Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas eran dos de las principales exigencias planteadas por Moscú para poner fin a la crisis de Ucrania en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente que amenaza la seguridad euroatlántica. En cambio, tanto Washington como la Alianza ofrecen a Putin negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros (como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EE UU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia), cuyo éxito condicionan a que se inicie una desescalada en la amenaza militar rusa sobre Ucrania. Así figura en dos documentos confidenciales enviados el pasado miércoles por Washington y la OTAN a Moscú, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Considerando el sustancial, unilateral e injustificado despliegue militar en curso en y alrededor de Ucrania y Bielorrusia, llamamos a Rusia a desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera”, señala la OTAN. “La posición del Gobierno de Estados Unidos consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en estos asuntos [desarme y medidas de confianza] en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania”, advierte Washington.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, este miércoles durante la rueda d eprensa en la sede del Departamento de Defensa.Foto: ANDREW HARNIK (AP)

Las autoridades rusas exigieron una respuesta por escrito a su propuesta de firmar un tratado que dé garantías de seguridad a Moscú ante la expansión de la OTAN al Este. Moscú incluso remitió un borrador del hipotético tratado. La respuesta son dos textos: uno titulado Confidential/Rel Russia (que consta de una introducción, siete puntos y unas breves conclusiones) de parte de Washington; y otro, bajo el epígrafe NATO-Russia Restricted (con 12 apartados), de la Alianza Atlántica. Los textos recogen en buena medida —aunque de forma mucho más detallada— los mensajes que los líderes de Occidente han transmitido en público al Kremlin. Estados Unidos y la OTAN han coordinado sus respuestas, que son complementarias, pero presentan algunas diferencias.

La principal diferencia entre ambos textos es que Washington se muestra dispuesto a discutir el concepto de “indivisibilidad de la seguridad”, que la OSCE aprobó en su cumbre de Astaná (Kazajistán) en 2010. Moscú lo ha incluido en el artículo primero de su borrador de tratado, ya que se basa en este principio para alegar que la eventual entrada de Ucrania en la OTAN afectaría a su seguridad. El texto de EE UU advierte de que no comparte el punto de vista ruso y apunta que el concepto de indivisibilidad de la seguridad “no puede ser visto de manera aislada”. Aun así, se muestra dispuesto a abordar las “respectivas interpretaciones” del mismo. Y recuerda que “EE UU y Rusia también reafirmaron el derecho inherente de cada Estado de elegir libremente o cambiar sus acuerdos de seguridad, incluidos tratados y alianzas”.

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El documento de Washington deja claro, desde el principio, que “sigue apoyando firmemente la política de puertas abiertas de la OTAN”, por lo que no excluye la futura incorporación de Ucrania o Georgia a la Alianza; y precisa que, en todo caso, este asunto debe abordarse en el Consejo OTAN-Rusia (NCR, por sus siglas en inglés). También el texto de la OTAN reafirma su política de puertas abiertas y subraya el derecho de todos los Estados a elegir sus acuerdos en materia de seguridad “libres de interferencias”.

Moscú todavía no ha enviado una contestación por escrito, pero fuentes aliadas señalan que Rusia ha pedido que Estados Unidos y la OTAN unifiquen sus respuestas y que esta última acepte discutir el concepto de la “indivisibilidad de la seguridad”, como ha hecho EE UU.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvieron el martes su primer contacto telefónico desde que EE UU y la OTAN remitieron sus respuestas a Moscú. Blinken, según un portavoz del Departamento de Estado, transmitió a Lavrov su voluntad de continuar con un intercambio “sustantivo” de propuestas sobre seguridad, mientras que su homólogo ruso dijo que ambos aceptaban proseguir el diálogo. “Veremos cómo va”, declaró a la televisión rusa.

En relación con Ucrania, la Administración de Biden ofrece a Rusia “medidas de transparencia condicionadas y compromisos recíprocos” en virtud de los cuales Rusia y EE UU se abstendrían de “desplegar sistemas de misiles ofensivos basados en tierra y fuerzas permanentes de combate en territorio de Ucrania”. Para ello, Washington anuncia su propósito de mantener consultas con Kiev.

Documentos entregados por la OTAN y EE UU en respuesta al tratado que les presentó Rusia el 17 de diciembre de 2021.

Esos acuerdos de confianza recíproca, junto con los pactos de desarme, son las dos claves de los textos remitidos por Washington y la Alianza. El documento estadounidense comienza asegurando que está “listo para trabajar con el objetivo de alcanzar un entendimiento con Rusia, junto con los aliados y socios transatlánticos, sobre asuntos de seguridad”; y enumera una serie de temas en los cuales “está dispuesto a discutir compromisos o acciones recíprocas” y el foro en el cual deberían ser abordados. EE UU se declara dispuesto a encarar ese proceso “de buena fe”, mientras reprocha a Putin que haya desplegado más de 100.000 soldados en la frontera de Ucrania, ocupado Crimea y alentado el conflicto del Donbás (la región oriental de Ucrania, de mayoría rusófona).

Washington se queja de que, en su borrador de tratado sobre seguridad en Europa, “Rusia hace demandas que socavan los principios a los que se ha comprometido en anteriores documentos”. “Es imperativo”, agrega, “que las discusiones se basen en los acuerdos en los que se fundamenta la seguridad europea”, como el Acta de Helsinki, el Acta OTAN-Rusia, la carta de París o la de Naciones Unidas, “que consagran los principios de integridad territorial, soberanía y el derecho de cada Estado a elegir sus acuerdos y alianzas en materia de seguridad”.

