Estado Barinas chavismo
Este resultado y como se cumplieron las elecciones en ese estado, podría abrir un nuevo escenario de lucha política en Venezuela y su impacto en la región. 

Barinas, el pequeño estado llanero en Venezuela, donde también residen muchos colombianos y nació Hugo Chávez, ganó relevancia porque el gobierno de Nicolás Maduro movilizó más de 20 mil soldados en visperas de las elecciones de gobernador.

Noticias Internacionales.

Sergio Garrido, un opositor descrito como tranquilo, sin radicalismo pero que siempre estuvo contra el chavismo y su forma de gobernar, ganó la Gobernación del Estado Barinas este domingo, el bastión de ese movimiento político, social y hasta de culto que creo el fallecido Hugo Chávez, que siguieron sus hermanos y el hoy presidente Nicolás Maduro.

Los resultados electorales fueron, 172. 497 votos para el candidato opositor, y 128 mil para el oficialista.

Barinas, viral

Barinas se puso en el plano noticioso internacional por lo que significa para el chavismo.

A pesar de que miles barineses han protestado, han acudido a elecciones en cada llamado donde en algunas ocasiones llegaron a terminar en fuertes represiones, no había estado en el ojo internacional más allá de ser la ‘cuna de Chávez’.

«Es la tierra de Chávez»; pero no solo eso, estuvo gobernado entre 1998 y 2021, por Hugo Chávez Frías, padre, y por los hermanos Adán y Argenis Chávez.

La Gobernación de Barinas fue ocupada más de 20 años, por la familia Chávez, en varias elecciones, hubo acusaciones de fraude pero nunca se habían repetido.

Además de hermanos, primos y otros familiares ocupando cargos en alcaldías de varios municipios de este estado llanero, pegado al Táchira en la frontera con Colombia.

Repetían elecciones y ‘militarizaron’

El presidente Nicolás Maduro dijo que la movilización de más de 20 mil militares hacia ese estado, era para prevenir hechos violentos y que la jornada electoral, una de las más de 30 que han vivido estos años, «se cumpliera en paz».

Precisamente, cuando se empezaron a viralizar los vídeos, fotos y quejas ciudadanas por ese despliegue de soldados y guardias, el mundo puso sus ojos en estas elecciones.

Que en el marco de la situación que vive Venezuela, significan mucho.

Un bastión del chavismo en disputa.

Eran elecciones repetidas, porque el pasado 21 de noviembre ganó por un estrecho margen, el opositor Freddy Superlano al entonces aspirante oficialista a la reelección, Argenis Chávez.

En ese momento un tribunal frenó la victoria opositora pero fue el mismo Chávez, quien reconoció la derrota y se retiró, pero Superlano tampoco pudo ocupar el cargo.

Fue acusado y le abrieron una investigación (por supuesta malversación de recursos y homicidio) quedando inhabilitado.

Chavismo y oposición

Por años, uno de los contrincantes fuertes del chavismo en ese estado fue el exdiputado Julio César Reyes, a quien presuntamente le hicieron fraude en dos ocasiones.

Desde hace un par de años, no figura en la arena política y señala la oposición, «porque el chavismo lo arrinconó».

Así que el chavismo desde Caracas puso a Jorge Arreaza, yerno del fallecido Chávez, también excanciller. Y la oposición a Sergio Garrido, un exdiputado.

En este caso, la oposición quiso poner a alguien que si bien políticamente no era tan fuerte, si estuviera ‘libre’ de escándalos y problemas.

El domingo en la noche se conocía la victoria en las urnas: la oposición había ganado.

«Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV, indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo», anunció Arreaza.

Temen a los ‘protectores’

Ahora, en Barinas temen que el nuevo gobernador que aún no ha sido juramentado por el CNE para ocupar cargo, no pueda tener real potestad sobre el estado.

En este caso, temen que ocurra como en otras zonas donde la oposición ha llegado a gobernar alcaldías y gobernaciones, desde Caracas se nombran a los llamados ‘protectores’.

Son cargos que se crean para poner practicamente, un gobernante con facultades, poder de decisión y recursos, del chavismo.

Este resultado y como se cumplieron las elecciones en ese estado, podría abrir un nuevo escenario de lucha política en Venezuela.





Source link


El rey Guillermo de Orange, en el centro, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su derecha, posan con otros ministros del nuevo Gobierno, en el palacio real de La Haya, este lunes.
El rey Guillermo de Orange, en el centro, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su derecha, posan con otros ministros del nuevo Gobierno, en el palacio real de La Haya, este lunes.Peter Dejong (AP)

Casi un año de negociaciones ha costado la foto de familia del nuevo Gobierno de Países Bajos, que se ha presentado este lunes junto al rey Guillermo de Orange. Han sido diez meses de tanteo, desencuentros, rechazos y reproches mutuos hasta lograr un pacto que repite la anterior coalición de centroderecha. Son los mismos partidos con muchas caras nuevas y por primera vez una distribución paritaria: hay 10 ministras en un Gabinete de 20, contando al primer ministro.

