Santiago de Cali, septiembre 15 de 2021. En los Talleres Preparatorios para los ‘Diálogos Vallecaucanos’ que presidirá la gobernadora Clara Luz Roldán en el municipio de Alcalá, fueron elegidos los 20 voceros que tendrán la vocería de la comunidad en este espacio de participación ciudadana.
“Los Talleres Preparatorios en Alcalá estuvo muy concurrido, participaron 88 personas en 22 mesas de la cuales designaron 20 voceros y se levantaron aproximadamente 80 requerimientos. De esta forma se cumple con el proyecto Diálogos Vallecaucanos", aseguró, Luz Ángela Paruma, coordinadora de los Talleres Preparatorios.
Luz Marina Arce, representante de las Juntas de Acción Comunal de Alcalá, destacó este proceso participativo que ejecuta el Gobierno del Valle y dijo que son “muy importantes los talleres, ojalá los sigan haciendo porque dan la oportunidad de expresión y contar las necesidades del municipio".
“Eso mona, dale. No se dejen, Dale duro», manifiestan algunos de los alumnos, mientras las estudiantes caen al piso.
Voceros del municipio hicieron un vehemente llamado a los padres de familia para que adopten medidas.
Noticias Nariño.
Preocupados se mostraron voceros estudiantiles del municipio de La Unión, tras conocerse el bochornoso episodio protagonizado por adolescentes de dos planteles educativos.
En vídeos que circulan a través de redes sociales, se logra apreciar las peleas entre estudiantes d los colegios Normal Superior y de la Institución Educativa Juamambu.
Grabaron el momento en que las jóvenes se lanzan al piso y empiezan a halarse del pelo.
Sin embargo, lo más preocupante es que los compañeros de las jóvenes, en vez de evitar la pelea, alentaban más a las estudiantes para que la riña no parara.
“Eso mona, dale. No se dejen, Dale duro», manifiestan algunos de los alumnos, mientras las estudiantes caen al piso.
Por otro lado se escucha una voz en donde dicen que ya estarían llamando a la Policía, sin embargo la pelea continuaba.
Y es que cabe descatar que no sería la primera vez que se presenta este tipo de situaciones, pues en los vídeos se aprecian los dintintos casos en que se han registrado
Hecho bochornoso
Entre tanto, la comunidad calificó este hecho como bochornoso, al tiempo en que hizo un llamado a los padres de familia para que adopten medidas.
«Como es posible que se presente este tipo de situaciones y nadie haga algo por separlas, por el contrario, las alientan para que sigan. Como padres de familia debemos estar más pendientes de nuestros hijos, La juventud de hoy en día se está saliendo de control», dijo el vocero Gilmer Pérez.
El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, en una sesión de la Asamblea Nacional el 23 de enero.STRINGER (REUTERS)
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se ha abierto a debatir una relajación de las sanciones impuestas por Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro. La iniciativa que el político plantea a Washington abarca especialmente las medidas económicas adoptadas contra dirigentes chavistas y tiene el propósito de fijar cronograma electoral pactado para Venezuela. Este giro, adelantado por Bloomberg, busca reanudar el diálogo en México, suspendido luego de la extradición y encarcelamiento de Alex Saab. El empresario colombiano, una figura muy cercana a Maduro y al Palacio de Miraflores, afronta varias acusaciones por corrupción y lavado de activos y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos.
Hasta este momento, fuentes de la mesa de negociación vinculadas a la oposición aseguran que Maduro no ha querido escuchar ninguna propuesta de la acera adversaria y que condiciona cualquier decisión de volver al diálogo a la liberación de Saab. En los últimos días se ha conocido, además, que una delegación negociadora del Reino de Noruega, que propició estas conversaciones, visitará al país en los próximos días para tantear el terreno.
La noticia del replanteamiento de las sanciones fue negada inicialmente por el entorno de Guaidó. Los políticos opositores no quieren hablar de “flexibilización” porque no les parece un término adecuado, sino de un “levantamiento progresivo” que sea fruto de la dinámica de las conversaciones en un marco compartido de garantías. Algunos cargos consultados, como Freddy Guevara, han insistido en que la supresión las sanciones internacionales al régimen chavista se irá levantando únicamente si es posible concretar un acuerdo político que permita la convocatoria a unas elecciones limpias que le abra las puertas al regreso a la democracia en Venezuela. No más que eso, en su opinión.
El propio Juan Guaidó ha emitido un pronunciamiento en su cuenta personal de Twitter. De esta línea no han querido salirse los demás portavoces: “Ratificamos nuestra posición, y la de nuestros aliados internacionales, de volver lo antes posible al proceso de México para lograr un Acuerdo Integral. El levantamiento progresivo de las sanciones sigue sujeto a cumplir los puntos del acuerdo. Estamos listos para lograrlo”.
Esta información se conoce en un momento en el cual Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y parte de la plana dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela han endurecido con elocuencia su tono amenazante frente a los dirigentes de la oposición, particularmente los del llamado Gobierno interino, una vez concretado el resultado electoral del Estado Barinas, cuna de Hugo Chávez y uno de sus feudos simbólicos más preciados, en el cual se produjo un triunfo electoral de los partidos antichavistas.
A eso se añade que el envalentonamiento de Vladimir Putin en contra de Occidente en la crisis ucraniana está dejando sentir su influencia también en el comportamiento de Caracas. Las amenazas han incluido a políticos como Henrique Capriles Radonski y Stalin González, resueltos partidarios del diálogo con el chavismo, y puertas adentro, adversarios internos de Guaidó en la oposición. Hace pocos días, una comisión de diputados oficialistas, encabezada por Pedro Carreño y Tania Díaz, fue a la Fiscalía General de la República para pedirle al fiscal, Tarek William Saab, celeridad en la aplicación de justicia en contra de “Juan Guaidó y sus cómplices”, bajo la acusación de atentar contra los bienes patrimoniales de la nación, quebrar el tesoro público y confabularse contra la democracia y el estado de derecho. Saab ha prometido cumplirles y en un tuit llegó a afirmar que los expedientes judiciales de su despacho “comprometen a cientos de personas.” La Asamblea Nacional celebró una sesión en la cual respaldó las investigaciones de la Fiscalía.