Limitación de misiles

Varias propuestas estadounidenses implican limitaciones sobre misiles que podrían culminar en nuevos tratados de desarme. Washington se declara dispuesto a iniciar conversaciones bilaterales con Rusia sobre control de misiles de corto y medio alcance y sus lanzadores, aunque denuncia que se ha vulnerado el vigente tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con la producción y despliegue de los misiles SSC-8 y otros sistemas. El Gobierno estadounidense reafirma su compromiso con el tratado New START para misiles intercontinentales, vigente hasta 2026, pero propone incluir nuevos lanzadores, armas no estratégicas y cabezas nucleares no desplegadas. Además, sugiere “iniciar inmediatamente discusiones sobre medidas de seguimiento del tratado New START” y discutir cómo futuros acuerdos “podrían incluir todas las armas nucleares de EE UU y Rusia”. El documento muestra la preocupación de Washington y sus aliados ante los esfuerzos de Rusia para diversificar y ampliar su arsenal nuclear, desarrollar nuevos misiles intercontinentales y desplegar misiles duales y no estratégicos cerca de las fronteras de la OTAN.

Una de las propuestas más novedosas es el ofrecimiento a Rusia de un “mecanismo de transparencia” para verificar la ausencia de misiles de crucero Tomahawk, capaces de alcanzar territorio ruso, en las bases del escudo antimisiles de la OTAN en Rumania y Bulgaria, que albergan el sistema Aegis. En reciprocidad, Washington reclama actuar igual con dos bases lanzamisiles de su elección en territorio ruso. Moscú había propuesto limitar el despliegue de misiles de corto y largo alcance y expresó su preocupación por los Tomahawk en territorio rumano y búlgaro.

Frente al malestar de la UE por su exclusión de estas negociaciones, Estados Unidos asegura que “discutirá todos los asuntos que afecten a la seguridad de Europa” con sus aliados.

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Anne Hidalgo (San Fernando, Cádiz, 62 años) es tajante cuando se le pregunta si contempla tirar la toalla y abandonar la candidatura a las elecciones presidenciales del próximo abril en Francia. “No. Basta. ¿De acuerdo? Ustedes no me conocen o me conocen mal”, responde la alcaldesa de París en una entrevista con EL PAÍS y otros medios internacionales.

Las alarmas están en rojo para la candidata socialista al palacio del Elíseo. Sondeo tras sondeo, queda por debajo del 5%. Algunos le dan una expectativa de voto de poco más del 3%. “El Partido Socialista [PS], al borde del ataque de nervios”, titulaba el martes Le Monde un artículo que reflejaba las tensiones entre la candidata y la cúpula del partido.

Históricos del PS, como el expresidente François Hollande, coquetean con presentarse también y añadir confusión a la confusión. Y este domingo la política franco-española quedó en quinta posición, por detrás de sus principales competidores en la izquierda, en las llamadas primarias populares. Hidalgo había rechazado participar en este voto por internet y, aun así, los organizadores la incluyeron entre los candidatos.

“La primaria popular no tendrá ninguna consecuencia en mi candidatura”, declaró Hidalgo en la entrevista, celebrada la semana pasada, antes del voto, en su sede de campaña en París. Lo volvió a confirmar después de la votación.

Estas primarias, en vez de lograr su propósito inicial, que era unir a la izquierda, la han dividido más. El resultado ha reducido las probabilidades de colocar a un candidato entre los dos más votados en la primera vuelta de las presidenciales, el 10 de abril, y clasificarlo para la segunda, el 24 de abril.

“[El resultado de las primarias] conduce sobre todo a una candidatura más”, comentaba este martes Hidalgo en un correo electrónico. La vencedora fue la exministra Christiane Taubira, que se suma así a las candidaturas del populista Jean-Luc Mélenchon, el ecologista Yannick Jadot, el comunista Fabien Roussel e Hidalgo. Excepto Taubira, que podría atraer a una parte del voto socialista y debilitar aún más a Hidalgo, ningún otro candidato de peso reconoció el resultado.

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La alcaldesa de París sostiene que ella es la candidata en mejores condiciones para ganar la presidencia si se clasificase para la segunda vuelta. Su argumento es que tanto Mélenchon como Jadot —los candidatos de izquierdas mejor situados en los sondeos hoy— se encuentran demasiado lejos del centro para sumar los votos de la mayoría de franceses.

“Estoy en un lugar del tablero político en el que ni los verdes ni la extrema izquierda pueden cuestionar mi determinación ni en las cuestiones ecológicas ni sociales. Y, de otro lado, soy capaz de reunir, en torno a mi candidatura, desde el centroizquierda hasta el centroderecha. Ocurrió en España con Pedro Sánchez: Pedro era el único que podía unir a los españoles, no [Pablo] Iglesias”.

Soy capaz de reunir, en torno a mi candidatura, desde el centroizquierda hasta el centroderecha

Los socialistas franceses parecen ir a contracorriente de la tendencia europea. En otoño el socialdemócrata Olaf Scholz ganó en Alemania y se convirtió en canciller. El domingo, el primer ministro socialista, António Costa, triunfó en las elecciones en Portugal con mayoría absoluta, “una nueva y muy bella victoria del campo socialdemócrata en Europa”, celebró el martes Hidalgo en respuesta a una pregunta escrita de EL PAÍS.

“Durante toda su campaña”, analiza la candidata, “António Costa supo mantenerse fiel a valores que comparto y que me inspiran día a día: los de la coherencia, la estabilidad, la razón y el pragmatismo”.

Hidalgo destaca que Costa ganó con “un programa realista para las portuguesas y los portugueses”, y de paso desmintió “las predicciones de los institutos de sondeos que le daban diez puntos por debajo del resultado que obtuvo”. Y añade: “A imagen de António Costa, a quien he felicitado vivamente, continuaré haciendo campaña sin dejarme distraer por las encuestas de opinión y manteniéndome leal a mis convicciones”.