Liberales de derecha (VVD), liberales de izquierda (D66), democristianos (CDA) y la Unión Cristiana (CU) un partido de inspiración protestante, se reparten otra vez el poder en torno al mismo líder, Mark Rutte, que encabeza así su cuarto mandato consecutivo a los 54 años. El lema de la coalición es “Cuidarnos unos a otros y mirar hacia el futuro”, y empiezan a trabajar en un clima de desconfianza ciudadana en la labor de las instituciones afianzada por las restricciones impuestas por la pandemia.

La toma de posesión se ha producido en el Palacio de Noordeinde, en La Haya, que es utilizado por el rey para su trabajo. Luego, ha tenido lugar la foto de familia en las escaleras exteriores, guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios. Ha habido allí un momento de cierta confusión cuando el grupo ha empezado a dispersarse antes de que el propio rey tomara la iniciativa. Para esta tarde está previsto el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno.

La paridad en la distribución de cargos ministeriales es un hito en Países Bajos. La nueva ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, no ha podido estar presente porque ha dado positivo por covid. Es liberal de izquierda y fue titular de Asuntos Exteriores. Ahora, su lugar al frente de uno de los puestos de mayor relevancia del Ejecutivo puede servirle de trampolín para perfilarse como posible sucesora de Rutte, dado que su partido es hoy el segundo en votos del Parlamento. Kaag ha acompañado a sus colegas por videoconferencia.

Repite también el democristiano Wopke Hoekstra, que también cambia de cartera: de Finanzas a Asuntos Exteriores. En 2020, fue el rostro de la dureza frente a los países del sur de Europa al oponerse de entrada a una propuesta solidaria para combatir la crisis sin lo que consideraba suficiente supervisión y control financiero. Hoekstra acusó las críticas recibidas en el seno de la UE y también a escala nacional, y aunque hubo ajustes y las transferencias estarán condicionadas al cumplimiento de los objetivos acordados, se disculpó por su tono. Como jefe de la diplomacia holandesa tendrá que desplegar todas sus dotes en un puesto que requiere capacidad de persuasión y tacto a partes iguales.

El primer ministro Rutte ocupa el cargo por cuarta vez desde 2010 y ha sobrevivido a la formación más larga de una coalición registrada en su país. Se rodea, además, de ministros con tareas específicas y novedosas. Por ejemplo, la ministra de la Naturaleza y el Nitrógeno (adscrita al ministerio de Agricultura), el de Clima y Energía (en Economía y Clima), o la de Pobreza, Participación y Pensiones (en Asuntos Sociales y Empleo). Hay también una Secretaría de Estado de Minería, en el Ministerio de Interior. Y otra de Digitalización, en el de Interior. Se han abierto departamentos para abordar todos los problemas discutidos durante las negociaciones, un esfuerzo que muestra su habilidad negociadora y también que es ahora un superviviente.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Si bien Rutte se presenta en buena forma, ha conseguido formar gobierno después de ser reprobado por el Parlamento, el pasado abril, por mentir supuestamente durante las negociaciones que han llegado hasta esta toma de posesión. Peleó por su vida política y pudo seguir adelante, aunque con menos brillo. A partir de ahora, no solo seguirá afrontando la contención del coronavirus. Su Gabinete tratará de reducir las emisiones de nitrógeno en la lucha contra el cambio de clima, y buscará la forma de aumentar la construcción de viviendas sin superar los límites contaminantes. Durante esta nueva legislatura se espera, por otra parte, una investigación parlamentaria sobre los daños causados por las extracciones de gas natural en el norte del país. Se ampliará la dedicada al escándalo de los subsidios familiares, que suma unos 48.000 afectados por un fraude que no cometieron, y forzó el pasado enero la dimisión del anterior Gobierno. Y será analizada la gestión misma de la pandemia. Rutte tendrá que emplearse más a fondo que nunca en el que puede ser su último capítulo en el poder.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


Aung San Suu Kyi, en 2019 en Praga.
Aung San Suu Kyi, en 2019 en Praga.MARTIN DIVISEK (EFE)

Un tribunal militar de Naipyidó, la capital birmana, ha condenado este lunes a Aung San Suu Kyi a cuatro años de prisión por posesión ilegal de varios dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia.

La líder de facto del Gobierno que depusieron los militares en febrero de 2021 y premio Nobel de la Paz, que ya cumple desde principios de diciembre una sentencia de dos años por incitación a la violencia y quebrantamiento de las leyes anticovid, ha sido hallada culpable de violar la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones tener sin licencia varios walkie-talkies y un inhibidor de señales.

