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Este lunes 21 de febrero del 2022 fue sometido a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño integrado por el Alcalde Municipal Julián Rojas Monsalve y los miembros de su gabinete, el proyecto de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Buga 2022-2037, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 388 de 1997.

“Iniciamos el proceso de concertación del acto administrativo más importante no solo de este proyecto Buga de la Gente, sino de los próximos 15 años, la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, hoy en el Consejo de Gobierno surte su primera etapa de concertación para posteriormente ser socializado ante las instancias legales, ante la autoridad ambiental CVC, el Consejo Territorial de Planeación y el Concejo Municipal.” expresó el alcalde Julián Rojas.

El Plan de Ordenamiento Territorial, POT es un instrumento técnico y normativo tendiente a orientar el desarrollo del territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio.

La revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal “Buga de la Gente” dado que ya cumplió su vigencia teniendo en cuenta que fue aprobado en el año 2000.

“Arranca la parte final y definitiva en la que este proyecto
se someterá ante las instancias de concertación y consulta definidas en la Ley
hasta su aprobación por parte del Concejo Municipal entregándole al Municipio
una carta de navegación de largo plazo que busca proyectar su desarrollo
integral, sostenible y competitivo en el contexto regional”, indicó el
arquitecto asesor de la Secretaría de Planeación Edinson Zambrano.

La revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal “Buga de la Gente” dado que ya cumplió su vigencia teniendo en cuenta que fue aprobado en el año 2000.

Santiago de Cali , septiembre 14 de 2021. Dagua , Sevilla, Guacarí, El Cairo y Ulloa actualizarán sus planes de ordenamiento con la asistencia de la Gobernación del Valle del Cauca.

Durante una mesa técnica con los mandatarios, la directora de Planeación del departamento, Lorena Sofía Velasco, dijo que “estamos haciendo un esfuerzo desde la Gobernación del Valle del Cauca para poder beneficiar con recursos de regalías a estos cinco municipios en la actualización de uno de los instrumentos de planeación más importantes que tienen las administraciones actuales, y es el plan de ordenamiento que puede ser esquema de ordenamiento , un plan básico o un plan de ordenamiento territorial”.

Ana María Sanclemente, alcaldes a de Dagua , señaló que “estamos haciendo unos acuerdos muy importantes para el desarrollo territorial de nuestro municipio, donde estamos evaluando poder contratar con la Gobernación los estudios de gestión de riesgo y esto es una ayuda inmensa para nuestra Administración, así que muchas gracias a la gobernadora Clara Luz Roldán por tener al municipio de Dagua para esta actualización".

Para el alcalde de Sevilla, Jorge Palacios, es un apoyo importante, “le queremos agradecer a nuestra gobernadora Clara Luz Roldán y a todo el equipo de Planeación, al darle solución a una problemática sentida que tienen los sevillanos y vamos a renovar nuestro Plan Básico de Ordenamiento".

Johana Quintero Mosquera
Periodista gobernación del Valle

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gobernación-del-valle-del-cauca

Lorena Sofía Velasco Franco

Directora del Departamento Administrativo de Planeación

Gobernación del Valle

 

 

Economista y Administradora de Empresas de la Universidad Santo Tomas de Aquino de la ciudad de Bogotá, Magister en Planeación para el Desarrollo de la misma Universidad, con tesis laureada en la que realizó un análisis del Proceso de Articulación de los Instrumentos de Planificación del Valle del Cauca: Plan de Ordenamiento Territorial Departamental y Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020- 2023, con la que se hizo merecedora de la mención de honor.

 

Con amplia experiencia en formulación de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, coordinación de procesos sociales y financieros en entidades públicas y privadas, así como en la formulación, estructuración, evaluación, seguimiento y supervisión de proyectos de inversión pública en entidades territoriales.

 

Se ha desempeñado como Coordinadora de la Unidad de Gestión de proyectos de Inversión en la Fundación Universidad del Valle, Gobernación del Valle del Cauca y Gobernación de Nariño; así mismo fue asesora regional y enlace regional para el Llano y Pacífico en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) – FONADE y Gerente de Servicio en Bancolombia.

 

Actualmente ejerce la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, en la que la dependencia ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional como: Mejor Plan de Desarrollo en Igualdad de Género, Tercer puesto en la Medición del Desempeño Departamental y por la  Formulación del Plan de Desarrollo 2020- 2023 orientado a resultados y la implementación de un esquema de gerencia pública por resultados en el marco de la estrategia GOBIERNO AL PLAN.  

 

Hoja de Vida Sigep

Declaración de Renta

Lorena Sofía Velasco Franco

Directora del Departamento Administrativo de Planeación

Gobernación del Valle

 

 

Economista y Administradora de Empresas de la Universidad Santo Tomas de Aquino de la ciudad de Bogotá, Magister en Planeación para el Desarrollo de la misma Universidad, con tesis laureada en la que realizó un análisis del Proceso de Articulación de los Instrumentos de Planificación del Valle del Cauca: Plan de Ordenamiento Territorial Departamental y Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020- 2023, con la que se hizo merecedora de la mención de honor.

 

Con amplia experiencia en formulación de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, coordinación de procesos sociales y financieros en entidades públicas y privadas, así como en la formulación, estructuración, evaluación, seguimiento y supervisión de proyectos de inversión pública en entidades territoriales.

 

Se ha desempeñado como Coordinadora de la Unidad de Gestión de proyectos de Inversión en la Fundación Universidad del Valle, Gobernación del Valle del Cauca y Gobernación de Nariño; así mismo fue asesora regional y enlace regional para el Llano y Pacífico en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) – FONADE y Gerente de Servicio en Bancolombia.

 

Actualmente ejerce la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, en la que la dependencia ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional como: Mejor Plan de Desarrollo en Igualdad de Género, Tercer puesto en la Medición del Desempeño Departamental y por la  Formulación del Plan de Desarrollo 2020- 2023 orientado a resultados y la implementación de un esquema de gerencia pública por resultados en el marco de la estrategia GOBIERNO AL PLAN.  

