A los colombianos nos quedó claro que al combo de la ‘gente’ en Tuluá les gusta la fiesta, pero hay que definir con responsabilidad prioridades y obligaciones, y en la actualidad urge atender las necesidades de nuestros campesinos.   
Por: Robert Posada Rosero

El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre no deja de sorprender con cada aparición pública, como lo hizo el pasado martes cuando indicó en rueda de prensa que los $5 millones que tenía destinados para la feria del 2021 los había tenido que dirigir para el embellecimiento, con la técnica topping, de la carpeta asfáltica de la Transversal 12, ante la imposibilidad de realizar la Feria de Tuluá. 

La cifra dada por Gómez Aguirre es francamente desproporcionada, es claro, a juzgar la información que se conoció por medios nacionales sobre la extravagante fiesta realizada el pasado sábado en el coliseo Manuel Victoria Rojas, que les gusta la fiesta y el fandango, pero hablar de $5 mil millones para una feria es un despropósito que solo cabe en la cabeza de quien ignora las verdaderas necesidades de la gente.  

Cualquier persona medianamente informada, sin que sea periodista o funcionario, conocería que, en la última feria de Tuluá realizada en el año 2019, se invirtieron $1.622 millones, evento que dejó utilidades por cerca de $300 millones y logró convocar a más de 85 mil visitantes al coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas. Lo anterior indica o qué Gómez Aguirre desconoce las cifras del municipio o tenía la intención de “feriar” los recursos de los tulueños. 

Adicionalmente, lo responsable y transparente es que el señor alcalde les explique a los ciudadanos de dónde sacó la medio bobadita de $5.000.000.000 millones para una feria, si en repetidas ocasiones él y funcionarios como Llener Darío Borja Mafla, sí, el sancionado por la Procuraduría en primera instancia, han afirmado que recibieron un municipio quebrado y endeudado.           

Hablar de $5 mil millones para una Feria de Tuluá es desproporcionado, a no ser que vayan a tirar la casa por la ventana.

Empero, las incoherencias e insensatez no pararon allí, pues como explicarles a los campesinos de Puerto Frazadas, Barragán, Santa Lucía y demás corregimientos y veredas que hoy se encuentran incomunicados y sin poder sacar sus productos a la ciudad que deben esperar cuatro meses para volver a tener vías porque no hay los recursos para atender esa necesidad sentida, mientras se destinan $5 mil millones para embellecer un corredor vial del casco urbano.  

Plausible que haya entendido, por la fuerza de su floja gestión y pésima imagen, que las obras de infraestructura física son sinónimo de desarrollo y bienestar para los habitantes de cualquier ciudad o municipio en el mundo, pero el afán de mejorar la percepción que tiene la ciudadana sobre su gobierno no lo puede enceguecer, ignorando las afugias por las que pasa la comunidad campesina de Tuluá.   

Sorprende además que el mandatario local se haya atrevido a decir, sin sonrojarse, que declaró “calamidad pública y urgencia manifiesta para prever los desbordamientos de los ríos Morales, Tuluá y El Horcado”; como carajos va a conocer o suponer una cosa que va a ocurrir, como si los recursos le concedieran el don de la futurología, o será que lo que quiso decir es que intentará aliviar los efectos negativos de unos fenómenos naturales que son impredecibles.   

Lamento haberme perdido la rueda de prensa, un divertido espectáculo cantinflesco digno de la caricatura de un alcalde de pueblo, pero si fuera parte de su equipo de asesores sacaría valor y parafrasearía al Rey de España, don Juan Carlos I, y le diría con respeto, “John Jairo, ¿Por qué no te callas?   

Adenda: deplorable la actitud asumida por Clara Luz Roldán, quien, ante la gravedad de las irregularidades cometidas por una funcionaria jefe de la Gobernación del Valle, salió a decir en Noticias RCN que le habían hecho un simple llamado de atención, respuesta que evidencia la manera de actuar de los gobernantes que representan los intereses de la exgobernadora Dilian Francisca Toro.  

El secuestro del empresario bugueño Jaime Mejía Azcarate se reportó el día de ayer en este municipio del centro del Valle.   

Grupos armados serían los responsables del secuestro del empresario, Jaime Mejía Azcarate, cuya desaparición se reportó el día de ayer en zona rural del municipio de Andalucía en el centro del Valle del Cauca, en una nueva acción criminal que sacude a la población de la región.  