La Policía encontró dichos dispositivos portátiles en el registro de su domicilio, cuando la detuvo tras el golpe de Estado perpetrado por el Tatmadaw, el Ejército birmano. Sus abogados han argumentado que los equipos no forman parte de sus pertenencias personales y que se utilizaban de manera legítima para garantizar su seguridad. Según fuentes cercanas al caso, las dos penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que terminarían reducidas a dos años.

En otro juicio, también celebrado este lunes, La Dama ―como también se la conoce― ha sido sentenciada a otros dos años en prisión por saltarse las medidas contra la pandemia durante la campaña electoral.

Varias asociaciones de derechos humanos consideran que los veredictos contra Suu Kyi ―acusada en total de once delitos que le podrían suponer más de un siglo entre rejas― no son más que un intento de apartarla de la política.

Las dos penas se suman a las condenas del pasado 6 de diciembre por incitación a las protestas y por infringir los protocolos para frenar la expansión de la covid-19. En un primer momento, el juez dictaminó que debería cumplir cuatro años de cárcel, pero horas más tarde la televisión estatal anunció que se reducían a dos por un indulto parcial concedido por el jefe de la junta militar golpista, Min Aung Hlaing.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Suu Kyi, de 76 años, había permanecido en arresto domiciliario desde la asonada. Sin embargo, a las últimas audiencias judiciales ha asistido vestida con una camiseta blanca y una falda marrón, el uniforme de las presas del país. Se desconoce dónde cumple condena desde diciembre. En los 11 meses que han transcurrido desde su detención, el número de delitos de los que se le acusa no ha hecho más que aumentar, hasta alcanzar los 11. Entre ellos está el de corrupción –que conlleva una pena máxima de 15 años– y el de incumplir la ley de secretos oficiales de la era colonial, penado con hasta 14 años de prisión. De ser declarada culpable de todos, podría ser condenada a hasta 104 años de prisión.

A puerta cerrada

Todos los juicios se están celebrando a puerta cerrada y sin testigos. Las autoridades birmanas decretaron en octubre el secreto de sumario, por lo que sus abogados tienen prohibido conceder entrevistas. A pesar de la presión internacional, la junta militar no ha permitido que nadie se reúna con ella en todo este tiempo.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado los fallos de este lunes. Amnistía Internacional ha expresado en su cuenta de Twitter que las nuevas condenas son “la última actuación de un juicio que resulta una completa farsa”, mientras que Phil Robertson, vicedirector para Asia de Human Rights Watch, ha emitido un comunicado en el que sostiene que “el circo de la junta de Myanmar, en el que los procesos judiciales de los cargos inventados se tramitan en secreto, tiene como objetivo acumular más condenas contra Aung San Suu Kyi para que permanezca en prisión de manera indefinida. Es evidente que el general Min Aung Hlaing y los otros líderes militares continúan viéndola como una amenaza política que debe ser neutralizada”.

“Una vez más, Aung San Suu Kyi se ha convertido en un símbolo de lo que le está pasado a su país y vuelve a desempeñar el papel de rehén político de los militares, determinados a mantenerse en el poder mediante la intimidación y la violencia”, agrega Robertson. La Nobel de la Paz de 1991 ya pasó casi 15 años en prisión entre 1989 y 2010, por liderar el movimiento contra la dictadura militar que gobernó la antigua Birmania durante medio siglo (1962-2011).

El Tatmadaw justifica el golpe de Estado del pasado febrero por el presunto fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi, tal y como había hecho en las elecciones generales de 2015. Después de que los militares tomaran el poder, miles de personas salieron a las calles del país a modo de protesta. A pesar de que las manifestaciones pacíficas han continuado, en medio de la dura represión ejercida por las fuerzas de seguridad, también ha aumentado la resistencia armada, hasta el punto de que analistas internacionales advierten de que podría estallar una guerra civil. Según los datos compilados por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 1.400 personas han perdido la vida a manos del Ejército.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Emmanuel Macron, el viernes en París.
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Emmanuel Macron, el viernes en París.Michel Euler (AP)

No hay paraíso democrático europeo sin soberanía. Y esta, para Francia, empieza por la economía… o, por utilizar algunas de las palabras que emplean los altos funcionarios galos “por la autonomía económica”, que en París creen que debería complementar su histórica reclamación de reforzar la seguridad estratégica de la UE. Cuando la ambiciosa agenda que se ha autoimpuesto el presidente Emmanuel Macron para la presidencia francesa del Consejo de la UE baja a lo concreto, destacan los objetivos fijados en este campo: desarrollo industrial, acelerar la transición hacia las actividades productivas con bajas emisiones de CO₂, impulso tecnológico… Falta por ver si París tendrá suficiente tiempo para desplegarla, porque, en el semestre europeo, los franceses tendrán cuatro citas con las urnas (las dos vueltas de las presidenciales en abril y otras tantas en las legislativas de junio), o esa agenda se quedará en un mero listado de metas con gran potencial para marcar el debate político en el Hexágono en tiempos electorales.