Hidalgo avisó en todo caso, durante la entrevista la semana pasada, de que en Francia la campaña realmente no ha empezado. Hay que esperar a que el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, se declare oficialmente candidato. Y a que el 4 de marzo se cierre el plazo para que los aspirantes hayan presentado las 500 firmas necesarias de alcaldes, parlamentarios y otros cargos electos, requisito necesario para oficializar la candidatura. La alcaldesa no debería tener ningún problema para obtenerlas, pues cuenta con la infraestructura del PS, bien implantado en el ámbito local.

A partir de principios de marzo, según la candidata, “las cosas irán muy rápido, y las francesas y franceses, sobre todo a la izquierda, se dirán: ‘Si hay una mínima posibilidad de ganar, ¿a quién apoyamos para intentar estar en la segunda vuelta?”. Y añade: “Esperen, tengan paciencia: aún no ha llegado el momento en el que se dará verdaderamente el pistoletazo de salida y las cosas suben y bajan rápido”.

El momento es crítico para Francia, según la candidata socialista. “¿Se imaginan en qué estado estaría el país con cinco años más de Emmanuel Macron?”, se pregunta. “Puedo decírselo: en un estado deplorable. Porque sería ingobernable, imposible de gestionar. No ha entendido a los franceses, no ha entendido el país. Se sitúa en esta arrogancia, en esta distancia, en este desprecio”. Y cita algunas de las frases polémicas que han marcado el quinquenio de Macron, como cuando habló de “la gente que no es nada” o dijo que quería “fastidiar” o “joder” a quienes rechazaban vacunarse contra la covid. “Son frases extremadamente hirientes”, comenta. “Es así como ve a los franceses, de una manera muy infantil. Están él y un pueblo de niños esperando la palabra divina. No hay democracia en el mundo que funcione así”.

Macron no ha entendido a los franceses, no ha entendido el país

Hidalgo habría querido una unión de la izquierda, y en diciembre propuso a Jadot —un ecologista moderado y con perfil parecido al suyo— y a otros candidatos unas primarias para presentar una candidatura conjunta. Sin éxito.

Cuando se le pregunta qué resultado sería satisfactorio para ella, responde: “No me proyecto en un resultado satisfactorio o no satisfactorio, con un like o un corazón”. ¿Los sondeos? Hidalgo recuerda que en París algunos la daban perdedora antes de salir reelegida con claridad en 2020.

“No estoy en el 3%. ¿De acuerdo? No estoy en el 3%”, zanja. ¿Dónde está entonces? “No tengo sondeos porque cuestiono en gran parte su método”.

En el PS, la tradición de puñaladas por la espalda es larga, y en artículos de prensa y comentarios corren desde hace semanas todo tipo de especulaciones sobre un posible golpe palaciego para sustituir a Hidalgo por otro candidato.

El último en insinuar que podría presentarse es Hollande. “De momento, no soy candidato”, dijo el expresidente en enero durante una reunión con estudiantes. “Pronto tomaré la palabra”, prometió. En la entrevista, Hidalgo se limita a comentar: “François tiene mucho humor. Lo conozco bien”.

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Ante las quejas rusas por el despliegue de tropas aliadas cada vez más cerca de sus fronteras, Washington asegura en su respuesta escrita a Moscú, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que la presencia de fuerzas estadounidenses y de la Alianza Atlántica en el Este de Europa es “limitada, proporcionada y acorde con los compromisos” alcanzados en el marco del Consejo OTAN-Rusia.

Estados Unidos alega que se ha abstenido de desplegar “sustanciales fuerzas de combate adicionales o armas nucleares”, tal como prometió, y que sus tropas son actualmente la cuarta parte de las que había al final de la Guerra Fría. Advierte, no obstante, de que ulteriores aumentos de las posiciones de fuerza rusas o agresiones contra Ucrania “obligarían a Estados Unidos y sus aliados a reforzar” su despliegue defensivo en el Este de Europa.

También la Alianza combina la mano tendida con la advertencia. Por una parte, ofrece a Moscú un restablecimiento pleno de sus relaciones, volviendo a abrir sus respectivas embajadas, cerradas desde octubre pasado, y asegura que “la OTAN no busca la confrontación”, pero agrega que no puede comprometer los principios sobre los que se basa la seguridad euroatlántica, incluido el artículo 5º del Tratado de Washington, según el cual “un ataque contra un aliado sería considerado un ataque contra todos”. “Tomaremos todas las medidas necesarias para defender y proteger a nuestros aliados y no comprometeremos nuestra capacidad para hacerlo”, advierte.

Como la respuesta estadounidense, la de la OTAN propone una serie de medidas de confianza, entre las que incluye la propuesta rusa de establecer un teléfono rojo de carácter civil para contactos de emergencia, además de hacer pleno uso de los canales militares de comunicación para promover la previsibilidad y transparencia, y reducir riesgos. Mientras el documento de Washington acusa a Rusia de haber realizado grandes ejercicios militares sin aviso previo, la OTAN propone bajar el umbral de fuerzas a partir del cual las maniobras deben ser notificadas. También plantea la realización de consultas para prevenir incidentes en el aire y el mar, mientras que Washington denuncia las peligrosas maniobras de cazas rusos sobre buques aliados en aguas internacionales o la vulneración de la libre navegación en el mar Negro o el de Azov, al noreste de Crimea.

La OTAN pide a Rusia que reanude la aplicación del Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE), volviendo a participar en el grupo de consultas y proporcionando información detallada sobre sus tropas, como establece el tratado.

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Las preocupaciones de la Alianza no se limitan a la guerra convencional. Propone a Moscú “promover un ciberespacio libre, abierto, pacífico y seguro”, mediante la realización de consultas para “reducir las amenazas en el ciberdominio”, asumiendo las obligaciones legales internacionales y los protocolos voluntarios de conducta responsable en el ciberespacio, “y desistiendo todos los Estados de realizar ciberactividades maliciosas”. No se trata de una demanda retórica: en plena escalada de la tensión bélica, Ucrania ha sido víctima de ciberataques atribuidos a Rusia.