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En las redes sociales, algunos voceros del chavismo han formulado por cuenta propia acusaciones más amplias, destinadas a asediar a sectores profesionales, y activistas de la sociedad civil. Guaidó respondió a las amenazas de Maduro enrostrándole las averiguaciones en su contra en la Corte Penal Internacional y asomó la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones internacionales a su régimen. A continuación, formuló un nuevo llamamiento al diálogo en México. El propio presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, declaró hace poco que su partido, el PSUV, “se reservaba las acciones legales” en contra de los ciudadanos que intentaron proponer infructuosamente un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, y llamó “estúpido” e “imbécil” a Guaidó por una declaración en la cual éste manifestaba su potencial disposición a acompañar la iniciativa del revocatorio si tomaba vuelo como una posibilidad entre la población.
El contraste entre la realidad áspera y precaria de las principales urbes venezolanas y la exuberancia natural del territorio al sur del río Orinoco (la Guayana mítica de Walter Raleigh, José Gumilla y Alejandro de Humboldt) es enorme. Pero algo tienen en común: durante los últimos años, el crimen organizado ha tomado el control de zonas cada vez más amplias tanto de unas como del otro; solo que, hasta ahora, la atención pública y la acción de los cuerpos de seguridad han estado más concentradas en las ciudades.
La región selvática de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana, ya sea con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos. La minería está prohibida en el Estado de Amazonas desde 1989 por el decreto 269, emitido por el Gobierno que presidía entonces Carlos Andrés Pérez. Pero dos décadas después, en 2009, Hugo Chávez tuvo que llegar a militarizar el Estado para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa de Chávez, la creación del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales al menos ordenada por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado.
El resultado, en cualquier caso, ha sido otro: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” o “sistemas” financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas. La cofradía delictiva se reparte —a veces con tensiones internas— una superficie de 418.000 kilómetros cuadrados, donde caben los territorios de Alemania, Costa Rica y Chipre sumados.
Una base de datos construida para esta investigación a partir de reportes militares y de prensa emitidos entre enero de 2018 y septiembre de 2021, permitió identificar siete grupos armados que ejercen en la zona su actividad, que se traduce en al menos 21 tipos de delitos.
En el Estado de Bolívar, por ejemplo, predominan megabandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos —Toto, Fabio, Juancho, El Viejo y Run, entre otros—, que se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.
En el Estado de Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. Allí impera la ley del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado después del proceso de paz, pero del que una facción decidió volver a las armas.
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FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
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Puntilleros Liberadores del Vichada (PLV, Colombia)
Autodefensas Gaitistas de Colombia (AGC)
El Ciego
El Sapito
El Parcero
El Pelón
Ronny Matón-Tren de Guayana
Banda de Nacupay
Banda de El Toto y Zacarías
El Manteco
El Run o 3R
Sindicato de Fabio
Sindicato de Juancho
Sindicato de Humbertito
Sindicato de El Viejo Darwin-Las Cristinas
Fuente: elaboración propia.
Presencia de grupos armados
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
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Puntilleros Liberadores del Vichada (PLV, Colombia)
Autodefensas Gaitistas de Colombia (AGC)
El Ciego
El Sapito
El Parcero
El Pelón
Ronny Matón-Tren de Guayana
Banda de Nacupay
Banda de El Toto y Zacarías
El Manteco
El Run o 3R
Sindicato de Fabio
Sindicato de Juancho
Sindicato de Humbertito
Sindicato de El Viejo Darwin-Las Cristinas
Fuente: elaboración propia.
Huéspedes indeseables en la mansión verde
La penúltima vez que G.T. (su nombre se omite por cuestiones de seguridad), un indígena de la etnia baniva —una comunidad de poco más de mil personas distribuidas entre Venezuela y Brasil—, pisó su campamento de pesca deportiva en el municipio Río Negro, en el suroeste del Estado de Amazonas, algo había cambiado radicalmente. La zona está a más de cinco días de navegación fluvial desde la capital del estado, en un territorio casi virgen. G.T. mantenía el puesto como un campamento de servicios y meca para pescadores, que acudían desde muy lejos para cobrar ejemplares del pavón o tucunaré (Cichla ocellaris), una especie muy apreciada como trofeo de la pesca deportiva en aguas de la Orinoquía.
Esa vez, en 2011, un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC, vestidos de civil, se acercó a conversar. G.T., hoy de 47 años de edad, cuenta que el trato que le dieron fue “respetuoso”, pero él y su familia decidieron no volver al campamento. A fin de cuentas, los clientes tampoco iban a regresar en esas condiciones.
Atures, Autana, Atabapo, Maroa y Río Negro conforman una hilera de municipios fronterizos del Estado de Amazonas, en Venezuela, que está frente a los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia. Estos territorios del oriente colombiano eran baluartes tradicionales de las FARC. Los ríos principales de la zona —Inírida, Guaviare, Vichada, Meta, Orinoco, Atabapo, Guainía y Negro—, así como sus múltiples brazos y afluentes, donde el indígena baniva solía pescar pavón, ofrecieron condiciones favorables para que la guerrilla colombiana migrara paulatinamente a Venezuela. El debilitamiento de los liderazgos locales y la baja presencia institucional del lado venezolano hicieron otro tanto. Los corredores fluviales fueron claves, en un primer momento, para la provisión de suministros y logística que requerían las campañas guerrilleras; luego ayudaron a crear en Venezuela una suerte de aliviadero; y, finalmente, les dieron la oportunidad de apoderarse de actividades ilícitas que aportan financiamiento.