Los antisociales habrían incinerado una camioneta en la que al parecer se movilizaba el reconocido hombre de negocios oriundo de la ciudad de Buga, quien además está vinculado laboralmente a Asociación Agroindustrial de la Caña, Asocaña.  

Ante la delicada situación de orden público que se vive en toda la zona rural del centro y norte del Valle del Cauca, la alcaldesa Andalucía, Ellicel Arcila Posso, sostendrá un Consejo de Seguridad la tarde hoy con las autoridades competentes, con miras a adoptar medidas para restablecer la seguridad en la zona.  

El empresario de Buga está vinculado a Asocaña.

El operativo adelantado de manera conjunta por autoridades de Colombia y Estados Unidos se realizó en el sur de la capital del Valle.

En un operativo en el que intervinieron cinco agentes Federales de los Estados Unidos, habría caído el señalado narcotraficante del Valle del Cauca, Arturo de Jesús Herrera Saldarriaga, conocido con el alias de ‘Banana’, quien era buscado por la justicia colombiana desde hacía varios años.

Según la primicia de la W Radio, las autoridades bloquearon las salidas de el lugar donde se encontraba, ubicado en el barrio Normandía, hasta donde llegaron los investigadores para proceder con su captura, la cual se produjo en el apartamento 601, del edificio Torre Ladera.

La captura de este ciudadano se habría producido como resultado de un operativo relámpago realizado de manera conjunta entre autoridades colombianas y gringas, a eso de las 5:00 de la mañana, en la ‘Sucursal del Cielo’.  

Arturo Herrera Saldarriaga había salido ileso de un atentado en Tuluá.

Herrera Saldarriaga había salido ileso de un atentado sicarial ocurrido el 20 de marzo del 2019, cuando se desplazaba hacia las 11:00 de la mañana, a la altura de Carrera 33, entre calles 21 y 22, en el barrio Alvernia de Tuluá.

En el atentado dos personas resultaron muertas y dos más heridas como resultado del intercambio de disparos, en el que según las autoridades se habían utilizado armas automáticas de largo alcance.

Regresa a Tuluá el modelo exitoso que implementó el exalcalde Gustavo Vélez Román para recuperar la malla vial y los andenes de la ciudad.  

Con una inversión que estará sobre los $5 mil millones de pesos se adelantará la recuperación de la carpeta asfáltica de la Transversal 12, entre las calles 24 y el puente sobre el río Morales, corredor que conduce hacia la nueva terminal de transportes del municipio de Tuluá.  

Las obras incluyen modernización del alumbrado público sobre el corredor vial, remplazando las luminarias existentes por luces Led y la construcción de andenes y enlucimiento con arborización, con la finalidad de mejorar la movilidad, en la que el mandatario local, consideró la vía más importante de la ciudad.  

Con esta técnica se recuperó muchas vías arterias de Tuluá.

“Las obras tienen varias fases y varias especialidades, una es la recuperación del pavimento, en un pavimento flexible… recuperación de la capa de rodadura, que es lo que los técnicos llaman, es para dejarla optima y evitar la accidentalidad en el sitio”, explicó el alcalde John Jairo Gómez Aguirre.  

El mandatario local agregó que en dos semanas iniciarán las obras en la parte eléctrica y embellecimiento de medio ambiente, y que se harán cierres para poder avanzar en las obras, “ellos (los comerciantes) pueden seguir trabajando, lo que sí es que deben entender que su derecho al trabajo llega hasta donde empiezan los derechos de los ciudadanos a tener un ambiente digno y apto, con andenes amplios y sin obstáculos”.  

Un modelo eficiente que le cambió la cara a Tuluá

Una gestión que es reconocida por todos los tulueños y centrovallecaucanos.

Como se recordará, durante la administración del ingeniero Gustavo Vélez Román se implementó la técnica de topping y la construcción de andenes con franjas táctiles y rampas para persona en condición de discapacidad, recuperando importantes corredores viales y dejando un circuito que conecta el occidente con el centro y sur de la ciudad.  

Con este modelo que fue aplaudido por lo tulueños y habitantes de municipios cercanos que hacen parte de los 600 mil habitantes que conforman la población flotante de la Villa de Céspedes, se recuperó la emblemática calle Sarmiento, la calle 25, la entrada sur de Tuluá, la carrera 22, la carrera 30 y varios cuadrantes del centro del municipio.  

La renovación urbana y en infraestructura realizada durante el cuatrienio 2016-2019 enamoró a los tulueños y se extendió hasta el deprimido sector del puente de Las Brujas y el corredor vial paralelo al río Tuluá, en el sector del bario Tomas Uribe, donde además se recuperó el sector con la instalación de parque biosaludables.   