 

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Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.
Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.Carlos Ortega (EFE)

Nunca llegó a ser una petición formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la recomendación del presidente Iván Duque y las palabras del registrador nacional, Alexander Vega, que abrieron la posibilidad de volver a contar los votos de las legislativas del pasado 13 de marzo, sumieron a Colombia en la incertidumbre sobre la transparencia de los comicios. Antes de que Duque y Vega abrieran la puerta a un escenario desconocido e inédito en la historia colombiana, fue el expresidente Álvaro Uribe -que vio disminuido su caudal electoral en el Congreso con su partido Centro Democrático– quien dijo que los votos debían volverse a contar, aun cuando no existe una mecanismo legal para hacerlo y solo plantearlo como una posibilidad supone un menoscabo a la democracia e institucionalidad del país.

Este martes, en una audiencia de más de cuatro horas, la mayoría de los partidos políticos se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque no existe una figura normativa para hacerlo e intentarlo supondría poner en duda todo el sistema electoral. Solo entonces, el registrador se echó para atrás y reconoció que en Colombia no hay razones para hablar de fraude. La pelea jurídica terminó, pero la puja política continúa y aviva los señalamientos sobre el papel del registrador en un año electoral que apenas empieza. En mayo será la primera vuelta presidencial y, en caso de no resultar vencedor ninguno de los candidatos, se llevará a cabo una segunda en junio, de donde saldrá el presidente de los colombianos para los próximos cuatro años.

“No es razonable ni ajustado al ordenamiento colombiano que se lleve a cabo un reconteo general de la votación para el Senado porque ya se tramitaron las etapas previstas en el ordenamiento jurídico”, opina el abogado y exmagistrado José Gregorio Hernández. Analistas, historiadores y políticos llevaban horas advirtiendo de que la idea de volver a contar los votos no solo era imposible de realizar sino que además era peligrosa. “Un reconteo daría lugar a una crisis institucional porque podría haber candidatos que no quedaran contentos con el resultado y volvieran a pedir un reconteo”, dice Hernández. Podía ser un proceso sin fin y, al no haber antecedentes, tampoco se sabía cómo llevarlo a cabo. En las elecciones del domingo 13 de marzo participaron 17.000 jurados que trabajaron sobre 112.000 mesas de votación. ¿Cómo se organizarían de nuevo para un reconteo? ¿Cuándo se haría? ¿Cómo se garantizaría que esta vez quedaran todos satisfechos? Hasta este martes no había respuestas sobre la propuesta del Gobierno que puso al país de cabeza.

“Hemos decidido pedir el recuento general de votos para el Senado de la República, a fin de dar transparencia al proceso electoral”, decía el registrador el domingo. 24 horas más tarde aseguraba que no había por qué dudar. “No es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia. Seguiremos trabajando por un proceso electoral transparente y con garantías. Es bueno que se respeten los resultados”, aseguraba la tarde de este martes. El presidente Iván Duque no ha hecho ninguna mención al asunto después de paso atrás del registrador, pero su ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el único interés del Gobierno es que “prevalezcan las instituciones y que sea la decisión del pueblo colombiano la que elija sus representantes”.

La polémica empezó por 500.000 votos. En el preconteo, dado a conocer la misma noche electoral, la coalición de izquierda, liderada por el candidato Gustavo Petro, identificó que no se habían contabilizado más de 400.00 votos, que luego sí se reflejaron en el escrutinio oficial. La advertencia dio pie para que la derecha hablara de que se estaba fraguando un fraude y se empezara a poner sobre la mesa la posibilidad de volver a contar todos los votos e incluso desconocer los resultados electorales. “¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500.000 votos, abrumadora mayoría a su favor y no haya respuesta. ¿Por qué le teme a un reconteo? Que empiece a mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados en debida forma?”, insistía hasta la mañana de este martes el expresidente Uribe, que ha guardado silencio después de que, con excepción de su partido, el Centro Democrático, y el Partido Conservador, todos los demás se opusieron a la idea de volver a contar los votos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández, conocedor del sistema electoral, explicaba en un video por qué la sola propuesta era a todas luces ir contra la institucionalidad del país. “Hubo un preconteo inicial en la noche del domingo [la del 13 de marzo] y culminó con la entrega de resultados preliminares. Después se realizó el escrutinio con más de 5.000 jueces de la República y aparecieron algunas votaciones que estaban perdidas por errores humanos. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá formalizar y entregar las curules correspondientes mediante el título que contempla el ordenamiento jurídico: las credenciales”, decía Hernández en un repaso sobre cómo funciona el sistema. En la misma línea se manifestaron los movimientos políticos que participaron en la audiencia de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada este martes por el presidente Duque para evaluar volver a abrir las bolsas con votos y empezar de nuevo con el conteo.

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“Rechazamos cualquier insinuación de fraude, no creemos que sea necesario recorrer un camino que nos puede llevar a la deslegitimación de nuestras instituciones y a la fractura de nuestro sistema democrático, rodeamos la institucionalidad del proceso electoral del 13 de marzo”, decía el vocero del Partido Liberal, en nombre del su líder el expresidente César Gaviria. “No es conveniente ni pertinente realizar un recuento general de la votación, es un mal precedente”, señalaba el movimiento Mira. “Hay que actuar con mucha serenidad, debemos ser respetuosos para que se garantice una transición democrática en Colombia. Los llamados desde la presidencia [a un reconteo] rompen la neutralidad”, apuntaba el vocero de la Unión Patriótica, que hace parte de la coalición de izquierda Pacto Histórico. “No hay evidencia de fraude, por ese lado estamos tranquilos, hubo errores humanos, que se han venido subsanando. En este momento es mejor confiar”, aseguraba Dilian Francisca Toro, del partido de La U. La posición de los partidos políticos, que se negaron a un reconteo general, fue clave para que el registrador, que no ha dado mayores explicaciones a su cambio de opinión, decidiera retractarse.

