiente para impedir la salida de personas de sus costas, y amenazó incluso con retirar la ayuda financiera comprometida para reforzar la vigilancia policial.

Todo se agravó aún más al publicar el propio Johnson en Twitter la carta que había enviado a Macron, en la que pedía que el Reino Unido pudiera devolver a Francia sin problemas los inmigrantes que llegaran desde ese país, y sugería incluso que la policía británica patrullara conjuntamente con la francesa la costa al otro lado del canal. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, retiró de inmediato la invitación que había cursado a Patel para participar esa semana en una reunión de ministros europeos que debía abordar la crisis migratoria en el canal. Y Macron llegó a acusar a Johnson de poco serio. “Me sorprenden los métodos, cuando no son serios”, dijo el presidente de Francia. “Entre líderes no nos comunicamos a través de tuits, ni hacemos públicas las cartas que nos enviamos”.

Las verdaderas cifras de asilo

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Frente al argumento reiterado por el Gobierno británico de que las actuales leyes permiten un abuso en los trámites de solicitud de asilo y refugio, organizaciones como Refugee Council (Consejo para los Refugiados) han realizado una profusa tarea estadística para desmentir los prejuicios. El 70% del número total de personas que llegaron a las costas británicas, o fueron interceptadas en su intento de cruzar el canal, durante el año pasado, procedían de cinco países: Irán, Irak, Sudán, Siria y Vietnam. Uno de cada cuatro era iraní. Entre los diez países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes se encuentran también Afganistán o Yemen. El Consejo para los Refugiados señala que prácticamente el 98% de las personas que llegan a las costas británicas a través del canal acaban solicitando asilo. Y entre los refugiados que proceden de los diez principales países, hasta un 61% logra esa protección oficial, frente a una media del 52% del resto de nacionalidades que llegan por otras vías.

Los cálculos desmienten de ese modo que los inmigrantes que se lanzan al canal sean en su mayoría “inmigrantes económicos”. “El Gobierno aspira a dar rango legal a una política brutal y peligrosa, como la que representa su ley antirrefugiados, que solo logrará que más gente muera ahogada en el canal”, ha dicho Tim Naor Hilton, el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. Simplemente, el mayor control policial en otras vías habituales de acceso, como el transporte ilegal de inmigrantes a través de camiones y contenedores por el Eurotúnel, ha reducido drásticamente las cifras, y ha desviado el flujo de personas hacia el paso del canal de la Mancha, que hasta hace pocos años era una vía minoritaria. El Gobierno de Johnson se ha topado con una tragedia que la UE ya conoce desde hace tiempo, y su primera respuesta ha sido la de endurecer el discurso inmigratorio que alimentó el Brexit.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link

top