Una diversidad de finos caños le han permitido a la guerrilla el medio para el suministro de provisiones inicialmente y, luego, el desarrollo de economías ilegales.Sergio González
Las denuncias públicas de la presencia de las FARC en el Amazonas venezolano datan de, al menos, comienzos del siglo XXI. Pero con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016, se produjo un vacío que el ELN —que hasta entonces no había tenido mayor presencia en Guainía y Vichada—, se apresuró a llenar. El ELN, tradicionalmente más activo en la zona de Los Llanos, dio sus primeros pasos en el sur de Amazonas con el Frente José Daniel Pérez Carrero, según coinciden las fuentes consultadas. Más tarde, ya no las FARC sino sus disidencias se establecieron en Venezuela bajo la franquicia del Frente Acacio Medina, creado en 2012, y la dirección de Géner García Molina o Jhon 40.
Claramente, la expansión de la guerrilla colombiana en el extremo sur de Venezuela empezó por la zona más despoblada. Pero hoy se despliega por los siete municipios del Estado de Amazonas.
Se trata de una zona que prácticamente no tiene medios locales y su cobertura por parte de la prensa nacional es muy limitada. Por tanto, los reportes periodísticos procedentes de Amazonas son escasos en la base de datos. Aún así, muestran un aumento de las denuncias contra el auge de la minería, los abusos militares y la incursión de grupos armados a partir de 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz.
La expansión del ELN y las disidencias de las FARC no se relaciona solo con el interés en la extracción de minerales, sino también con el control de rutas para el tráfico de drogas proveniente de los departamentos colombianos Meta, Guaviare y del municipio de Cumaribo, en el Vichada, hacia territorio venezolano. Se lucran brindando servicios de seguridad o permitiendo el tránsito y presencia en la zona, de acuerdo con un informe de marzo de 2021 de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
En enero de 2021, por ejemplo, una embarcación sumergida más de la cuenta mientras se movía por el río Inírida alertó a la Armada colombiana. Después de revisar víveres que tapaban el fondo, los militares encontraron una caleta con 600 kilos de marihuana que, presumen, tenía como destino Venezuela. En época lluviosa, aprovechan la crecida de los ríos pequeños para movilizarse y evitar los controles militares, indican los reportes de la base de datos.
La droga fue incautada en un bote con doble fondo que navegaba por el río Inírida.El Morichal
Las tensiones políticas entre Caracas y Bogotá, que desembocaron en la ruptura diplomática de 2019, crearon un “escenario propicio” para el “posicionamiento táctico” de los guerrilleros colombianos en la frontera a fin de aprovechar “las condiciones geográficas y medioambientales del territorio en la explotación de economías ilegales y el uso de esta zona como refugio y retaguardia”, de acuerdo con el mismo informe.
El ELN y las disidencias buscan en el Amazonas venezolano coordinar sus acciones; entre ellas, un acercamiento a las comunidades indígenas que suele ser pacífico. Ello no ha evitado, sin embargo, que la invasión de territorios, la construcción de ciertas infraestructuras —como campamentos o pistas aéreas— y el reclutamiento forzoso les enajene la amistad de los locales y haya obligado a los aborígenes a migrar a Colombia y Brasil.
Aunque la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela mantiene su presencia en la zona, no hay razones para pensar que sea para expulsar o siquiera contener a las guerrillas. Por el contrario, abundan los testimonios sobre su dedicación a prácticas irregulares o ilícitas. Funcionarios militares han sido denunciados por despojar de sus pertenencias a quienes transitan a bordo de embarcaciones en aguas colombianas. A mediados de 2019, por ejemplo, siete uniformados venezolanos dispararon contra una embarcación colombiana que luego interceptaron para robar a sus tripulantes.
En el norte del Estado de Amazonas, en donde convergen las fronteras de los Estados venezolanos de Apure y Bolívar con las del departamento colombiano de Vichada, la guerrilla ha ganado el control estratégico de una importante encrucijada fluvial. En el municipio Atures —nombre de los célebres rápidos del río Orinoco—, el ELN comparte terreno con el Frente Décimo de las disidencias de las FARC y se reparten tareas desde Puerto Carreño —ciudad que domina el cruce del Meta con el Orinoco— con otros dos grupos armados, sucesores del paramilitarismo: Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En la vertiente venezolana de la frontera ya se presentan las represalias violentas, aunque no sean todavía comunes. Dos hechos investigados por las autoridades colombianas lo sugieren: En junio de 2019 fueron encontrados dos cadáveres de sexo masculino en Puerto Carreño. Ambos eran jóvenes venezolanos. Diez meses después, fueron encontrados los cuerpos de otros dos hombres, un colombiano y un venezolano, con un letrero adosado que decía: “Por traidores y sapos [delatores, en el castellano coloquial de Colombia y Venezuela]”. Ambos casos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC.
Mineros contra indígenas
Al sur de Amazonas, otro invasor va a cumplir 40 años de ocupación. Son los garimpeiros, término del portugués brasileño que denomina a los mineros ilegales. Suelen venir de Brasil y operan, sobre todo, en el territorio de los pueblos yanomami, que es binacional.
Han llegado por la fiebre del oro y se establecen a sangre y fuego cada vez que es necesario. Todavía se recuerda la masacre de Haximú, una comunidad yanomami cercana a las fuentes del río Orinoco, en Venezuela: en 1993, 16 indígenas fueron asesinados de forma brutal por garimpeiros. La comunidad fue incendiada. Y, como si nada, los garimpeiros siguieron operando allí, entre otras razones, por la laxitud de la justicia brasileña, que fue la encargada de examinar el caso teniendo en cuenta la nacionalidad de los acusados y su competencia para procesar delitos extraterritoriales: solo cinco de los 22 autores de la matanza fueron condenados.