“De haberse decidido hacerlo [el reconteo] hubiéramos actuado por fuera de lo que se encuentra estipulado en la legislación colombiana. Era peligroso haber abierto ese camino que, aunque podía tener como propósito buscar transparencia, corría el riesgo de terminar en una verdadera deslegitimación”, dice Alejandra Barrios, de la Comisión de Observación Electoral (MOE). Barrios reconoce que la seriedad con la que se abordó este debate en la audiencia de este martes, incluso en los movimientos políticos que se mostraban a favor de un reconteo, permitió que hoy se reconozca en Colombia que los resultados de los comicios son confiables. El reto, dice Barrios, será lo que viene en adelante. La sensación de duda que quedó tras este episodio solo podrá ser contrarrestada con lo que pase en los próximos meses. A la exigencia de una sociedad que pide que cada voto sea contado tendrán que responder con altura todas las instituciones el próximo 29 de mayo cuando se volverán a abrir las urnas. Esta vez para elegir al próximo presidente de los colombianos.

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Por irregularidades en la adquisición de predio para la Policía destituyeron e inhabilitaron a alcalde en Nariño

De acuerdo a la Procuraduría, se comprobó que el alcalde participó en la etapa contractual en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación y responsabilidad.

Noticias Nariño

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al actual alcalde de Taminango, Nariño, Miller Leonardo Urbano Ojeda.

La investigación se presentó por la adquisición de un predio durante su mandato del periodo 2012 – 2015, sin tener en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial, con lo que vulneró los principios de economía y responsabilidad.

La entidad comprobó que el mandatario participó en la etapa precontractual y contractual en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación y responsabilidad que regulan la contratación estatal; esto por cuanto el avalúo comercial de un predio adquirido para construir una estación de policía no fue hecho por una institución especializada.

De igual manera, el Ministerio Público señaló que la compra del predio vulneró las disposiciones del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.

el alcalde de
Miller Leonardo Urbano Ojeda, alcalde de Taminango.

Enfatizaron en que si bien las entidades estatales pueden adquirir bienes, se deben seguir las reglas existentes para ello.

Por tal razón, la Procuraduría estableció que al hacer el pago de los $331 millones que costó el inmueble, el alcalde, como representante legal del municipio y responsable de dirigir la actividad contractual del ente territorial, no veló por la protección de los derechos de la entidad.

El ente de control reprochó el hecho de que a la fecha no se le haya dado uso alguno al predio; a pesar de haber sido pagado en su totalidad, por lo que se generó un incumplimiento en los planes de la contratación.

La Procuraduría calificó la falta de forma definitiva como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.



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Foto Javeriana

El Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Universidad Javeriana de Cali, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca -ASTRACAVA, el Premio Jorge Bernal de la Cooperativa Confiar y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural -RIMISP, hicieron posible este enriquecedor proceso formativo en calidad de Diplomado, a través de la Escuela de formación y fortalecimiento para la autonomía económica y el ordenamiento territorial de las mujeres y jóvenes rurales; donde participaron más de 30 mujeres y jóvenes, entre campesinas, indígena y afrodescendientes del Valle del Cauca.

Durante este proceso de fortalecimiento de capacidades, que se desarrolló por ocho meses, en Tuluá, Pradera y Florida, contribuimos a la incidencia política, autonomía económica y participación en el ordenamiento territorial de las escuelantes en cada una de sus comunidades. Tuvimos como ejes de trabajo la agroecología, el cuidado del medio ambiente y la economía social y solidaria, desde el diálogo de saberes y un enfoque de género nutrido por los feminismos populares, campesinos, comunitarios y afro.

Este proceso se realizó en el marco del programa Territorios en Diálogo: Inclusión y Bienestar Social, que a su vez posibilitó la construcción de un mapa de sueños, como herramienta pedagógica con la cual las escuelantes priorizaron las acciones que consideraron relevantes para su bienestar y calidad de vida en cuatro dimensiones: la gobernanza económica, la participación política y comunitaria, la tierra y el territorio y los derechos humanos de las mujeres.

Esta escuela de formación contribuye significativamente a las mujeres y jóvenes participantes, ya que potencia sus capacidades para aportar a la construcción de paz en sus comunidades y territorios, reconociendo el pluriverso que constituye a lo político y la política cuando son las mujeres quienes la dinamizan y encarnan.

Las clausuras del proceso formativo se llevaron a cabo entre el 26 de febrero y 5 de marzo, en los tres municipios, en los actos de ceremonia las participantes recibieron su diploma y la caja de herramientas didácticas, llamada Mujeres Cultivando Horizontes: Herramientas para el Cuidado de la Vida Rural, que contiene material para replicar su conocimiento en sus territorios y que fue construida a partir de sus propias voces, experiencias y sentires.

Adicionalmente, durante la clausura, las escuelantes pudieron compartir con instituciones estatales municipales y regionales así como con representantes de la empresa privada, su agenda de trabajo y los proyectos que buscarán impulsar y desarrollar en el año en curso.

Les invitamos a conocer más sobre este proceso formativo en Mujeres Cultivando Horizontes: Herramientas para el Cuidado de la Vida Rural

Fuente: Universidad Javeriana

Santiago de Cali, septiembre 24 de 2021. La actualización del Banco Social de Emprendimiento del Valle se abrió pasó en la Asamblea, donde la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobó en primer debate esta iniciativa del Gobierno departamental.

Los cambios les permitirán a los vallecaucanos con negocios informales de estrato 1, 2 y 3, contar con apoyos para cofinanciar y acompañar sus unidades productivas.