Recuperación de vía a Puerto Frazadas tomará unos cuatro meses  

Alcalde dijo que requiere apoyo del los gobiernos nacional y departamental.

El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, quien decretó calamidad pública y urgencia manifiesta para “hacer frente a la ola invernal que afecta sobre todo el campo tulueño y para prever desbordamientos en los ríos Morales, Tuluá y el Horcado, en el perímetro urbano de Tuluá”.  

En la rueda de prensa realizada la tarde del martes 23 de marzo, Gómez Aguirre fue enfático en señalar que se requiere hacer equipo con la gobernación y la nación para recuperar la vía, “esa vía no se recupera en dos ni en tres meses, el daño es absoluto, los que han ido saben que no hay derrumbes sobre la vía, es que no hay vía”.  

Finalmente, el alcalde reconoció que los propios campesinos están utilizando sus herramientas de trabajo diario para intentar abrirse paso hacia el casco urbano de Tuluá y no dejar perder los productos perecederos que se producen en toda la zona alta de la montaña tulueña

El emblemático coliseo Manuel Victoria Rojas de Tuluá, fue el escenario de fiesta de 15 años de la hija de la excandidata a la Alcaldía, Lina Segura Moyano, actual jefe de la Oficina Territorial zona centro de la Gobernación del Valle. 

Con extrañeza han recibido los tulueños la noticia de la realización de una vistosa fiesta de 15 años, en la cual, entre otras cosas, no se cumplieron los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional para contener el avance de la pandemia por covid-19, justo en el momento en que se habla de un tercer pico de contagio. 

La situación llamó la atención de los ciudadanos, que hicieron la denuncia a Al Instante, porque no solo se realizó en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, espacio público que hoy está restringido para toda la población, sino además porque la responsable del hecho es la jefe de la Oficina Territorial zona centro de la Gobernación del Valle, Lina Segura Moyano, excandidata a la alcaldía de Tuluá. 

La celebración se realizó en el Pueblito Tulueño.

Los denunciantes expresaron su preocupación por la celebración de este tipo de eventos al interior de un espacio que hoy la actual administración tiene adecuado como centro carcelario transitorio, donde permanecen todos los capturados sindicados de delitos, pero a quienes no se le ha definido su situación jurídica.  

Adicionalmente, mientras los invitados, entre los que se encontrarían funcionarios y contratistas de la Administración del actual alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, disfrutaban de la pomposa fiesta realizada el pasado sábado 20 de marzo, los criminales accionaban un artefacto explosivo en el CAI de la Transversal 12 de esta localidad del centro del Valle, acción terrorista en la que resultó herido un subintendente de la Policía Nacional y murió ‘Monito’, la mascota de los policías que permanecía en el lugar. 

La velada contó con un buen número de asistentes.

Tras conocerse las imágenes, los ciudadanos empezaron a preguntarse por qué funcionarios del orden departamental usan, con fines personales, bienes públicos del municipio de Tuluá, o si para la realización de la fastuosa fiesta se ejecutó un contrato de arrendamiento del emblemático sitio, clausurado para el uso de la comunidad desde que inició la pandemia. 

Hasta ahora no se conoce ningún pronunciamiento del mandatario local frente a la acción terrorista, ni la fiesta realizada en el coliseo Manuel Victoria Rojas, este último hecho que dejó al descubierto la incoherencia de los funcionarios frente a las medidas adoptadas para contener la emergencia de salud por covid-19, mientras los ciudadanos son sometidos a todo tipo de limitaciones.  

Dos adultos y un adolescente capturados en los corregimientos de Aguaclara y Tres Esquinas de Tuluá fueron enviados tras las rejas por porte ilegal de armas.  

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Manuel Alejandro Lemus, como presunto responsable de los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, partes y accesorios, tras ser capturado portando un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre 38, un cartucho, una vainilla y dos teléfonos celulares que aparecía reportados como hurtados. 

Por los mismos hechos, ocurridos en el callejón Guayabal, corregimiento Aguaclara, zona rural plana de Tuluá, un juez de responsabilidad penal para adolescentes avaló la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de un menor de 16 años, y le dictó medida de internamiento preventivo en un centro de atención especial, adonde fue trasladado. El adolescente aceptó los cargos.  

Capturado en Aguaclara armado y con teléfonos robados.