“Tenemos que demostrar que la democracia es mejor que el autoritarismo para la economía”, señalaba un alto funcionario del Gobierno francés días atrás. No había referencia a Pekín en la frase en concreto. No hizo falta. La dijo después de pronunciar un discurso en el que expuso claramente la falta de autonomía de Europa cuando las baterías necesarias para los coches eléctricos llegan de China, más del 90% de los chips semiconductores que se emplean en el Viejo Continente proceden de Taiwán y Corea del Sur y los fabrican empresas como la estadounidense Intel… El nombre del gigante asiático se repite una y otra vez, como los objetivos de “independencia” y “poder”.

En el semestre francés, un punto importante para alcanzar esos objetivos es el desarrollo del mecanismo de ajuste del carbono, una herramienta que grava a los productos importados que no cumplan con los estándares de emisiones de CO₂ en su fabricación. Con esto, la UE pretende que las empresas europeas no compitan en el mercado único con una mano atada a la espalda o deslocalicen su producción. París acoge la idea con entusiasmo y no lo hace por proteccionismo, argumentan en el Gobierno, sino por “exportar” la transición hacia un mundo libre de emisiones a otros países que tendrán que dar pasos en esta dirección si quieren que sus empresas tengan las puertas abiertas de par en par a un mercado de casi 450 millones de consumidores con alto nivel de poder adquisitivo.

También destaca en los planes de Macron, como él mismo subrayó el viernes, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un punto que promete marcar la agenda política europea al menos durante este año. Cambiarlo para hacerlo más flexible y que se abra hueco en los presupuestos públicos para la inversión en “semiconductores, biotecnología, almacenaje en la nube” o transición energética resulta indispensable para impulsar, otra vez, esa “autonomía económica” frente a los dos colosos de la esfera internacional: China y Estados Unidos. Las cifras que se manejan para lanzar esta agenda marean —la Comisión Europea estima que se necesitan 500.000 millones al año hasta 2030 solo para la reconversión climática— y eso es imposible de lograr si se recupera el corsé fiscal existente antes de la crisis provocada por la pandemia.

Bruselas ya ha dado pasos en esta dirección al abrir el debate para la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o al aceptar que su estricta política de vigilancia sobre las ayudas de Estado para evitar ventajas competitivas vaya a ser distinta para permitir el impulso público del sector de los semiconductores. Y Francia piensa que no se debe desaprovechar la oportunidad.

Para el Elíseo, la agenda económica se completa con una pata estratégica. El primer capítulo donde ponen énfasis los mandatarios galos llegará en febrero, cuando se celebrará en Bruselas la cumbre con los países de la Unión Africana. Para Francia, toda la región del Magreb y el Sahel están entre sus prioridades de política exterior desde hace hace años, especialmente la última zona, donde el Ejército francés está desplegado desde hace casi 10 años, a pesar de que ahora se haya anunciado una reducción de los militares desplegados. Aunque el plato fuerte en Defensa se servirá en marzo. A las puertas de las elecciones, la UE celebrará una cumbre con el objetivo de cerrar la autonomía estratégica para la defensa europea, una meta históricamente ansiada por París.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

La ambición de Macron tiene muchas posibilidades de chocar con la realidad de un tiempo político muy corto. Los seis meses de la presidencia francesa se quedarán muy recortados por las campañas electorales. Además, si hay cambio de inquilino en el Elíseo, las prioridades pueden cambiar mucho. Y eso dejando aparte que después de Francia, llega el turno de la República Checa, un país con una visión muy distinta de la de París, por lo que muchos de los temas que no se cierren pueden quedarse abiertos mucho más tiempo de lo planteado o resolverse en otra dirección.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


Un operario, el 15 de diciembre, en una fábrica de equipamiento para cohetes en Ekaterimburgo (Rusia).
Un operario, el 15 de diciembre, en una fábrica de equipamiento para cohetes en Ekaterimburgo (Rusia).Donat Sorokin (Donat Sorokin/TASS)

Empujado por las sanciones, el Kremlin emprendió en 2014 un ambicioso plan económico para sustituir las importaciones por productos nacionales. El castigo de la Unión Europea y Estados Unidos contra las personas y firmas que participaron en la anexión de Crimea, en 2014, y la guerra del Donbás fue respondido por el Kremlin con un veto general a la compra de alimentos a Occidente. En los años sucesivos, y bajo más acusaciones de represión e injerencia en elecciones extranjeras, la lista de sanciones creció mientras que Moscú redobló su apuesta, con mayor o menor éxito, por el “fabricado en Rusia”.