“Cambia el articulado en la exigencia de la realización de un diplomado entre los requisitos para acceder a los microcréditos. Ahora se realizará un proceso de formación y capacitación de 40 horas en un convenio con el Sena. Otro de los cambios significativos es que además de unidades productivas como fritangas o ventas de arepas, podrán acceder al programa las ventas informales”, explicó Gustavo Gallego, subsecretario de Prosperidad y Desarrollo Social del Valle.

El Banco Social de Emprendimiento contará con $1.200 millones para microcréditos. “Vamos a llegar a todas las poblaciones, adultos mayores, zona rural y personas jóvenes, todos los que deseen acceder al Programa Banco Social van a tener la oportunidad mediante un proceso de capacitación y formación”, agregó Gallego.

El diputado Ramiro Chaux, presidente de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, indicó que “este programa es muy importante porque los ciudadanos aprenden sobre la relevancia de sus finanzas, la importancia de hacer una inversión económica responsable para proyectar sus negocios, todo esto acompañado de capacitaciones y seguimiento del Gobierno”.

La diputada Lissette Burgos dijo “que el Programa del Banco Social tenga un campo más amplio para los vendedores informales permitirá ayudar a la reactivación económica de esta población que ha sido tan golpeada durante la pandemia del COVID-19 y el paro”.

Este lunes 27 de septiembre se realizará el segundo debate al proyecto.
 
Michelle Chavaco
Periodista Gobernación del Valle

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gobernación-del-valle-del-cauca


Cae la tarde del viernes y la ministra Margarita Robles regresa a su despacho en el Ministerio de Defensa, que en otro tiempo se llamó de la Guerra. Viene del Palacio de La Moncloa, donde ha acompañado al presidente Pedro Sánchez a una cumbre telemática y extraordinaria de los líderes de la OTAN. Nunca una invasión había sido tan anunciada, pero todavía parece irreal que, en estos momentos, proyectiles de artillería y bombas de aviación estén cayendo sobre una capital europea, Kiev, a 3.700 kilómetros de Madrid.

“Lo más importante es poner de relieve que la agresión de Putin es un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, absolutamente inaceptable, una vulneración flagrante del derecho internacional que ha logrado algo que también es muy importante: una unidad total y radical de los países de la OTAN y la UE que tampoco tiene precedentes”, explica sin ocultar su indignación.

Pregunta. ¿La invasión de Ucrania es un crimen?

Respuesta. Es una vulneración del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado. Se está bombardeando a población inocente. Jurídicamente no me atrevería a darle una calificación en estos momentos, porque la invasión no ha terminado, pero es un acto de guerra absolutamente inaceptable que sin ninguna duda debe tener consecuencias jurídicas.

P. ¿Debe comparecer Putin ante la Justicia Internacional?

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R. Lo que está claro que Putin no debe quedar impune y eso no puede limitarse a las sanciones económicas, que espero sean más categóricas si no se produce una retirada, pero es verdad que se están produciendo asesinatos, que hay que calificarlos así, porque esto es una agresión absolutamente ilegítima. El adjetivo más duro que le podemos poner.

P. Como jurista, ¿cree que debe haber consecuencias penales?

R. No me atrevo a decirlo, pero cuando hay una violación del ordenamiento jurídico, la posibilidad de consecuencias penales existe, claro.

P. Estados Unidos llevaba meses avisando de la invasión.

R. La inteligencia norteamericana estuvo avisando permanentemente, incluso de manera pública. Primero dijo que sería el día 16 [de febrero]. Luego, el 22. Unas horas antes de la invasión, a las cuatro de la madrugada [del jueves], avisó de que se iba a producir. Es verdad que había una secreta confianza en que finalmente no sucediera, en que la diplomacia iba a encontrar una salida. Sobre todo porque Putin, desde el mayor de los cinismos, iba diciendo que en ningún caso tenía voluntad de invadir. Al contrario, aseguraba que eran campañas de desinformación. Yo estuve la semana pasada en Bruselas y todos decíamos que había que apostar por la diplomacia y la disuasión. Por parte de la OTAN se fue muy cuidadoso y la instrucción que había es que no se realizara ningún acto, por mínimo que fuera, que pudiera considerarse una provocación.

P. ¿No fue un error decir desde el principio que solo habría sanciones económicas, no respuesta militar?

R. Yo creo que cuando se está en un proceso de diálogo como estaban la UE y la OTAN, y él [Putin] parecía aceptar, se evita todo lo que pudiera considerarse una amenaza. Lo que es evidente es que Putin ha jugado con deslealtad y ha demostrado una absoluta falta de principios.

P. La salida de Afganistán pudo convencer a Putin de la debilidad de la OTAN.

R. La forma en que se produjo la retirada fue un fracaso sin paliativos y dejó en muy mala situación a la OTAN. Puede que a Putin se le haya pasado por la cabeza la idea de que hay una OTAN más débil, pero yo, que he sido muy crítica con la salida de Afganistán, debo decir que si algo positivo podemos sacar de tanto dolor como estamos viviendo es esta unidad sin fisuras. Si Putin creía que se iba a encontrar una OTAN débil, en que cada país iría por su lado, la condena sin paliativos, absolutamente contundente, de todos los aliados y las sanciones sin precedentes, y que pueden ir a más, de la UE sin duda es un toque de atención a Putin de que no hay debilidad, de que no nos vamos a quedar quietos ante la agresión. Es verdad que Ucrania no pertenece a la Alianza y por eso no se aplica el artículo 5 [defensa mutua], pero en todas las reuniones de la OTAN se ha puesto de relieve que cualquier agresión, por mínima que sea, a un aliado supondría la activación de todos los mecanismos [de defensa].

P. China pensará que si Rusia se come a Ucrania, ella se puede comer a Taiwán.

R. Es una posibilidad que está ahí. El contexto internacional está cambiando. Por eso es muy importante que la OTAN y la UE estén absolutamente reforzadas. Ha habido una época en que parecía que había interés en enfrentarlas. Se ha llegado a decir que la OTAN estaba en muerte cerebral. Yo creo que es justamente lo contrario. La UE y la OTAN son complementarias. Frente a la debilidad que se mostró en Afganistán se está demostrando fortaleza ante Putin.