La OTAN también propone a Moscú mantener consultas para reducir las amenazas a los sistemas espaciales, promoviendo un comportamiento responsable en el espacio. En concreto, reclama a Rusia que se abstenga de realizar pruebas de destrucción de satélites en el espacio, “que crean una gran cantidad de basura espacial”. Todos estos asuntos deberían abordarse en una serie de reuniones temáticas después de que, el pasado 12 de enero, se reuniera el Consejo OTAN-Rusia, por primera vez en casi dos años.

Cautela o pesimismo

A juzgar por su tono, la Alianza Atlántica aborda con gran cautela, cuando no pesimismo, las conversaciones con Rusia. “Durante más de 30 años, la OTAN ha trabajado para construir una asociación con Rusia”, se queja en su documento. No solo le tendió una mano amiga al final de la Guerra Fría, alega, sino que firmó el acta OTAN-Rusia y creó el consejo bilateral. “A ningún otro socio se le ha ofrecido una relación comparable o marco institucional similar”, subraya la Alianza Atlántica. “Frente a ello, Rusia ha roto la confianza en el corazón de nuestra cooperación y desafiado los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad euroatlántica”, se lamenta.

“Continuamos aspirando a una relación constructiva con Rusia cuando sus acciones lo hagan posible”, agrega el escrito de la Alianza Atlántica. “Animamos a Rusia a comprometerse en un diálogo significativo sobre los asuntos que preocupan a los miembros de la Alianza en el Consejo OTAN-Rusia para conseguir resultados tangibles”. Pero, advierte, “la reversión del [actual] despliegue militar ruso en Ucrania y su entorno será esencial para [conseguir] progresos sustantivos” en las futuras conversaciones.

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A dos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, las calles de la capital china ya relucen con una combinación de los adornos por el Año Nuevo lunar, el logo de los cinco aros y la mascota de Pekín 2022, un oso panda esquiador. “Juntos ganaremos”, proponen los anuncios de las empresas patrocinadoras que inundan la ciudad. “No vamos a ahorrar esfuerzos para presentar unos grandes Juegos al mundo. El mundo está mirando a China, y China está lista”, ha asegurado el presidente de la segunda potencia del mundo, Xi Jinping. No todo el mundo está convencido.

Con el país transformado en la segunda economía del planeta, un Gobierno chino, que se prepara para su renovación y para la histórica confirmación de un tercer mandato de Xi en el 20º Congreso del Partido Comunista el próximo otoño, quiere aprovechar los Juegos como una vía para exhibir su potencial y reforzar su prestigio, tanto entre sus ciudadanos como en el exterior. “Organizar grandes acontecimientos deportivos como los Juegos de Invierno supondrá la oportunidad de reforzar la influencia de la cultura china, el alcance de las noticias y el poder blando del país”, declaraba Xi en una reciente visita a las instalaciones de Pekín 2022.

Pekín ha prometido que las 26 instalaciones deportivas se alimentarán por completo de energía renovable, en una muestra de la voluntad de China de establecerse como líder global en innovación y alta tecnología. Ha invertido más de 3.900 millones de dólares [unos 3.462 millones de euros] en infraestructuras olímpicas. Y trabaja a contrarreloj para controlar pequeños brotes de covid que han surgido en los últimos dos meses, incluso en la propia capital. Con ese fin, no se han puesto entradas a la venta: el único público serán pequeños grupos que acudan por invitación.

“China quiere unos Juegos exitosos y con mínimos brotes de covid, en el que las cámaras muestren unos paisajes extraordinarios que ayuden a promover esos lugares como destinos de ocio que atraigan a las clases más altas en China. Un símbolo de que China se ha hecho rica y tiene una clase acomodada que puede disfrutar de deportes como el esquí”, opina Susan Brownell, experta en deporte chino de la Universidad Missouri-St. Louis.

Esa imagen benévola cala, sobre todo, lejos de las órbitas de Washington o Bruselas. No es casualidad que entre los líderes que han confirmado su asistencia se encuentren el presidente argentino, Alberto Fernández, o el ecuatoriano, Guillermo Lasso. También el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, el líder egipcio, Abdelfatá al Sisi, o el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y, por supuesto, el presidente ruso, Vladímir Putin, que se reunirá con Xi cara a cara por primera vez en dos años en plena escalada de tensiones entre Moscú y Occidente en torno a Ucrania.

En los países más desarrollados, donde la imagen de China ha sufrido un fuerte deterioro en particular a raíz de la crisis del coronavirus, disputas económicas y políticas y denuncias sobre la situación de los derechos humanos, las posiciones están mucho más endurecidas. El macroevento deportivo ya se ha convertido en otra fuente más de fricciones entre China y Occidente: Estados Unidos y sus aliados han declarado un boicoteo diplomático; los defensores de los derechos humanos denuncian graves abusos de Pekín en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong; y continúa la polémica en torno a las denuncias de abuso sexual de la tenista Peng Shuai.

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Boicoteo a los Juegos

En una aparente referencia al boicoteo diplomático el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, exigía la semana pasada al secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, que Washington deje de entrometerse en la celebración de los Juegos. China ya había reclamado que no se “politizasen” los Juegos y había advertido de consecuencias para los países que se sumen a ese castigo.

La medida de Estados Unidos implica que este Gobierno no enviará altos cargos a presenciar el evento, pero sus deportistas sí participarán. La Casa Blanca justifica el boicoteo por el “genocidio actual y los crímenes contra la humanidad en Xinjiang y otros abusos contra los derechos humanos”.