Las ordenes para sustituir las importaciones por productos rusos abarcan todos los sectores imaginables. El Ministerio de Industria creó un portal en el que aparecen todos los planes de sustitución, desde la industria pesada a los medicamentos y el comercio minorista. Por ejemplo, la importación de ropa para niños debía ser reducida del 85% del total en 2016 al 65% en 2021; y los discos de freno de los automóviles del 60% al 20%, respectivamente.

En algunos casos se han logrado avances notables. Las compañías de gas y petróleo, muy castigadas por las sanciones, habrían reducido las importaciones de su equipamiento del 60% al 43% entre 2015 y 2020, según el Ministerio de Industria. Este sector ha sido uno de los objetivos de las medidas punitivas de Washington “para ejercer una presión económica a largo plazo sobre el país”, según reconoció el Congreso de Estados Unidos en un informe de enero del 2020.

En otros casos nada ha cambiado en el mercado. Según un estudio de la Escuela Superior de Economía, al terminar 2020, las importaciones del comercio minorista superaban el 75% del total, con ropa y juguetes por encima del 90%.

“La sustitución de ciertas importaciones no es, per se, proteccionismo. En los años setenta, Japón y Corea del Sur compraron licencias y medios a los extranjeros para empezar a producir ellos mismos y tuvieron éxito”, afirma Alekséi Portanski, profesor de la Escuela Superior de Economía y exjefe de la Oficina para la Adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que se incorporó Moscú en 2012. “Sin embargo, esto debe ser estrictamente planificado: qué sectores concretos queremos cambiar y en qué plazo de tiempo”, subraya Portanski.

Siete años después de lanzarse este plan, las empresas rusas todavía se topan con enormes problemas para equiparse con diseños nacionales. “El principal obstáculo fue, y sigue siendo, la ausencia de alternativas rusas de cualquier calidad”, cuenta Serguéi Tsujlo, jefe del departamento de Encuestas Empresariales del Instituto de Política Económica Gaidar. Según los sondeos del organismo, un 80% de las firmas del país se encontraban con ese obstáculo el pasado septiembre, el porcentaje más alto desde que se comenzó a realizar esa encuesta, en enero de 2015.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

“Este factor está muy asociado con la ampliación de las restricciones impuestas tanto por nuestros ‘socios occidentales’ como por las autoridades rusas”, señala Tsujlo. “Con los problemas logísticos globales, y a medida que crece el desgaste de los equipos, los fabricantes rusos no encuentran lo que necesitan en el mercado interior”, agrega. El segundo problema, según el sondeo, es “la baja calidad de los productos rusos” que manifiestan más de la mitad de las empresas, frente al 25% que decía lo mismo en 2016.

Uno de los problemas para incentivar la producción nacional es que su desarrollo exige importantes inversiones de tiempo y de dinero, especialmente si se quiere ser competitivo para exportar, porque el mercado interno del sector no es suficientemente grande para compensar el gasto. Y a ello se suma el coste de importar materiales para la producción: la moneda rusa se ha devaluado de 45 rublos por euro en enero de 2014 a 85 rublos por euro actualmente.

“La sustitución de importaciones no ha dado resultados. Dicen que ha triunfado, pero no es verdad, manipulan las cifras”, asevera Portanksi. “Los alimentos rusos han aumentado su cuota en los mercados, sí, pero mirémoslo desde el punto de vista del consumidor, que es el que nos interesa. Han aparecido productos rusos, pero son más caros y la calidad no muy buena, ¿Por qué? Antes los supermercados tenían más oferta, ahora nuestros productores son monopolistas”, afirma el experto.

Portanski hace referencia a un estudio de 2019 de la Escuela Rusa de Economía que analizó cómo había funcionado la sustitución en el sector alimentario en su primer lustro. Salvo las categorías de aves, cerdo y tomates, cuyos precios reales bajaron, el resto se encarecieron para el consumidor. Según sus cálculos, los ciudadanos rusos pagaban un sobrecoste de 5.100 millones de euros al año frente a los precios de 2013. Y esto antes del coronavirus. Con la pandemia y la interrupción global en los suministros, la situación es aún peor, pues según Rosstat (la agencia rusa de estadísticas) solo el año pasado se encarecieron los alimentos un 10,6%.

“La Unión Europea es nuestro principal socio comercial, y nos interesa continuar con esta colaboración, con sus inversiones nos llega el know-how (los conocimientos prácticos) que nos hace falta”, recalca Portanski.

En pleno conflicto por las sanciones, Bruselas acusa al Kremlin de priorizar a las empresas rusas frente a las comunitarias en sus licitaciones y por ello anunció en noviembre que recurrirá ante la OMC, cuyo principio básico es que sus miembros no discriminen por procedencia. La Comisión Europea recalca que el impacto económico para sus empresas “es muy significativo”, puesto que las licitaciones rusas mueven miles de millones de euros cada año.