P. ¿Va a contribuir España al refuerzo de las tropas de la OTAN en los países del Este?

R. Estamos siguiendo las directrices del Saceur, el mando [supremo] aliado [en Europa]. En este momento, España tiene cerca de 800 militares tanto en Letonia, como en la policía aérea, que está en Bulgaria y, cuando termine, el 31 de marzo, irá a Lituania, además del despliegue naval. Frente a los que pueden tener dudas sobre la naturaleza de la participación española, diré que son misiones siempre defensivas, de estabilidad y preservación de la paz. En función de cómo se desarrollen los acontecimientos iremos viendo. Lo que está claro es que a fecha de hoy son suficientes y no es necesario incrementarlas.

P. Ucrania ha pedido 75.000 chalecos antibala y cascos, entre otro material militar.

R. Esta mañana he tenido una reunión con el agregado de la Embajada de Ucrania. Es una ayuda que están pidiendo a todos los países. Efectivamente, habrá ayuda. Por una parte, lo que pueda aportar la Sanidad militar: y equipos de defensa personal, chalecos antibala, material de protección.

P. ¿Cuántos?

R. En este momento no le puedo dar una cifra. Nuestras posibilidades sanitarias son mayores, porque teníamos una reserva por la covid. De material de defensa tenemos más limitaciones, cascos en este momento no tenemos, pero estamos buscando todo lo necesario para ayudarles dentro de nuestras posibilidades. Se trata de material no ofensivo.

P. Rusia no solo está en Ucrania, también en África subsahariana.

R. Nos preocupa mucho la situación del Sahel, con un incremento muy importante del terrorismo, especialmente Daesh y la filial de Al Qaeda tienen una expansión tremenda. Hay gobiernos africanos [como Malí] que tienen ya una relación con Rusia, a través del Ejército regular o de una compañía privada como Wagner.

P. ¿Se puede seguir en Malí tras la salida de Francia?

R. Aquí hay dos escenarios: están las misiones de combate, Takuba y Barkhane, en las que están Francia y otros países y España no participa. Francia ha tomado una decisión, que respetamos totalmente, de trasladarlas a otros países africanos. Pero luego hay otra misión, EUTM-Malí, de entrenamiento y formación de la policía y el ejército maliense. En esta misión el contingente español es el más numeroso y España apuesta por mantenerla, aunque es una operación de la UE y es la UE la que debe tomar una decisión.

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foto Concejo de Cali

Prácticas recurrentes en sectores de Cali como el parque del perro, El Peñón y San Antonio, donde los bares y restaurantes hacen uso del espacio público para sus actividades comerciales, llevaron al concejal Juan Martín Bravo a interponer una acción de cumplimiento ante un juez contencioso administrativo que busca que se reglamente el uso del espacio público, tal como se ordena en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2014.

Dicha acción de cumplimiento fue remitida este martes 29 de marzo al Juzgado 7 Administrativo Oral de Cali y su objetivo es que el municipio haga cumplir el artículo 263 del POT, que se refiere al aprovechamiento de parques, plazas y espacios peatonales identificados por la administración municipal para comercio local, con una contraprestación económica a favor del municipio.

“Lo que pido es que se adopte y se reglamente el aprovechamiento del espacio público. Nuestro POT dice que todo lo que sea de aprovechamiento de espacio público, zonas verdes, zonas peatonales, parques y demás, debe dar una retribución económica por parte de quien haga la actividad. Esto no se está cumpliendo”, dijo el concejal Bravo.

Además, la acción de cumplimiento pide que se haga efectivo el artículo 264 del POT, que ordena la creación del Fondo del Espacio Público, al cual deben destinarse los recursos provenientes del aprovechamiento del espacio público y el pago compensatorio de cesiones, que serán usados en la adquisición de terrenos y su adecuación como espacios públicos.

“Cali tiene un déficit de espacio público y el estado del mismo es deficiente. Se debe buscar una retribución económica para embellecerlo. Hoy vemos que la gente está usufructuando del espacio público, pero no hay una retribución económica que permita el embellecimiento de la zona y de otras”, añadió el concejal Juan Martín.

Fuente: Concejo de Cali

Universidad Isabel I de CastillaAutor: Universidad Isabel I de Castilla

Javier Delgado Barrio investido Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad Isabel I

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El pasado jueves, la Universidad Isabel I invistió a su Primer Honoris Causa, Javier Delgado Barrio, quien fue magistrado del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial. Con esta investidura, la Universidad Isabel I ha querido reconocer la trayectoria profesional de este insigne experto en derecho administrativo.

La institución destacó «su autoridad intelectual en las aportaciones doctrinales y jurisprudencias realizadas como especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa y en otros campos del Derecho público», señalaba Alberto Gómez Barahona, Rector de la Universidad Isabel I.

El Rector fue el maestro de ceremonias del acto y quiso ensalzar la trayectoria y de servicios al Estado que han hecho merecedor del nombramiento a Javier Delgado Barrio. Enrique Arnaldo Alcubilla, Magistrado del TC, Letrado de las Cortes Generales y Catedrático de Derecho Constitucional, en calidad de padrino, pronunció la laudatio de investidura calificando a Javier Delgado Barrio como «uno de los más egregios juristas de la España Contemporánea de los últimos cincuenta años», además de elogiar sus «principios de independencia e imparcialidad, equilibrio y mesura, compromiso obediente con la ley y con su conciencia, honradez, ausencia de todo deseo de protagonismo, activismo y estrellato, una buena formación técnica y, por supuesto, la idea vehemente de la justicia».