De hecho, en la base de datos preparada para este reportaje se verifica que las denuncias de prensa y de las organizaciones indígenas siguen ubicando el grueso de la actividad actual de los garimpeiros no lejos de Haximú, sobre el curso del río Ocamo.
El corredor de entrada a Venezuela para los mineros pasa por el cerro Delgado Chalbaud, en la Sierra de Parima, a pesar de que allí se encuentra un puesto avanzado de militares venezolanos. Desde ese punto, los expedicionarios están a solo dos días de caminata, o menos, de Haximú, según relataba un comunicado que una representación yanomami envió en 2020 a Provea, la principal organización de Derechos Humanos en Venezuela: “Las autoridades les permitieron instalar unas cuatro máquinas para sacar oro y minerales (…) están en los mismos terrenos que circulaban cuando la masacre”.
Como los guerrilleros, los garimpeiros dijeron a los indígenas que querían hacer por las buenas un convenio con ellos. El temor tenía todas las de ganar, al igual que sucede con los guerrilleros. “No nos queda más remedio que estar callados porque están armados y tenemos miedo”, indicaron en el comunicado.
Pero los garimpeiros se encuentran también mucho más al norte. Es el caso del municipio Manapiare, que limita con el Estado de Bolívar. Las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio río Ventuari, Kuyujani del río Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, denunciaron en agosto de 2021 la presencia de 400 garimpeiros con 30 máquinas. “Los pueblos indígenas están siendo sometidos a situación de esclavitud en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare”, denunció públicamente el Defensor del Pueblo del Estado de Amazonas, Gumersindo Castro, sin encontrar eco.
Aún así, la actividad de los mineros ilegales en el Estado de Amazonas todavía se ve modesta frente al frenesí del lado brasileño. El reconocido líder yanomami brasileño Dário Vitório Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, denunció —vía telefónica— la presencia de 20.000 mineros en las tierras ancestrales del lado de Brasil. También asegura que entre los mineros están infiltrados miembros del temible Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas y temibles de la región, que controla el tráfico de drogas dentro del mercado nacional y hacia el internacional, así como de otros grupos armados. Como el trasvase ocurre en ambos sentidos a través de la porosa membrana fronteriza, las autoridades brasileñas comprueban que decenas de venezolanos con antecedentes penales, llegados al país en medio del flujo imparable de refugiados, se han sumado a las filas del PCC.
“Los invasores están creciendo y los empresarios están apoyando al garimpo ilegal con transporte aéreo, aviones, helicópteros, barcos”, dijo Kopenawa.
El pliego delictivo de los ‘sindicatos’
Los indígenas del oeste del Estado de Bolívar, cerca de los linderos de Amazonas, también sufren los desmanes de invasores armados. Entre ellos hay guerrilleros y también otros actores nuevos: los sindicatos.
Al menos desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, se reportaron siete eventos que ratifican la presencia tanto de grupos armados locales como de grupos guerrilleros foráneos en el municipio Sucre del Estado de Bolívar, corazón del Parque Nacional Caura, creado por decreto del gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2017. El área protegida, que corresponde a las márgenes y cuenca del río Caura, abarca 7,5 millones de hectáreas.
A mediados de julio de 2020, un pelotón de 70 hombres con uniformes verde oliva tomó un campamento turístico a las orillas del río Caura. Estaban armados. Testigos de la incursión relataron que colgaron sus hamacas y permanecieron en la zona por al menos tres semanas. Se identificaron como disidencias de las FARC. Ese mismo mes, la comunidad indígena de El Playón, en el Bajo Caura, denunció la llegada de “grupos colombianos armados” y, tres meses después, en la comunidad Las Pavas, se repitió el relato: un “grupo irregular de Colombia” llegó al territorio indígena y se instaló. Líderes comunitarios de las etnias ye’kwana y sanemá, que viven a orillas del Caura, denunciaron al Observatorio Indígena Kapé-Kapé que estos grupos armados intimidaron a la comunidad para tomar el control de las zonas mineras. Impusieron restricciones para la movilización. Los nativos ya no podían ni pescar ni cazar libremente.
Durante cinco meses hubo relativa paz, pero en marzo de 2021 otros grupos irregulares realizaron un ataque en la mina El Kino del Bajo Caura. Una maestra y su esposo fueron asesinados. Las primeras versiones de los voceros indígenas indicaron que el grupo armado, que no se identificó, les pidió desalojar los terrenos aledaños al yacimiento ilegal. Como la respuesta fue negativa, se desató la violencia.
Apenas un mes después, otro ataque en la mina El Silencio terminó en el asesinato de cuatro personas, entre ellas el capitán indígena —jefe o cacique— de la comunidad La Felicidad, Nelson Pérez, de 30 años. Tres años antes, un predecesor en la capitanía, Misael Ramírez, fue asesinado junto a su hijo de 18 años en el mismo sitio. La ejecución fue atribuida a un grupo armado que se alió con indígenas sanemá para tomar el área. Tanto Pérez como Ramírez eran de la etnia jivi, que con individuos ye’kwana conforman la población de La Felicidad.