Bruselas denuncia en concreto tres normas del Kremlin. Primera, las corporaciones estatales rusas valoran el precio ofertado por las empresas nacionales como si tuviera una deducción de hasta el 30%. Segunda, las compañías rusas deben pedir autorización cuando van a importar ciertos productos de ingeniería. Y tercera, hay cuotas que garantizan el origen ruso en las licitaciones para numerosos artículos, como vehículos, equipos médicos y productos tecnológicos.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso comentó las demandas de Bruselas a través de su canal de Telegram. “Es una estupidez porque la sustitución de importaciones fue una respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Bruselas dijo durante mucho tiempo que nuestro país había sido ‘duramente castigado’. Lo que es ‘duro’ es el ‘sadomasoquismo”, afirmó María Zajarova.

Un indicio de que no avanza el plan según lo previsto es que el pasado 24 de diciembre se enmendó el decreto de 2014 sobre las cuotas para las compras estatales de productos rusos. De los 100 artículos listados según la clasificación rusa, 41 han quedado exentos por no haber aún fabricantes suficientes. Entre ellos, lámparas médicas, ordenadores portátiles, tarjetas inteligentes, circuitos integrados y otros componentes electrónicos.

Por ley, los programas de los sistemas informáticos clave del sector público deberán ser sustituidos a partir del próximo 1 de enero, mientras que el resto tendrá que cambiarse por software ruso al acabarse su vida útil. Sin embargo, la resistencia mostrada por las empresas ha llevado al presidente ruso, Vladímir Putin, a apoyar la propuesta del ministro de Industria Digital para hacer legalmente responsables a los ejecutivos que no cumplan con este objetivo. El departamento que dirige Maksut Shadáyev llegó incluso a vetar a la petrolera Transneft una compra a Microsoft de siete millones de euros, aunque al final cedió ante la realidad: el pasado 29 de diciembre aprobó que la agencia nuclear Rosatom adquiera software de gestión empresarial de la alemana SAP por nueve millones.

Y en la sanidad, lo mismo. En 2015 se lanzó un programa a cinco años para que el 40% de los equipos médicos fueran nacionales, pero apenas ha avanzado, especialmente tras estallar la pandemia, y a finales de 2020 su cuota rondaba el 29%, según la Cámara de Cuentas. Los alicientes son pocos: largos plazos para registrar los productos y la depreciación del rublo, que encarece aún más la compra de materiales fuera, especialmente de China.

En enero de 2014, justo antes de las sanciones, el economista Víktor Ivánter (fallecido en 2019) abogaba en un artículo publicado en el diario oficial Rossískaya Gazeta por invertir en la industria nacional y poner fin también a la “dependencia crítica” en los alimentos. “Tras 20 años reformando, hemos logrado algo a lo que no queremos renunciar: la elección del consumidor, pero esto aún depende de las importaciones”, decía Ivánter. Ocho años después, la elección es menor y más cara en la cesta de la compra.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



La oposición venezolana volvió a ganar en el estado de Barinas. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, resultó electo gobernador en la repetición de los comicios que ordenó el Tribunal Supremo tras anular la victoria del opositor Freddy Superlano en las regionales del pasado 21 de noviembre, una juagada que le ha salido mal al chavismo. El triunfo lo obtuvo con 57,6% de los votos, una ventaja de 16 puntos y una participación de más de la mitad del electorado, según el escueto reporte que dio el Consejo Nacional Electoral.

El resultado se conoció inicialmente por la declaración del perdedor Jorge Arreaza, exyerno de Hugo Chávez que fue promovido por el Gobierno. “Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios”, escribió en un tuit pasadas las 10 de la noche, cuando el CNE todavía no anunciaba los resultados.

Luego del reconocimiento de Arreaza, Sergio Garrido y Freddy Superlano dieron una conferencia de prensa en la que confirmaron su victoria. “Barinas ha dado un ejemplo de cómo podemos salir de los obstáculos en unidad”, dijo Superlano, quien asumió como jefe de breve campaña luego de que le despojaran el triunfo en noviembre y lo inhabilitaran.

La oposición venezolana logra una importante victoria, frente al apabullante poder del chavismo. No solo ha puesto fin a la dinastía de los Chávez, que gobernaban el Estado desde hace 20 años, sino que también ha desafiado al Gobierno en todas sus maniobras para intentar torcer los resultados que comenzaron con la anulación de la victoria de Superlano. Sergio Garrido ganó contra todo el derroche de recursos del Estado dirigido por varios ministros de Nicolás Maduro, que se instalaron en Barinas para empujar a su candidato. Las nuevas elecciones se celebraron un enorme despliegue militar y policial de más de 25 mil funcionarios para poco menos de mil mesas de votación, que fue considerado una intimidación. El chavismo repartió neveras y electrodomésticos y abasteció a la región con la gasolina y el gas que escasean en todo el país.