De igual manera, se procedió contra Jhonatan Mosquera Aguirre, quien fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad, como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 17 de marzo pasado en una finca ubicada en la vereda Gato Negro, del corregimiento Tres Esquinas, durante una diligencia de registro y allanamiento realizado por personal de la Policía Nacional. 

Durante la acción policial las autoridades hallaron en una de las habitaciones un revólver calibre 38, con dos vainillas, por lo que Mosquera Aguirre fue capturado en flagrancia. El juez decidió que el presunto implicado, quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. 

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Comandante de Policía Valle ofreció $10 millones a quien de información sobre atentando terrorista a CAI de la Transversal 12, pero no expresó ni una palabra sobre la muerte de ‘Monito’, la mascota que permanecía en el lugar.   

Por: Robert Posada Rosero  

La situación de desgobierno que vive Tuluá en todos los frentes, “es la crónica de una muerte anunciada”, muchas veces advertimos sobre la situación que podría devenir si se permitía que impusieran en el primer cargo del municipio a una persona sin capacidad de decisión amarrado a compromisos electorales.   

La actual situación de la Villa de Céspedes es francamente deplorable: no hay nada importante para mostrar en estos 15 meses, más allá de las acciones normales, que casi, por la fuerza de la dinámica se deben realizar en la función pública, lo demás ha sido improvisación, caos, confusión y corrupción.  

Lo único que al parecer hoy tienen claro los tulueños, es que no hay un líder que guie los destinos de la ciudad, no hay autoridad que infunda respeto en sus subalternos y mucho menos en la ciudadanía, y ni que decir de los bandidos, todos se sienten con “alas” para actuar a sus anchas, los hechos y las cifras no mienten ni dan lugar a discusiones estériles.    

Desde el inicio de la pandemia por covid se dieron bandazos, hubo confusión y falta de reacción, al final se apegaron únicamente a todo lo que ordenaran desde Cali o Bogotá; las cifras de criminalidad del 2020 son contundentes, presentó un aumento del 40 por ciento, con 151 homicidios frente a los 108 del 2019, y solo con el inicio de la temporada de lluvias ocasionada por el fenómeno de la Niña la situación en la zona rural ya es calamitosa.  

La inseguridad campea en la ciudad, al punto que desperté con el mensaje de un ciudadano que se quejaba porque “Estamos sitiados en la zona rural y urbana”, una radiografía que no necesita mayor ampliación ni explicación, ese es el sentir de muchos habitantes de Tuluá. 

John Jairo Gómez y su exgerente de campaña, coronel (R) Jorge Gallego Chávez.

Y como no sentirse angustiados con lo que está aconteciendo en materia de seguridad, el pasado 14 de marzo cuatro uniformados resultaron heridos tras un atentado terrorista de disidencias de las Farc en la vereda La Diadema y la noche del 20 de marzo los hampones se hicieron sentir en el propio caso urbano de Tuluá, donde al parecer detonaron una granada hiriendo a un subintendente y matando a ‘Monito’ el perrito que permanecía en el CAI. 

El fracaso en el manejo de la seguridad es innegable e incontrovertible, con esos resultados y un alcalde con AUTORIDAD hacia rato habría habido relevo en la secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, y el coronel (R), Jorge Gallego Chávez, ya tenía que haber dado un paso al costado para que alguien más capaz en la materia asumiera la dirección de dicha dependencia. 

Pero esto no va a pasar y no pasará, sencillamente porque Gómez Aguirre no tiene el control, no manda, no dirige, no lidera. Es uno más que cumple órdenes, como lo hace el hermano de una concejal en el hospital Rubén Cruz Vélez, donde se dan el lujo de devolverle hojas de vida el mandatario local, advirtiéndole que solo las reciben si las trae el pariente de la concejal con el visto bueno de la ‘Patrona’ de Guacarí, mientras la edil aplaude como foca todos los desaciertos de la actual administración. Situación que se repite en varias secretarías.

En esta columna de opinión no quise referirme a la evidente incompetencia del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, hoy siento la necesidad de expresar mi solidaridad con él, quien debe estar pasándola muy mal: despreciado y rechazado por una amplia franja de la ciudadanía tulueña y maniatado para sacudirse de los amarres que no lo dejan ni lo dejarán avanzar. 

Adenda: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía deben poner los ojos sobre las actuaciones realizadas en Tuluá amparados en la declaración de calamidad publica y urgencia manifiesta, figuras utilizadas para contratar de manera directa y a dedo, saltándose los controles habituales ordenados por la ley.    

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