Se trata de acciones de los llamados sindicatos: en realidad, pandillas o bandas de desclasados que se congregan en torno a pranes o líderes delictivos. La suma de numerosos testimonios permite afirmar que esos grupos dominaron los yacimientos en el Caura hasta julio de 2020. Pero después de esa fecha las cosas cambiaron. La toma del campamento turístico en Las Trincheras, así como las incursiones en las comunidades de El Playón y Las Pavas, eran en realidad avanzadillas de las disidencias de las FARC, que consiguieron desalojarlos. Las cuatro minas más grandes del Caura —Yuruani, La Bullita, Fijiriña y San Pablo— están ahora en manos de las disidencias de las FARC y del ELN que, aseguran los líderes consultados, se benefician del pago en oro que deben entregar los dueños de máquinas usadas en la extracción de oro. “Garantizan la seguridad de los mineros y los que circulan en la zona y cobran una vacuna a cada dueño de máquina”, explicó un dirigente indígena.
Cuando el gobierno de Nicolás Maduro decretó la creación del Parque Nacional Caura, el objetivo era ampliar la protección del reservorio de biodiversidad y refugio de pueblos indígenas. No obstante, el parque está al costado del llamado bloque 2 del Arco Minero del Orinoco, lo que exacerba las presiones en un área ya afectada por la minería.
“Estos grupos mantienen a la población de la cuenca bajo amenazas sistemáticas y terror en toda el área. Hay una situación estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los ríos Caura y Ventuari. Si continúa el deterioro de los derechos, se profundizarán las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas”, alertó la ONG Wataniba en el pico de la violencia.
La ley de la jungla
Que los sindicatos sufrieran una derrota en la cuenca del Caura no quiere decir que se hayan extinguido. En otras zonas del Estado de Bolívar gozan de excelente salud.
Eso puede comprobarse, por ejemplo, en las calles polvorientas del pueblo de El Callao, capital del municipio homónimo. Fundado a mediados del siglo XIX a orillas del río Yuruani, es la veta de oro con más tradición en Venezuela. En algún momento atrajo capitales extranjeros y una riada de trabajadores del Caribe angloparlante, que traían consigo todo su bagaje cultural. No en balde ha sido lugar de adaptación y desarrollo para versiones locales de la lengua patois y del calipso, así como de sabores reminiscentes de las Antillas que se reconocen en platillos como el calalú (una sopa con hojas y jamón), el domplín (una especie de pan frito) y el yinyabié (una bebida que lleva cerveza de jengibre y ginebra). En 2016, sus fiestas de Carnaval fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
La violencia se ha sumado ahora a sus tradiciones.
Oriannys Yánez lo comprobó en la madrugada del 11 de noviembre, vio llegar a su bebé de un año, cubierto de sangre, a la emergencia del hospital Juan Germán Roscio en El Callao.
Minutos antes, un tiroteo había levantado a los vecinos del centro del poblado. En ese sector la madre de Oriannys vivía con el bebé, su nieto, luego de que Oriannys decidiera sacarlo del cercano sector El Perú, en las afueras de El Callao, por la violencia.
Cuando el tiroteo se silenció, la abuela abrió la puerta del cuarto donde duermen el bebé y su hermano de nueve años. Encontró al mayorcito con el bebé en brazos: “¡Se va a morir mi hermano, se va a morir!”, gritaba. Una bala perdida perforó parte de su abdomen y salió sin causar daños severos en los órganos.
No fue un incidente aislado. Desde hace más de una década, la triada integrada por los municipios Roscio, El Callao y Sifontes, al sureste del Estado de Bolívar, cerca de la frontera con Guyana, es un tramo peligroso y bajo control de grupos armados. En 2016, 17 mineros fueron encontrados en una fosa común, luego de que familiares reportaran su desaparición, en la que se conoció como la masacre de Tumeremo. En 2018, otros siete mineros fueron asesinados y dejados a los lados de una vía polvorienta que conduce a yacimientos auríferos. En los últimos tres años han sido encontrados cuerpos desmembrados. El caso más reciente ocurrió en septiembre de 2021, cuando transeúntes de El Callao encontraron dos cabezas humanas dentro de un bolso en el centro del pueblo.
El balance de 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia encontró que la profundización de la crisis socioeconómica en el país tuvo un efecto paradójicamente positivo: el crimen violento descendió. “Un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo (…) redujeron notablemente las oportunidades del crimen”. Pero, al enfocar el diagnóstico en esa zona del Estado de Bolívar, la tendencia es la opuesta. Los asesinatos y desapariciones aumentaron.
El Callao despunta con una tasa de 511 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es el municipio más violento del país y registra una tasa 11 veces superior al promedio de muertes violentas de toda Venezuela.
A pesar de las cifras pavorosas de la violencia, esta no es siempre la herramienta preferida de los sindicatos, que derivan su nombre de la estructura propia de los trabajadores de la industria de la construcción, de donde muchos de sus líderes provenían al principio, así como de la cadena de mando informal que reina al interior de las cárceles venezolanas.
En los municipios de Bolívar donde actúan, los sindicatos imponen reglas claras de seguir y hasta se han vuelto benefactores a través de fundaciones. En situaciones específicas en las que la persuasión no surte efecto, recurren al atropello, el amedrentamiento y el castigo.
La llegada de estos grupos a los yacimientos auríferos a partir de 2006 fue consecuencia directa de la estrategia de militarización implementada durante la llamada “reconversión minera” del presidente Hugo Chávez, que intentaba reemplazar la minería artesanal ilícita por el Estado. Pero esa política naufragó en septiembre de 2006 con la muerte a tiros de seis mineros a manos de militares en el sector de La Paragua, en el oeste del Estado de Bolívar. Cuatro de las víctimas mostraban disparos en la espalda. La masacre ocasionó una reacción fuerte y organizada de los mineros y un escándalo en la prensa internacional. La fuerza militar se replegó, pero los poderes fácticos alentaron la instalación de grupos armados que mantuvieran el control por la fuerza de zonas mineras estratégicas.