Barinas se suma a Zulia, Guárico y Nueva Esparta entre las gobernaciones ganadas por la oposición, más un tercio de las alcaldías. La elección en Barinas se convirtió en un objetivo común para la oposición, en medio divergencias en la plataforma de apoyos al liderazgo de Juan Guaidó. Dirigentes nacionales de distintos partidos opositores se sumaron a la campaña de Garrido.

Ahora el resultado sirve de base para un cambio de dirección en la estrategia opositora, debilitada por sus fracasos en la búsqueda de una transición política en Venezuela y desdibujada por abstenerse en los comicios de los últimos años. El triunfo de Barinas en un segundo intento los fortalece de cara al escenario electoral de las presidenciales de 2024 o un posible revocatorio a Maduro que algunos sectores promueven para este año.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

La nueva votación en esta región llanera a 500 kilómetros de Caracas se convirtió en asunto nacional. El derrotado en noviembre fue Argenis Chávez, hermano del expresidente y parte de la dinastía que ha gobernado este Estado por dos décadas. Chávez optaba a la relección y renunció al cargo luego de que el Tribunal Supremo suspendiera el recuento de los votos y ordenara repetir los comicios. También declinó a ser candidato en esta nueva oportunidad. El Gobierno de Nicolás Maduro puso sobre él todas las responsabilidades de una derrota que tiene una lectura nacional, pues expresa el nivel de rechazo que existe en Venezuela al chavismo y a Maduro, con menos de15% de aprobación y un cada vez más reducido caudal de votos.

Por Barinas, como un símbolo político, el Gobierno ha decidido echar por la borda los pequeños avances logrados durante el año pasado en las negociaciones con la oposición para encontrar una salida a la larga crisis política venezolana.

En los comicios de noviembre se logró la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea, algo que no ocurría desde hace 15 años, aunque esta fue expulsada tras presentar un informe preliminar del proceso electoral en el que reconocía una mejora en las condiciones, pero denunciaban varias irregularidades y abusos gubernamentales. Esta fue una de las concesiones dadas por Maduro para que sus adversarios aceptaran concurrir de nuevo a unos comicios, luego de mantenerse en la abstención como un boicot en los últimos años. También se cambió al árbitro electoral y por primera vez se incorporaron dos rectores sin vínculos con el chavismo. Maduro también se comprometió a eliminar la figura de los “protectores”, plenos de poderes y recursos, que han sido designados en los territorios controlados por la oposición. Está por verse si en este reñido territorio cumplirá su promesa.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del partido ultraderechista Chega, André Ventura, este domingo en Lisboa.
El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del partido ultraderechista Chega, André Ventura, este domingo en Lisboa.ANTÓNIO COTRIM (LUSA/EFE)

Portugal sabrá dentro de 20 días quién ganará las elecciones legislativas, pero no está igual de claro que la noche del 30 de enero descubra quién gobernará el país. Las predicciones demoscópicas que más se repiten son el triunfo sin mayoría absoluta del Partido Socialista y el avance de la extrema derecha, de la mano de André Ventura, abogado y comentarista deportivo que militó en el moderado Partido Social Demócrata (PSD) y que ahora defiende con el mismo ardor la bajada de impuestos que la castración química de pedófilos y violadores. Ventura, que ha recibido este domingo el apoyo explícito del líder de Vox, Santiago Abascal, durante un almuerzo en Lisboa, tiene entre un 5% y un 6,3% de intención de voto, que podrían convertir a Chega en la tercera fuerza por delante del Bloco de Esquerda (BE) y del Partido Comunista Portugués (PCP). En esta legislatura contaba con el único escaño de su líder.

Las encuestas apuntan también hacia un Parlamento tan fragmentado como el disuelto por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, tras constatar la soledad del Partido Socialista (PS) para sacar adelante los presupuestos de 2022. En noviembre los antiguos socios de la geringonça [alianza parlamentaria de izquierdas], Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués, frustraron la tramitación parlamentaria del proyecto del Gobierno socialista al votar en contra. Rebelo de Sousa decidió entonces que prefería segar la legislatura por la mitad antes que perpetuar la atmósfera de inestabilidad que se cernía sobre la Cámara elegida en 2019, donde tenían presencia diez partidos. El sondeo de la Universidad Católica para el diario Público y la cadena RTP, difundido el viernes 7, da un 38% en intención de voto al PS, lejos de la mayoría “reforzada” que pide el primer ministro y candidato socialista, António Costa. Pedir abiertamente la mayoría absoluta es un tabú en el PS, aunque Catarina Martins, la candidata y líder del Bloco, les reproche que esa es la razón por la que permitieron la crisis política que llevó a las elecciones anticipadas.