Una coalición de 243 organizaciones defensoras de los derechos humanos, encabezadas por Human Rights Watch, ha lanzado una campaña para que los gobiernos se sumen al boicoteo contra unos Juegos que se celebran —denuncia HRW— “en medio de crímenes atroces y graves violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno chino”. Por su parte, Amnistía Internacional, que pide la puesta en libertad de cinco disidentes encarcelados, apunta que “la audiencia internacional no puede ignorar deliberadamente lo que ocurre en otras partes de China: hay abogados y activistas encarcelados por su trabajo pacífico; sobrevivientes de agresiones sexuales a quienes se castiga por denunciar; se estima que cada año se ejecuta a miles de personas; los grupos étnicos musulmanes son sometidos sistemáticamente a internamiento masivo, tortura y persecución”.

A las críticas que ya existían se le ha sumado desde el otoño pasado el caso de la tenista de élite Peng Shuai, que desapareció durante tres semanas después de que su cuenta en redes sociales publicara una acusación por abuso sexual contra un antiguo alto cargo chino. Sus reapariciones posteriores en varios actos públicos —incluida una conversación telemática con el presidente del COI, Thomas Bach— no convencieron a quienes sospechaban de que la deportista hubiera sufrido represalias.

Mientras, continúan las protestas —el Open de Australia ha visto a parte del público lucir camisetas preguntando sobre el paradero de la tenista— y Bach ha prometido comer con Peng durante los Juegos, un compromiso que el COI ha reiterado a la llegada de su presidente a Pekín esta semana.

Incluso algunos patrocinadores occidentales del evento guardan distancias y están haciendo poco uso de los emblemas olímpicos en sus productos fuera de China, aunque han pagado hasta 100 millones de dólares por esos derechos. “Es algo a lo que prestar atención estas semanas. La cuestión de que China sea el anfitrión es algo que verdaderamente preocupa a algunos de ellos. Tienen que sopesar el equilibrio entre cómo se presentan dentro de China y cómo se promocionan fuera de ella”, apunta Heather Dichter, profesora asociada en la universidad británica De Monfort de Leicester y experta en política de las Olimpiadas. “En cierto modo, esto también daña la posición internacional de China”, agrega.

Aunque el boicoteo estadounidense parece haber tenido un eco limitado hasta el momento. Únicamente nueve Gobiernos, entre ellos, los de Australia, el Reino Unido, Canadá o Dinamarca, han anunciado que no enviarán representantes políticos al acontecimiento. Según Brownell, la experta de Missouri-St.Louis, “insuficientes para que resulte efectivo”.

En opinión de Brownell, es posible que las actuales tensiones diplomáticas en torno a la competición caigan en el olvido una vez comiencen las competiciones deportivas y la atención de público y medios se centre en las actuaciones de los atletas.

“Lo que deja huella de unos Juegos son las actuaciones deportivas”, subraya esta académica. “Antes de unos Juegos siempre hay polémicas, pero tienden a olvidarse una vez que llega la ceremonia de inauguración. A partir de entonces, el protagonismo pasa a los atletas”.

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El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inició este martes la ronda de audiencias con los ocho partidos que han logrado representación en el Parlamento en las elecciones anticipadas celebradas el domingo. El contagio por coronavirus del primer ministro, António Costa, que se someterá a un aislamiento de siete días, le impedirá acudir a la audiencia del miércoles en el Palacio de Belém. Durante la campaña, el candidato socialista participó en numerosos actos y arruadas (paseos) con simpatizantes.

La expectación que generaba la ronda de consultas de Rebelo de Sousa en un escenario de gobierno minoritario, como vaticinaban las encuestas, ha desaparecido tras la mayoría absoluta del Partido Socialista. El presidente de la República pidió estabilidad política en su discurso de Año Nuevo y las urnas se la han concedido: “Una Asamblea de la República y un Gobierno con legitimidad renovadas para los próximos cuatro años”.

Desaparecida la inestabilidad, a Rebelo de Sousa se le reclamará ahora que ejerza de contrapeso para evitar los excesos que pueda cometer un Gobierno con las manos libres como el que tendrá António Costa tras lograr la segunda mayoría absoluta que alcanza el socialismo portugués desde 1975 [ha habido otras cuatro de la derecha]. Hasta ahora, la convivencia entre ambos, a pesar de que se sitúan en familias políticas antagónicas (Rebelo de Sousa fue líder del conservador Partido Social Demócrata), ha sido tan buena que los socialistas apoyaron la reelección presidencial de Rebelo de Sousa hace un año en detrimento de la candidata socialista, Ana Gómez. Esto no impide que haya habido fricciones entre Belém, sede de la Presidencia de la República, y São Bento, residencia del primer ministro, como ocurrió hace meses a propósito del relevo en la cúpula de la Armada.

En la noche electoral, António Costa tendió la mano al diálogo a los otros partidos, pero también fue claro sobre las líneas que marcarán su mandato: “Seremos fieles al programa socialista, sobre todo aquello que constaba en los Presupuestos del Estado que no fueron aprobados”. El apego de Costa al documento presupuestario frustrado quedó claro en campaña, cuando lo mostró en el plató de televisión al final de su debate con el candidato del PSD, Rui Rio, para señalarlo como el camino que seguiría si ganaba los comicios. Aunque respetaba el equilibrio presupuestario (las famosas “contas certas”, cuentas correctas), había concesiones a los antiguos socios de la geringonça (el acuerdo parlamentario con el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués) en materia social y salarial y que fueron insuficientes para llegar a un acuerdo.