En un extremo de El Callao, en el sector conocido como El Perú, los vecinos coinciden en que hasta hace ocho años vivían con relativa tranquilidad. Todo cambió cuando un hombre de la comunidad, apodado Toto, se alió con otros para delinquir. Su familia se había mudado a El Callao durante una de las tantas explosiones de fiebre del oro. Empezaron con robos a mano armada y cobros extorsivos de vacunas a mineros. En 2013, sus acciones escalaron de nivel.
Hoy su grupo domina todas las minas de El Perú, una zona extensa y rica en oro. Algunos de los yacimientos bajo su autoridad son Cuatro Esquinas, La Laguna, Panamá y La 45. Viven en las montañas y bajan a las zonas mineras solo a cobrar sus diezmos: en realidad, 30% de lo producido por mineros, por molineros y por la compra de arenas auríferas procesadas por empresas formales.
Alejandro Rafael Ochoa Sequea, Toto, es uno de los diez delincuentes más buscados por la Policía Judicial en el Estado de Bolívar. Otros dos de la misma cartelera son miembros de su banda: Picoro, detenido en 2020 mientras se escondía en un búnker; y Zacarías, uno de los tantos migrantes procedentes del otrora centro de la industria pesada venezolana, Ciudad Guayana, al norte del Estado, que se han reconvertido como delincuentes en las zonas mineras.
De acuerdo a lo que se verifica en los registros de la base de datos, entre junio de 2020 y junio de 2021 los cuerpos de seguridad estatales detuvieron a 72 supuestos miembros de la banda de Toto, mataron a otros 26 y retuvieron 28 armas y más de 800 municiones de la banda, a la que también incautaron drogas, oro, uniformes militares y hasta un cuaderno con el inventario de su arsenal y la “contabilidad” de las extorsiones a mineros.
Llevar registro de sus armas debe ser fundamental para esta pandilla con pretensiones de milicia: por ejemplo, se le ha incautado un lanzacohetes AT4, de fabricación sueca, una de las armas antitanque más usadas en el mundo. En 2009, su fabricante, Saab Bofors Dynamics, pidió explicaciones al gobierno venezolano, su cliente, por la confiscación de tres armas de este tipo en poder de las FARC colombianas.
Con este arsenal, no ha habido incentivo alguno para la tregua. Con frecuencia, los delincuentes se sienten y están mejor equipados que las fuerzas de seguridad. En el balance de muertes atribuidas a la banda de Toto se incluyen el asesinato de la exconcejala Mara Valdez, del cultor Carlos Clark y de uniformados de la policía, de la inteligencia militar y de la Guardia Nacional. La violencia que emplean Toto y otras bandas locales, como las de El Chingo y Nacupay, ha ocasionado que muchos lugareños prefieran vender sus casas y migrar.
“Acá lo normal es anormal, la gente ha perdido el respeto a la vida”, dice un hombre de 61 años, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
La influencia delictiva de Toto se extiende hasta el vecino municipio Roscio, en donde también operan el Tren de Guayana y la banda de Ronny Colomé Cruz, alias Ronny Matón, un heredero de yacimientos controlados antes por dos delincuentes que fueron asesinados: Capitán y Gordo Bayón. Este último fue baleado en 2014 a su salida del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, sede del gobierno de Nicolás Maduro, tras participar en una discusión del contrato colectivo de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
La casa de papel
En Sifontes, uno de los 11 municipios del Estado de Bolívar, se reporta desde 2018 la aparición de otra banda delictiva. Es conocida como Run por su líder, Eduardo José Natera, alias El Run o El Pelón. Su área de dominio incluye a la capital municipal, Tumeremo, a la que tomó bajo su control luego de avanzar desde zonas más rurales o selváticas de la periferia. A su cuartel general le llaman La casa de papel, en alusión a la serie española de Netflix.
Se distingue por su arrojo y violencia. Se le atribuye el asesinato en abril de 2020 del comandante del cuartel del Ejército en Tumeremo, el teniente coronel León Ernesto Solís Mares. Pero su nivel de control sobre la zona le ha llevado a actuar también a través de una organización filantrópica —RRR o 3R—, con la que adelanta actividades comunitarias que van desde la reparación de vías e instalaciones eléctricas hasta la donación de alimentos y medicinas. Los nombres RRR o 3R también eran dados a la banda, pero ahora se acostumbra llamarla también OR, para diferenciarla de la fundación social que nació bajo su cobijo.
En el área de acción de la organización criminal, muy cerca de la frontera con el Territorio Esequibo, también se ha denunciado la presencia de la guerrilla desde 2018. Ese año, un enfrentamiento entre la banda de Josué Zurita —El Coporo—, y supuestos guerrilleros del ELN, pareció confirmar no solo esa versión, sino que había nuevas disputas por el dominio territorial.
La vía que conecta con Brasil es un colador de huecos que kilómetros adentro deja ver parches deforestados en los que mes a mes hay más campamentos improvisados, construidos con columnas de árboles talados y techos de plástico negro.María Ramírez Cabello
Más al sur, los apodos de los líderes criminales se siguen sumando, como si fueran una reproducción caricaturesca de divisiones políticas e instancias de gobierno, que en los hechos es lo que representan: en las localidades de Las Claritas y Kilómetro 88, a la entrada de la Gran Sabana y en ruta a Brasil, domina el clan de Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como Juancho, quien opera junto a Humbertico, hijo del pran Humberto Martes (alias El Viejo), y Darwin Guevara, a quien se vincula con Johan Petrica, uno de los líderes del llamado Tren de Aragua, probablemente el gang más poderoso de Venezuela, con conexiones internacionales. En la cercana población de El Dorado es el sindicato de Fabio Enrique González Isaza, Negro Fabio, el que manda.