La incógnita es, pues, quiénes serán los socios del partido más votado. Aunque Costa aparezca como opción preferida como primer ministro de los portugueses, en los últimos meses ha mejorado el respaldo al conservador PSD (32% en intención de voto en la encuesta de Público), que lidera el economista y exalcalde de Oporto, Rui Rio. A pesar de convalecer de unas primarias desgarradas, donde tanto el aparato como las viejas glorias hicieron campaña en su contra, Rio está recortando la distancia que le separa de Costa con su tono institucional y su defensa de un pacto entre los dos grandes partidos, PS y PSD, para permitir la gobernabilidad al más votado. Rio no quiere recurrir al apoyo de Chega para llegar al palacio de São Bento, pero no parece que el PS vaya a facilitarle la investidura si el centroderecha gana las elecciones con una mayoría insuficiente, un escenario difícil pero no imposible como se vio en Lisboa en las elecciones municipales, con la inesperada victoria de Carlos Moedas, del PSD.

André Ventura ha puesto precio a su apoyo electoral al PSD: entrar en el Gobierno para “hacer transformaciones”. “No puedo hacer una coalición con un partido inestable”, respondió Rio en el debate televisado que mantuvo con el líder de Chega, en alusión a la experiencia del Gobierno regional de Azores, donde los ultras permitieron la llegada al poder del PSD, pero amenazaron con tumbarlo en la votación de los primeros presupuestos. El auge de la ultraderecha es uno de los ejes de la campaña de António Costa, que no desaprovecha la ocasión de recordar sus riesgos, como su propuesta para reintroducir la pena de prisión perpetua en Portugal, que fue el primer país del mundo en abolirla en 1884.

Aunque serán las cuartas elecciones que celebran los portugueses en pandemia, existe una gran incertidumbre sobre la gestión del derecho al voto de los confinados, que representarán un porcentaje muy importante. Unos 436.000 portugueses se encuentran estos días en aislamiento profiláctico, según la Dirección General de Salud. El Gobierno, que ha recibido críticas de la oposición por no anticipar este escenario que podría aumentar la abstención, ha solicitado un informe jurídico para ver cómo conciliar el derecho al voto y la seguridad sanitaria.

Y aunque los contagios no bajan, el Gobierno ha emprendido el camino de la relajación. Este lunes los escolares portugueses regresan a las aulas. Sus padres dejarán de teletrabajar de forma obligatoria el viernes 14. Y el próximo fin de semana los turistas podrán tomar de nuevo discotecas y bares, test negativo mediante. Para comer en un restaurante o ir al teatro bastará el certificado de vacunación y los contactos laborales de positivos no tendrán que confinarse como hasta ahora. El viernes 14 el país se despide del “periodo de contención”, que impuso algunas restricciones en Navidad, sin lograr atajar la expansión de ómicron. En su discurso de Año Nuevo, el presidente Rebelo de Sousa reconoció el hastío coronavírico y apeló a la resistencia: “La pandemia nos obliga a testar, vacunar, resistir y aprender a convivir con ella… Tenemos que consolidar el camino para la superación de la pandemia. Estamos encaminados, pero falta el final de los finales”.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

30 debates televisados en dos semanas

¿Se verá algún día un cara a cara televisado entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal? ¿O entre Pablo Casado y Gabriel Rufián? ¿Incluso entre Inés Arrimadas y Aitor Esteban? A la vista de lo que cuesta organizar los debates electorales en España y la rigidez de sus formatos, parece difícil que se pueda replicar el modelo de Portugal, donde se han organizado 30 duelos electorales entre el 2 y el 15 de enero en los que se enfrentan dos candidatos en espacios cortos de 25 minutos. A este maratón, que se despliega por seis cadenas de televisión, hay que sumar otros dos debates multipartidistas en la cadena pública RTP, uno con fuerzas con representación parlamentaria y otro que incluye formaciones que no están en la Asamblea de la República.

Algunos columnistas critican que el formato de 25 minutos sirve más para dar espectáculo mediático que para clarificar propuestas políticas, pero los encuentros dan juego, a veces brillante, a veces bochornoso, y desnudan más de lo que a algunos asesores políticos les gustaría. Es la forma que han encontrado los portugueses de dar cancha a las minorías. Sin contar la expectativa que genera el duelo entre los presidenciables António Costa y Rui Rio, que se celebrará este jueves y durará 75 minutos, los debates más morbosos han sido los cara a cara entre André Ventura y diferentes adversarios. Mientras que la líder del Bloco de Esquerda, Catarina Martins, se mostró impávida ante los ataques de Ventura y recurrió en varias ocasiones al papa Francisco para afearle sus propuestas, el primer ministro, António Costa, salió a la ofensiva desde el primer minuto para evitar que Ventura pudiese acorralarle como le ocurrió a Rui Rio, que pasó todo el debate a la defensiva y enredado en las propuestas de Chega como la implantación de la cadena perpetua para crímenes graves. El debate con más audiencia, hasta el pasado viernes 7, fue el que enfrentó a Rui Rio y Catarina Martins, con un share de 26,1% y 1,4 millones de espectadores.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link

top