Javier Delgado Barrio, aludió a la doctrina de los Principios Generales del Derecho, fuente de inspiración en su trayectoria profesional: reflexionando sobre cómo esta normativa sentó precedentes en leyes posteriores, incluso en la Constitución Española, y cómo se han aplicado la doctrina de los Principios Generales del Derecho en la práctica jurisdiccional. Delgado Barrio se refirió a los principios relativos a la dignidad de la persona y la arbitrariedad de los poderes públicos. «Como en un concierto, en el ordenamiento jurídico concurren multitud de normas, que a veces son oscuras y contradictorias. El juez, con la doctrina en la mano y su saber inexcusable, debe resolver cada caso y, como sujeto pensante, debe ofrecer una solución y trazar un modelo de convivencia que sea la unidad armónica de la coherencia y la rectitud. Los principios son el instrumento principal para lograrlo. El juez debe actuar con el complemento de la expresión para interpretar esa legislación y aquí aparece la jurisprudencia», expuso Delgado Barrio. Igualmente, recordó cómo la publicación de la Constitución trajo la democracia a España, «que condensa en sus páginas el reconocimiento de la dignidad de la persona».

La investidura de Javier Delgado Barrio reunió en la Universidad Isabel I a diversas autoridades nacionales, destacando entre los invitados vinculados al Poder Judicial: Pedro José González-Trevijano Sánchez, presidente del TC; José Luis Concepción Rodríguez, Presidente del TSJ de Castilla y León; Celso Rodríguez Padrón, Presidente del TSJ de Madrid; Santiago Martínez-Vares García, Magistrado del TC; Mariano de Oro Pulido López, Magistrado jubilado del TS o Santiago Mena Cerdá, Fiscal Superior de Castilla y León.

Igualmente la investidura contó con la asistencia de Roberto Saiz, delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos; Juan Carlos González, General jefe de la División San Marcial; Alfonso Martín, teniente-coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos; Benito Maximino Martínez, jefe provincial de operaciones de la CNP; Tomás Quintana, procurador del Común de Castilla y León; Francisco Javier Martín y Juan Carlos Aparicio, miembros del Consejo Académico y Científico Asesor de la Universidad.

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AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.

Juez negó las exigencias millonarias de la familia Trujillo Martínez, que alegó sufrir perjuicios económicos y morales derivados de la contaminación visual y auditiva generados por la construcción de esta importante obra de movilidad para la ciudad.    

El juez Segundo Administrativo del Circuito de Buga, Juan Miguel Martínez Londoño, negó las pretensiones millonarias que exigían tres demandantes que manifestaron resultaron afectados por la construcción del puente de la calle 22 sobre el río Tuluá.  

De acuerdo con el escrito de la demanda interpuesta por los ciudadanos Einer Gentil Trujillo Morales, Deicy Maryuri Martínez Álvarez y Einer Esteban Trujillo Martínez, pedían que les reconocieran más de $90 millones a cada uno por perjuicios morales, otros $48 millones por perjuicios materiales y $40 millones más por el deterioro en el avalúo comercial del inmueble.  

Esta familia constituida por tres personas, la pareja de esposos y su hijo, alegaron que la puesta en circulación del puente y el alto flujo vehicular que moviliza por esta importante vía desde el mes de diciembre de 2017 les causó una afectación material y psicológica.  

En el alegato de demanda sostuvieron que la obra produjo un impacto visual negativo, sufrieron limitaciones de acceso a la vivienda y contaminación auditiva, situaciones que perturbaron a los moradores de dicha vivienda. 

Por su parte, la oficina jurídica del Municipio de Tuluá alegó que no se demostraron los elementos propios de la responsabilidad extracontractual y que era necesario acreditar la relación de causalidad entre el obrar de la Administración y el daño, es decir, probar que las acciones adelantadas por el municipio, no correspondía a la que jurídicamente se debía ejecutar. 

Asimismo, la defensa del municipio sostuvo que la construcción del puente de la calle 22 sobre el río Tuluá, es una obra se hizo respondiendo al interés general y en pro del beneficio del pueblo tulueño, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, aprobado el 18 de diciembre del año 2015. 

Aduciendo que dichos beneficios son innegables toda vez que la vía se convirtió en una importante arteria que ayudó a descongestionar otras vías del centro de la ciudad, como lo demuestra los mismos argumentos de los demandantes, quienes aseguran que el puente tiene un alto flujo vehicular, situación que demuestra era necesario para mejorar la movilidad de la ciudad.  

Otros beneficios para la comunidad  

Administración Municipal realizó obras de compensación para las comunidades del sector.

Cabe señalar que tras los procesos de socialización adelantados con las comunidades de los barrios donde se adelantó la obra, la Administración Municipal se comprometió a realizar obras complementarias de ornamentación y parques biosaludables para mejorar las condiciones del entorno como contraprestación.   

En cumplimiento de estos compromisos se construyeron el corredor peatonal paralelo a la orilla del río tutelar y partes biosaludables en el costado el barrio Tomas Uribe, asimismo de procedió con la recuperación de la zona contigua al puente de Las Brujas, donde se destruyeron los cambuches existentes y se construyó el parque San Gabriel.   

El fallo

Tras las consideraciones jurídicas del caso y los alegatos finales, el pasado 15 de marzo, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, falló que se debía reconocer la suma de $41.817.572 por la depreciación del inmueble y por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos. 

Asimismo, dictaminó que negaba las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia No. 035 del 15 de marzo de 2021, correspondiente al Proceso No. 76-111-33-33-002-2019-00089-00

Director de Al Instante acudió a las diferentes instancias para dejar constancia de las presiones e intimidaciones de las que está siendo objeto por su ejercicio periodístico, a través de mensajes anónimos.  

Editorial  

Desde Al Instante, medio de comunicación digital nos permitimos informar a la opinión pública que hemos puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes las intimidaciones, amenazas y acoso jurídico del que ha sido objeto nuestro director, el Comunicador Social Periodista, Robert Posada Rosero. 