Los criminales han pactado una suerte de gobernanza informal en la zona, que se financia con lo que recauda mediante extorsiones a mineros y a todo aquel que adelante alguna actividad productiva en los alrededores. “Ejercen un rol de fuerza más alto que las autoridades policiales y militares”, dice una habitante de Las Claritas, que considera que el poblado “es como una cárcel abierta”.
En Las Claritas, tanto el mando como el negocio le quedan claros a quien busque prosperar o solo sobrevivir. Debajo del suelo está la mayor reserva aurífera del país. Allí es precisamente donde el gobierno de Nicolás Maduro se ha empeñado en impulsar un proyecto de industrialización de la producción de oro, cobre y plata, junto con la canadiense Gold Reserve. Pero la fuerza del caos y del régimen subyacente de los sindicatos ha impedido hasta ahora la construcción de las dos plantas proyectadas.
En la propia Gran Sabana, la minería lleva un ritmo agitado en el Parque Nacional Canaima y en la comunidad de Ikabarú. En esta última, el gobierno legalizó un bloque de explotación aurífera en el que participan comunidades indígenas. Ello debería funcionar como un disuasor para los sindicatos.
No obstante, en diciembre de 2019, la matanza de seis personas en Ikabarú encendió las alarmas. Sujetos vestidos de negro entraron al pueblo y dispararon contra un grupo de hombres en el centro de la comunidad. Entre las víctimas se contaba un indígena. Desde entonces, corren versiones cada vez más insistentes sobre la incursión del sindicato de El Ciego, quien controla, junto a El Sapito, los yacimientos de La Paragua, mucho más al oeste, en el municipio Angostura.
Criminales aprovechan la deteriorada vía terrestre desde Amazonas hasta los municipios al norte y sur de Bolívar para el tráfico de drogas.Sergio González
Otros tráficos
Cuesta creer que en la carretera tortuosa, en su mayor parte de tierra, que conecta a Amazonas con Bolívar, pueda prosperar algún negocio. No hay servicios y el Estado está ausente. Las casas en el trayecto son cascarones vacíos y, en medio del calor, no hay ni un punto para refrescarse. Solo las enormes rocas, como puestas en la tierra por un gigante, distraen la vista.
Pero sí, un negocio consigue prosperar en ese tramo yermo, aunque sea ilegal: la base de datos muestra un claro corredor de tráfico de drogas por esta vía terrestre. Más de la mitad de los procedimientos militares realizados en el municipio Cedeño, adyacente al estado Amazonas, están vinculados con decomisos de drogas.
En abril de 2019, Elvin Bolívar y Marlon Yeison fueron detenidos en una alcabala militar de la Guardia Nacional, a cinco horas de la capital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Viajaban en una furgoneta en la que ocultaban 19 kilogramos de marihuana del tipo crispy —cultivada en invernaderos y más potente—, en el interior de las puertas, en el tablero y en el techo, según el parte militar. Uno de los hombres tenía documento de identidad colombiano. Las autoridades informaron que la droga provenía de Colombia.
En otros cuatro reportes militares de la base de datos, cuyas incautaciones suman 78 kilogramos de drogas, los detenidos viajaban desde Puerto Ayacucho hasta Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz, ambas ciudades del estado Bolívar, a orillas del Orinoco. Escondían marihuana o cocaína en distintos compartimentos. La ruta sigue luego a Tumeremo, Las Claritas y Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil.
Elis Lugo usurpaba funciones militares para trasladar 376 kilogramos de marihuana. GNB CZ N°62 Bolívar
La movilización de grandes cantidades de dinero en efectivo es otro de los hallazgos que arroja la información y que muestra cómo se sigue sacando provecho del botín de oro en el sur venezolano. En 2021, aún con el encierro por la pandemia, fueron incautados tres cuartos de millón de dólares en efectivo.
El decomiso de mayor cuantía ocurrió en junio. José Alberto Reyes Chueco fue detenido en San Félix, sección oriental de Ciudad Guayana, con 650.000 dólares en efectivo. La Guardia Nacional informó que Reyes Chueco formaba parte de la organización criminal El Dorado, dedicada a “la comercialización de armas de guerra en zonas mineras del estado”. De su teléfono se extrajeron capturas de conversaciones en WhatsApp con intercambio de imágenes de armas y municiones.
El segundo mayor decomiso, por 74.550 dólares, también se conecta con El Dorado: la población de ese nombre, en el municipio Sifontes, es una de las zonas mineras controladas por grupos armados. El botín iba en manos de Yolbill José Gámez, oficial de la Policía del Estado de Bolívar.
Oro, drogas, equipos y suministros mineros, armas, otros minerales, mercancía de contrabando: la zona de Guayana, antaño promesa de progreso y descubrimientos silvestres, es una autopista de los negocios ilícitos del crimen organizado.
(*) Esta es la segunda entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
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A través de vídeos se evidencia el temor de los niños que piden que cese la violencia. Se trataría de un hostigamiento en contra de la fuerza pública.
Noticias Nariño
Una tensa situación se viene registrando desde tempranas horas de la madrugada de este jueves en el municipio de Ricaurte, piedemonte costero, por cuenta de los fuertes combates entre ilegales y la Policía.
Los hechos, se presentaron más exactamente en el sector de Ospina Pérez.
De acuerdo con voceros de la región, se trató de un hostigamiento en contra de la Fuerza Pública.
Señalan que de un momento a otro, grupos ilegales llegaron hasta el lugar y empezaron a disparar indiscriminadamente.
En medio de la acción, la Fuera Pública habría reaccionado con inmediatez, lo cual produjo la fuerte balacera en la zona.
La situación, ha quedado registrada en vídeos en donde se aprecia el temor de la gente, especialmente de los niños.
“Mire, ya van tres disparos, parece que continúan”, dicen algunos niños, con voz temorosa.
Frente a esta situación, autoridades no han emitido un reporte oficial, sin embargo, se conoció que por fortuna, no habrían personas lesionadas.