Entre las decisiones más inmediatas que el nuevo Gobierno podría tomar figuran la rebaja fiscal en la tributación de la renta para un millón y medio de hogares, el aumento de las pensiones más bajas o la gratuidad progresiva de las guarderías, así como medidas laborales acordadas con empresarios y sindicatos en la llamada Agenda del trabajo digno. En campaña Costa prometió poner en marcha reformas en materia de justicia y, sobre todo, en la economía para intentar sacar al país del furgón de cola de la UE. Aunque la cifra de paro es baja (6,1%), la tasa de riesgo de pobreza en 2019 era del 16,2%. En diciembre el Gobierno presentó una estrategia nacional para tratar de rebajar ese porcentaje al 10% (algo más de un millón de personas) antes de 2030. La subida de los sueldos es una de las medidas para atajar la pobreza entre trabajadores en activo. El salario mínimo para 2022 es de 705 euros, uno de los más bajos de Europa.

Los fondos de recuperación europeos (16.600 millones de euros) son el oxígeno que el Gobierno luso quiere trasladar a la economía para cambiar su modelo, con el refuerzo de las exportaciones, la apuesta por la energía verde y la transformación digital. “En Portugal conviven dos Portugales: el que se formó antes de 1974 en un sistema deficiente y el que lo hizo después con un modelo educativo bueno. Para cambiar el modelo económico necesitamos hacer una transformación digital y no queremos dejar a nadie sin un mínimo de competencias tecnológicas para evitar la exclusión social y económica”, explicaba días atrás en una entrevista a este diario el secretario de Estado para la Transición Digital, André de Aragão Azevedo. Un 23% de los portugueses nunca había utilizado internet en 2019. El porcentaje es ahora del 16%.

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En el ámbito social, Costa ha asegurado que quiere apuntalar el Sistema Nacional de Salud, exhausto tras la pandemia y renqueante desde los recortes de la troika. Más de un millón de portugueses no tienen médico de familia. En varios hospitales ha habido dimisiones en bloque por la falta de recursos y el agotamiento del personal. En educación, donde los indicadores han mejorado en los últimos años, se perfila como un problema grave la falta de profesores para cubrir las jubilaciones futuras.

António Costa pretende también abordar la reforma territorial, con un nuevo referendo sobre la división de la parte continental del país en cinco regiones. Ha prometido una consulta en 2023. En la anterior, realizada en 1998, la regionalización recibió un rechazo del 63%.

Para acometer los cambios el líder socialista ya avisó en campaña de que haría un Gobierno más reducido. El actual tiene 19 ministerios y 50 secretarías de Estado.

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Humberto de la Calle, cabeza de la lista al Senado por la Coalición de la Esperanza, este martes en Bogotá.
Humberto de la Calle, cabeza de la lista al Senado por la Coalición de la Esperanza, este martes en Bogotá.Camilo Rozo

Humberto de la Calle (Manzanares, Caldas, 75 años) lo ha sido todo en la política colombiana. El jefe negociador del Gobierno que selló el acuerdo de paz con las FARC —hoy desarmadas y convertidas en partido político— también fue protagonista de la Constituyente de 1991, vicepresidente e intentó, hace cuatro años, una fallida candidatura presidencial. En ese entonces, Sergio Fajardo, el candidato que representaba al centro político, se quedó por fuera de la segunda vuelta que disputaron Iván Duque y Gustavo Petro, en gran medida debido a que no logró cerrar a tiempo un acuerdo para converger con De la Calle.

En estas elecciones, el exnegociador de paz surge como víctima inesperada de la enésima crisis en el centro, que prometía aprender de los errores del pasado. Ingrid Betancourt decidió el sábado abandonar intempestivamente la Coalición Centro Esperanza que ambos ayudaron a forjar, para presentarse por su cuenta a las presidenciales de mayo. De la Calle, uno de los arquitectos de la alianza, es la cabeza de la lista al Senado, pero concurre formalmente por el partido Verde Oxígeno de Betancourt. “Me siento atrapado en las circunstancias”, le dice a EL PAÍS sobre la incertidumbre jurídica que ahora rodea su respaldo al candidato presidencial que surja de la consulta del próximo 13 de marzo, que coincide con las legislativas.

Pregunta. ¿Qué representa para Colombia y su futuro este escenario electoral fragmentado, en el que las fuerzas de centro además lucen enfrentadas?

Respuesta. Significa un cierto grado de preocupación. Colombia enfrenta tres decisiones posibles este año, y las dos soluciones extremas en mi opinión son inconvenientes. Esa es la razón por la cual configuramos esto que se ha denominado la Coalición de la Esperanza, y lo que pretende, para decirlo en esencia, es mantener la ruta del Estado Social de Derecho, la aplicación genuina de la democracia. Lo cual significa huir de los extremismos, del caudillismo, del populismo, y también de la ferocidad y del exceso de emoción. Lo que queremos es una postura política razonable, seria, responsable. Que incorpore el cambio, porque Colombia no puede seguir como va. El Gobierno ha fracasado en todos los frentes. Es necesario el cambio en serio, pero es necesario un cambio serio.

P. En el primer punto del acuerdo original de la coalición los precandidatos presidenciales se comprometían a competir de manera franca y leal, y a que imperaría el espíritu de confianza. El choque entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria, y la salida de ella para ser candidata por su cuenta, fueron muy públicos. ¿Qué dicen esas acusaciones de los políticos colombianos? ¿Les ha faltado grandeza?

R. Aquí el lema fundamental debe ser la responsabilidad. Cuando originamos esta Coalición de la Esperanza hace ya dos años entendimos que la configuración era difícil, porque es inédita en Colombia. Aquí ha habido alianzas para presidente, pero no para Congreso, y estamos hablando de seis partidos. El mensaje pedagógico para Colombia es “podemos ofrecer soluciones colectivas, no caudillistas, dentro de un marco de discrepancias razonadas”. Lo que ha ocurrido es una ruptura que nos ha hecho daño, tengo que reconocer eso con franqueza. Y que debió tramitarse razonablemente. La prueba de eso es que la propia coalición dictó un documento de estándares rigurosos sobre esas adhesiones discutidas. Y allí me parece que estaba el acuerdo. Era innecesario que la doctora Betancourt se retirara. El tema planteado es serio. En Colombia, en efecto, los partidos tradicionales han utilizado el clientelismo, y el clientelismo generalmente produce corrupción. Luego el planteamiento del problema no es equivocado, lo que fue equivocado fue el trámite, que pudo y debió haber sido superado con la mira puesta en la responsabilidad.