Desde el mismo día en que empezó a recibir mensajes anónimos se comunicó dicha situación a la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, procediendo después a instaurar las denuncias respectivas ante la Personería, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, UNP. 

Amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Hacemos pública está situación por considerarla de interés general, toda vez que las presiones, intimidaciones y acoso judicial desde anónimos son un atentado contra la libertad de expresión y de prensa, derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y amparados por el ordenamiento jurídico internacional, sistema del cual el país hace parte. 

De tiempo atrás hemos sido conscientes de la incomodidad que ciertos actores sociales en Tuluá venían expresando por nuestro trabajo periodístico, situación de la que fuimos notificados por los emisarios que utilizaron para hacernos conocer su molestia, las cuales venían manifestando de forma reiterativa.  

Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, y la Personería también fueron advertidos de la situación.

Sin embargo, solo hasta la publicación de las notas periodísticas sobre la inundación en la parcelación Belén y las presuntas irregularidades cometidas desde la Administración Municipal en el otorgamiento de la licencia urbanística a este proyecto, se empezaron a recibir los anónimos.    

Reiteramos nuestro compromiso de seguir informando de manera libre e independiente, apegados a los principios periodísticos de independencia, transparencia, equilibrio, rigor y veracidad, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. 

En los siguientes enlaces puede leer las noticias relacionadas:  


Protesta de periodistas conn el lema 'La paz es sin censura', en las calles de Caracas, en 2017.
Protesta de periodistas conn el lema ‘La paz es sin censura’, en las calles de Caracas, en 2017.Manaure Quintero (Getty Image)

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado a los proveedores de internet en Venezuela el bloqueo de los portales informativos Efecto Cocuyo, Crónica Uno, y del canal de televisión El Venezolano TV, con salida desde la ciudad de Miami. La decisión ejecutiva no ha sido anunciada, razonada públicamente o fundamentada con motivos. Sencillamente, estos medios dejaron de estar accesibles dentro del país.

No es la primera vez que tal cosa sucede en Venezuela. Varias organizaciones no gubernamentales vienen denunciando desde, al menos, 2014, el bloqueo selectivo de sitios informativos, de línea habitualmente crítica, o independiente de los intereses oficiales, con medidas discrecionales de este tenor. Desde ese momento hasta hoy, han sido silenciados para los usuarios de internet, entre otros varios, los portales multimedia El Pitazo, VivoPlay, Venezolanos por la Información, Noticias al Día, Alberto News, Armando.info, La Patilla, Caraota Digital y Monitoreamos; además de los colombianos NTN24 y El Tiempo y el argentino Infobae.

El bloqueo ordenado desde el Gobierno no trae consigo, necesariamente, el fin de estos medios, que suelen usar y fomentar entre el público el uso de un VPN para romper el bloqueo digital y tener acceso a la navegación. En ocasiones, los bloqueos son temporales. Algunos de estos portales son muy visitados por una audiencia ávida de información, en un país en el cual los medios referenciales de tradición, particularmente los impresos, han sido casi totalmente destruidos por la legislación y el acoso del chavismo.

Carlos Correa, director de Crónica Uno, no se siente en absoluto sorprendido por esta medida en contra del medio que dirige, aún a pesar de que jamás se la comunicaron: “Nos extraña que no hubiera sucedido antes. Llevamos 8 años denunciando estas prácticas ante instancias como Naciones Unidas, que se han replicado en infinidad de ocasiones en muchos portales digitales, algunos de los cuales, por cierto, no son necesariamente de noticias.”

Correa apunta que, en un régimen de derecho, lo procedente es que estas medidas se tomen previo a una sentencia judicial, en caso de que alguno de estos espacios quebrantaran el ordenamiento jurídico, lo cual, a su juicio, no ha ocurrido en ningún caso. “Una vez más estamos ante un estado que no solo no ofrece garantías básicas de un acceso a internet confiable, como lo establecen los estándares internacionales, sino que también atenta contra los esfuerzos de libre información que hacen los portales digitales en Venezuela para romper la censura y ofrecer información plural a los ciudadanos”, afirma Marianella Balbi, directora Ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad.

“Los bloqueos a sitios informativos se establecen desde el principal proveedor de servicios de internet en el país, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela”, explica Balbi. “A través de órdenes orales, sin dejar registro, se dan instrucciones a las proveedoras privadas para imponer la censura.” La directiva afirma que, en 2021, IPYS Venezuela recabó evidencias de censura digital con la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red, gracias a su Red Nacional de Corresponsales, en el cual se identificaron 1.071 pruebas de impedimentos a 22 portales de noticias.

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“A nosotros nos bloquearon la página web, no la señal en vivo”, aclara Carlos Acosta, gerente general de EVTV, un canal televisivo de línea crítica emitido desde Miami. “Ahí la gente podía leer nuestras actualizaciones informativas. Pero en Venezuela, el público tiene la ventaja de que puede descargar de forma gratuita la app de EVTV. Tenemos también los VPN y seguimos ofreciendo nuestros contenidos en YouTube.”

“Estas medidas aumentan la dificultad de la gente para visitar nuestra página, pero no lo hacen imposible”, afirma Carlos Correa. “Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para fomentar y dar a conocer el uso del VPN entre los que no son nativos digitales, y eso nos obliga a esforzarnos para dar a conocer nuestro trabajo en las redes sociales”. La realidad que describe Correa es la misma del resto de los portales que han sufrido el veto oficial: siguen trabajando, y ahora deben redoblar esfuerzos para llegarle a un público que, en cualquier caso, sigue consumiendo y demandando mucha información.