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P. ¿Cómo evitar que el centro vuelva a dejar de ser una opción presidencial en Colombia, como ya ocurrió hace cuatro años?

R. Lo que precisamente no queremos es repetir la experiencia del 2018, cuando el centro naufragó por esas dos grandes aspiradoras industriales que se robaron la mayoría de los electores. Lo que estamos haciendo en la coalición es reafirmar el mensaje, desplegar mayor actividad y sobretodo reafirmar el voto sagrado de que quien triunfe el 13 de marzo recibe el apoyo de todos, sin ninguna vacilación. Yo quisiera pedirle a los colombianos un poco de paciencia, en el sentido de que vamos a reafirmar la unión del centro y mantener nuestra vigencia.

P. ¿No se aprendieron las lecciones de entonces?

R. De alguna manera, sí. Estamos jugando con el fuego del 2018 y eso es lo que tenemos que evitar. Bienvenidas las discrepancias por dentro de la coalición, eso es un ejercicio inédito, pero el llamado del momento es responsabilidad de todos, tolerancia y mantener la ruta de las soluciones internas producto de esa tolerancia y de la reflexión.

P. La retirada de Betancourt lo deja atrapado en una guerra de interpretaciones jurídicas, pues al usted estar inscrito por su partido, Verde Oxígeno, podría incurrir en doble militancia. El tema es un poco técnico, pero en esencia, ¿están en riesgo sus derechos políticos de respaldar al candidato presidencial de la coalición? ¿teme ya no poder hacerlo?

R. Es uno de los mejores enfoques que he oído. Voy a tratar de detallar esto. Adoptamos en 1991 reglas sobre disciplina y fidelidad partidaria. Esas normas prohíben a los candidatos de un partido votar por otro, o hacerle campaña. Y eso tiene una lógica. De lo que se trata es de evitar este trasiego de candidatos que como picaflores chupan en todos los partidos en su beneficio. Esas normas –reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia– son normas imperativas, que no pueden ser derogadas por pactos internos de los partidos. Conformamos esta coalición, que políticamente además se basa en el juramento supremo de ir a la consulta y respetar el resultado.

P. Esa era la situación en el momento en que se inscribió

R. Aquí se presenta una circunstancia absolutamente insólita, inédita. En la medida en la fui avalado por el partido Verde Oxígeno, pero en el marco de una alianza, y así quedó registrado, esto cambia no por decisión mía, si no por conductas ajenas. Aquí hay un problema de mis derechos políticos, porque me siento obligado a cumplir mi compromiso inicial. Soy fundador de la coalición, y no puedo cambiar de ruta. Elevé una consulta al Consejo Electoral para que examinara si en la circunstancia concreta puede haber un tratamiento distinto. Estoy a la espera, pero entretanto sigo en mi campaña. Lo que quiero transmitir más allá de tecnicismos es que yo sigo firme en el mensaje central, original. Si se me impide hacer campaña por el elegido, continuaré en la coalición en el rango y la tarea que me corresponda, pero no voy a desistir porque creo que este es el camino para Colombia.

P. Usted ha dicho que la oportunidad de contar con una fuerza de centro que represente a la mayoría de los colombianos “no puede depender de aventuras individuales que lejos de construir destruyen”. ¿El nuevo escenario lo deja atado a la candidatura presidencial de Ingrid Betancourt, que nunca fue su compromiso? Para sacarlo del lenguaje técnico, ¿Se siente atrapado por esa candidatura presidencial?

R. Me siento atrapado en la circunstancia jurídica que hemos descrito. Y mi vocación no es hacer campaña por un individuo que no sea elegido en la consulta. Llámese Ingrid o quien sea, no quiero personalizar esto. Mi compromiso supremo es que apoyo al que gane el 13 de marzo, dentro de esa coalición, y a nadie por fuera.

P. ¿Cómo entender el cambio de papel de Ingrid Betancourt, que ingresó a la coalición como una amigable componedora?

R. Insisto en no personalizar esto. Pero lo que sí me parece es que, respetando su resistencia a ese tipo de alianzas, esto debió haberse tramitado sin menoscabo de la unidad de la coalición.

P. ¿La coalición de centro ha dejado de representar la esperanza?

R. Yo confío en que logremos remontar esto. Es como una especie de Cabo de Hornos, tan pronto pase la turbulencia tenemos 45 días para recomponer nuestro mensaje y que los colombianos nos entiendan.

P. ¿Los grandes ganadores son los extremos representados en el expresidente Álvaro Uribe y el candidato Gustavo Petro?

R. No me queda ninguna duda. Y justamente eso es lo crítico de esta situación. Claro, deben estar burlándose de nosotros.

P. La popularidad del presidente Duque está por el piso. ¿Estas elecciones deberían representar el fin del uribismo?

R. Yo espero que sí, francamente. Me parece que el llamado Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, ha fracasado en temas como la seguridad. El mensaje del Centro Democrático era que habíamos ido a La Habana a entregar el país a la guerrilla, una falsedad absoluta. Lo que está ocurriendo es que después de la firma del acuerdo hubo un momento de paz en Colombia y nos hemos devuelto, en una situación donde ha aflorado de nuevo una violencia absolutamente aterradora. En el 2021 tuvimos 92 masacres, más de 300 firmantes de la paz han sido asesinados. Se roban en las ciudades 800 celulares diarios más que la cifra del año 2020. Luego hay una crisis de seguridad. La tradicional de los grupos armados en el campo, y también en las ciudades. Muchos colombianos temen salir a la calle. Eso contraviene la promesa del Gobierno, pero además es producto de haber desoído la hoja de ruta que pactamos en La Habana. Es uno solo de los múltiples descalabros del Gobierno. El cambio es necesario.

P. ¿Se ha cerrado la ventana para alcanzar la paz en Colombia que abrió el acuerdo que usted negoció en La Habana?

R. No lo creo. Hay elementos del acuerdo que ya son inderogables. Toda esa diatriba del Gobierno contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido superada. El propio Gobierno finalmente ha tenido que venir diciendo ante la comunidad internacional que cumple el acuerdo, y que respeta la institucionalidad que de allí se deriva. Pero hay elementos donde las omisiones del Gobierno han sido protuberantes. La reforma rural integral es un elemento clave, estratégico para Colombia, ese no es un problema ideológico. La segunda omisión es dramática, porque es lo que se llamó la reforma política, que es el punto dos del acuerdo. No hay una coma de desarrollo de estas ideas. Lo que tenemos es un mensaje de odio, de pugnacidad, una resistencia muy grande del Gobierno a entender que el camino es la reconciliación.

P. En el otro lado, justamente Alejandro Gaviria ha defendido que él es más progresista que Gustavo Petro, que se ha aliado incluso con pastores cristianos. ¿Es la Coalición Centro Esperanza más progresista que el Pacto Histórico?

R. Yo creo que sí. Dentro del ideario de Gustavo Petro veo cosas razonables, pero también con una mezcla de elementos del pasado que terminan siendo retardatarios. El problema de Gustavo Petro en mi opinión no el de sus propuestas, es legítimo discutir sus ideas en democracia, encuentro algo más profundo, que es la incapacidad de brindar confianza a la mayoría de los colombianos. Ese es mi diagnóstico.

P. ¿El discurso de la anti política ha terminado por hacer daño a la democracia colombiana?

R. De alguna manera sí. Yo entiendo que es muy atractivo, porque como hay una gran insatisfacción, e incluso indignación, la que ha venido sufriendo los golpes es la democracia representativa, y no solo en Colombia sino en el mundo. Esto distorsiona el discurso y la gente en su desespero se deja llevar por estos cantos de sirena de personas que, como ocurrió en Estados Unidos, lo que ofrecen es odio y emociones. Hay un grado de insatisfacción, agravado por la pandemia, que es razonable. Tenemos que lograr salir de esto sin esos desbordamientos populistas.

P. ¿Cuál es su propósito en el Senado?

R. Fundamentalmente servir de muro de contención, tratar de evitar desbordamientos. Me moveré en temas de reforma política, cuidado del medio ambiente, igualdad de género y la defensa de las libertades, que creo están en riesgo. Soy partidario de la liberación del aborto, de la eutanasia, de permitir que parejas del mismo sexo puedan incluso adoptar hijos. En mi caso hay una mezcla de experiencia, pero de ideas de avanzada.

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Si no se produce ningún giro inesperado, Luiz Inácio Lula da Silva será el próximo presidente de Brasil. Sin embargo, el paisaje de las elecciones brasileñas de octubre carece del entusiasmo, la energía y la esperanza que movieron, por ejemplo, las recientes elecciones en Chile. Gabriel Boric, un joven líder que representa a las fuerzas emergentes del país, encarna los anhelos de un Chile más inclusivo y conectado con los desafíos de la crisis climática. Ya en Brasil, el objetivo principal es menos poner un nuevo proyecto en el poder y más derrotar el proyecto que ahora está devorando el país desde dentro. Para una parte de la sociedad brasileña, votar a Lula no es tanto una apuesta por un Brasil creador y creativo sino una reducción (significativa) de daños para un pueblo desesperado.

Es una elección fácil para cualquiera que tenga el más mínimo aprecio por la democracia. Por un lado, está Bolsonaro, un hombre perverso que ha contribuido deliberadamente a que murieran más de 600.000 brasileños por covid-19, ha puesto a la Amazonia muy cerca del punto sin retorno y ha destruido parte del marco de derechos. Por el otro, está Lula, que dejó el poder con casi el 90% de aprobación, el ascenso social de 29 millones de personas y políticas públicas decisivas para la inclusión de los negros como ciudadanos. La obviedad de la elección, sin embargo, no elimina el carácter melancólico de unos comicios cuyo objetivo principal es sacar a alguien del poder.

En 2002, cuando fue elegido por primera vez, Lula era la mejor oportunidad que tenía Brasil para dejar de ser el eterno país del futuro y convertirse en el país del presente. Lula era lo nuevo. Hoy, a los 76 años, dos mandatos presidenciales después (y un paso por la cárcel por corrupción tras un proceso judicial en entredicho), Lula ya no puede encarnar lo que encarnó en el pasado. Los numerosos aciertos de Lula en el poder lo convierten en favorito, pero esto no significa olvidar la corrupción de su partido en el Gobierno y los horrores producidos contra la Amazonia y sus pueblos en la construcción de grandes presas hidroeléctricas.

Lula ya no representa una utopía, sino lo que es posible. En un país que hoy gobierna un canalla, lo posible es algo a lo que aspirar. Sin embargo, para recrear un país en ruinas se necesita mucho más. Lula tiene ocho meses para convencer a la parte de la sociedad brasileña que anhela un cambio real de que ha aprendido de sus errores, ha hecho al menos un curso intensivo sobre la crisis climática y será capaz de crear un ministerio con más mujeres, negros y personas LGBTQIA+ que los anteriores. Un buen comienzo para este diálogo sería garantizar, por ejemplo, que no se construirán más hidroeléctricas en la Amazonia. Lula tiene la experiencia suficiente para saber que es posible ser elegido para derrotar un proyecto. Para gobernar, sin embargo, es necesario hacer soñar al pueblo.

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