Archivan caso, pero la amenaza sigue

Casi tres años después, los tribunales venezolanos archivaron el caso del periodista y activista Luis Carlos Díaz, que fue detenido arbitrariamente en marzo de 2019. A Díaz se lo llevaron funcionarios de inteligencia cuando regresaba en bicicleta a su casa. Estuvo desaparecido varias horas, hasta que sus familiares supieron que estaba detenido. Le abrieron una investigación por el delito de instigación pública y le prohibieron salir del país, declarar a los medios y le impusieron un régimen de presentación semanal en los tribunales, medidas que fueron levantadas.

El argumento para la detención fue la manipulación de un video de un web show que hacía con su esposa, Naky Soto, para incriminarlo como responsable del gran apagón que había vivido el país ese año. Esta grabación fue difundida por Diosdado Cabello, segundo al mando del chavismo y diputado de la Asamblea Nacional. En el acta policial se aseguraba que #EnSerio, el programa de Díaz y Soto, era “desestabilizador”.

Su defensa asegura que todavía está en riesgo pues el dictamen “no se traduce en la declaración de inocencia, sino que el expediente se guarda y se podría iniciar nuevamente la investigación”. Las amenazas persisten para él y otros periodistas. A principios de enero, Cabello volvió a señalar a Díaz, a su esposa Naky Soto, y a otros periodistas, como Carla Angola, ancla de El Venezolano TV, en una campaña de estigmatización tildándolos de ladrones. Los comunicadores aparecían en afiches con el mensaje de “Se busca” junto a dirigentes de oposición. Todo esto ocurrió durante su programa semanal transmitido en señal abierta en la televisora estatal VTV. “Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes. Aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había”, dijo el funcionario.

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PPD también requirió a la Contraloría

El jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, junto a otros diputadas y diputados de la tienda, también realizaron un requerimiento a la Contraloría por lo ocurrido durante esta jornada con Joaquín Lavín.

Junto con recordar dictámenes previos del órgano sobre el tema, aseguran que el alcalde de Las Condes «no sólo realizó la actividad como Alcalde de la respectiva comuna, sino que también, como ha quedado consignado en diversos medios de prensa, realizó declaraciones en su calidad de precandidato presidencial, lo cual demuestra una infracción clara al principio de probidad y de no discriminación en razón de que a dicha actividad no fueron invitados a participar otros precandidatos de la misma coalición política del Alcalde Lavín, Chile Vamos, ni de ninguna otra de aquellas que han proclamado candidatos presidenciales en sus Consejo Generales».

Por eso, piden «iniciar una investigación a fin de determinar si en las actividades señaladas en las consideraciones precedentes se han cometido eventuales infracciones a los deberes de probidad administrativa, de no discriminación  y de velar por el adecuado resguardo de los bienes y recursos públicos, persiguiendo las responsabilidades administrativas que de ello deriven y aplicar las sanciones que nuestro ordenamiento jurídico establece».



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publicidad política en Cali
La regulación de publicidad política con miras a elecciones ya quedó definida en Cali. 

La regulación de publicidad política con miras a elecciones ya quedó definida en Cali.

Noticias Cali.

Cada año de elecciones uno de los mayores problemas tiene que ver con la publicidad política de los partidos y candidatos (as), a pesar de pasar meses en campañas, también llenan la ciudad de fotos, mensajes, pendones, pasacalles y lo más grave, en muchos, esa propaganda electoral queda por meses.

Aunque hay una regulación y sanciones para las campañas que no limpien su propaganda, no todos cumplen.

Serán dos campañas este 2022. Foto tomada de Noticiero 90 Minutos.

Cali actualmente tiene un grave problema de contaminación visual, y aunque se han implementando jornadas como Graficalia para mejorar, limpieza y desmonte de vallas ilegales, falta mucho por hacer.

Y viene una época difícil, en la que las normas no se cumplen debidamente y donde las autoridades o se ven desbordadas, o no actúan.

En julio del 2020, la Personería de Cali emitió un comunicado señalando que había más de 30 vallas irregulares y que la Alcaldía no había cumplido con la regulación de este tipo de publicidad exterior.

Para ese momento se mencionaba: «Según el inventario de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, hay 248 vallas instaladas con registro vigente al 31 de Diciembre de 2019, pero hay 144 con esos permisos vencidos e irregularidades».

La situación no cambió mucho en 2020 con el inicio de la pandemia, menos en 2021 con crisis de salud por el Covid y paro nacional.

Meten mano a la propaganda para elecciones 2022

Esta semana la oficina de Planeación Distrital anunció el Decreto No. 4112.010.20.1012 DE 2021 del 13 de diciembre, para la regulación de publicidad exterior con miras a elecciones.

  • Cada partido y movimiento político puede instalar su propaganda hasta en un máximo de 30 vallas. 

Para estos elementos, la norma indica que «no deben poseer áreas menores a 8 metros cuadrados, ni superiores a 48, y estas deben tener Registro expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal».

Además, Roy Alejandro Barreras Cortés, director del Organismo, indicó que se regulan otros tipos de propagandas.

  • En las sedes políticas, un máximo un aviso por cada una de las fachadas del edificio o lugar
  • Pasacalles, pendones, pancartas están prohibidos
  • Deben anunciar en vallas autorizadas y legales, de lo contrario habrá sanciones económicas y de otro tipo.

Las otras medidas son:

  • No se permitiá la publicidad política pintada con aerosol o cualquier clase
    de pintura sobre los inmuebles publicos y privados.
  • Los volantes están permitidos pero no para entregarlos en espacios culturales, historicos, puentes peatonales y vehiculares, entidades oficiales, entidades
    de la fuerza pública, centros educativos y deportivos y sus alrededores.

Deberá retirarse esa propaganda en todo el Distrito, en menos de una semana una vez pasen las elecciones.

El decreto establece que «dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la finalizacion de la contienda electoral del 13 de Marzo de 2022».

Este es el decreto completo: Decreto 1012 de 2021 Se regula la Propaganda Politica Elecciones al Congreso 2022 en Cali

El desorden con la publicidad de gran tamaño o en modalidad de carteles pegados en paredes, muros, puentes.

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