Los enfrentamientos se registraron tras la presentación de agrupaciones musicales que buscaban amenizar el Carnaval.
Noticias Nariño.
En una verdadera ‘batalla campal’ terminó el Carnaval de Negros y Blancos que se vivió en el municipio de Túquerres, sur Nariño.
De acuerdo con algunos espectadores, la situación se presentó en medio de la presentación de grupos musicales que buscaban dar cierre al evento magno.
A través de vídeos se aprecia el momento en que adultos y jóvenes disfrutan de la presentación de artistas invitados.
Sin embargo, de un momento a otro empezaron las discusiones entre algunos participantes, lo cual terminó en una batalla campal.
La situación de inmediato generó pánico entre los participantes, quienes de inmediato buscaban refugiarse con algunos de los elementos que habían dispuesto para el evento.
“Mira, mira están tirando botellas. Salvajes, no hagan eso”, señalan en medio de los gritos, al tiempo en que las botellas de vidrio son arrojadas al aire.
Entre tanto, algunos voceros del municipio de San Bernardo rechazaron lo sucedido e hicieron un llamado a la comunidad.
“Por gente como esta es que no se pueden llevar ningún evento acabo y si bien no fue el mejor; tuvimos carnaval y mucha gente si se divirtió y compartió con su familia. Nada justifica ese comportamiento. Es necesario que se redoblen los controles para este tipo de eventos”, señalaron.
El apoyo de la comunidad fue de suma importancia para rescatar al animal que presentaba algunas lesiones.
Noticias Nariño
Un emotivo momento se registró en el municipio de Ipiales, tras el rescate de un caballo que cayó al desagüe.
El caso se registró en el sector conocido como el Partidero de Carlosama.
“Salvamos vidas sin importar de quién se trate. Rescatamos un equino el cual cayó en una cámara de desagüe metros más abajo del Partidero de Carlosama”, indicaron Bomberos de Ipiales que atendieron la emergencia.
Rescatamos un equino🐎🐴 el cual cayó en una cámara de desagüe vía a Carlosama. Fue necesario utilizar cuerdas y hacer unión entre comunidad, Goe de la policía, y rescatarlo, luego entregado a propietario. Emergencia atendida 4 unid y 1 móvil @CITELDNBC@DNBomberosCol@TTEJOHNSONpic.twitter.com/HjdeusM2Jr
Se trata de dos pequeñas de 9 y 16 meses de nacidas. La falta de acceso y la vulneración de derechos cada vez más sigue cobrando vidas.
Noticias Colombia
Un nuevo y trágico hecho contra la niñez se sigue presentando en La Guajira, luego de que dos niñas murieran por causa de desnutrición.
Así lo indicó el representante de la ONG Nación Wayúu, José Silva Duarte, tras confirmar que fueron dos los casos que se han registrado en el mes de enero.
El primer caso de muerte a causa de la desnutrición en el 2022 fue el 8 de enero y se trató de un bebé de nueve meses de nacido.
Mientras que el segundo caso correspondió a una bebé de 16 meses de nacida que murió cerca de las nueve de la mañana.
De acuerdo con lo reportado, la madre de una de las menores ante el difícil acceso a estas zonas, no pudo recibir la atención que debía ser brindada a su hija.
#URGENTE El reciente informe de Human Rights Watch @hrw_espanol confirmó que ¡los indígenas Wayuu padecen niveles desproporcionados de pobreza! Y deja en evidencia LA MUERTE DE 32 NIŃOS menores de 5 años por desnutrición. @deluque debería contar sobre eso en su discurso político pic.twitter.com/WBLyz1tPoM
Por esta razón, desde la ONG emitieron una alerta a las autoridades para que intervengan y cumplan de una vez con la Sentencia T-203 de 2017 a favor de la comunidad.
Voceros señalaron que estos hechos se convertirían en los primeros casos registrados en lo corrido de 2022, demostrando la vulneración a los derechos fundamentales hacia esta población.
“hay una grave vulneración a unos derechos fundamentales, hacia la población indígena infantil, que requiere una protección especial y que fueron establecidos a través de la SetenciaT-302, pero que hasta el momento se encuentra en desacato», afirmaron.
También agregó que, la atención que ha recibido la población infante de estas comunidades ha sido muy poca para lo realmente necesario.
“Estos niños se encuentran a merced del hambre y desnutrición y prueba de ello es que en menos de 15 días ya van dos fallecimientos a causa de esta grave situación”, manifestó.
Según las cifras del Instituto Nacional de Salud en 2021, fallecieron 38 niñas y niños Wayúu menores de cinco años, a casusa de hambre y sed.
David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, durante una conferencia de prensa en La Paz, en 2020.DAVID MERCADO (Reuters)
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y seis ministros del Gabinete han dado positivo a la covid-19 en el repunte de contagios en el país. Se trata del 37% del Gabinete, conformado por 16 funcionarios. Choquehuanca se ha contagiado por tercera ocasión y a una semana después de haber recibido su primera dosis de la vacuna, algo que había eludido durante ocho meses. El Gobierno publicó un comunicado informando que, además de él, los responsables de Relaciones Exteriores, Gobierno (Interior), Defensa, Planificación, Justicia y Educación estaban aislándose tras someterse a pruebas.
Desde el 27 de diciembre, Bolivia se encuentra en el pico de su cuarta ola de contagios. En los últimos siete días, los nuevos casos han aumentado a un ritmo promedio de más de 9.000 diarios, superior al de otros momentos de la pandemia. La variante ómicron de la covid-19 se ha detectado oficialmente en La Paz, la capital administrativa del país, y los médicos aseguran que está expandiéndose también en otras ciudades en las que el brote es más intenso, como Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Igual que ocurre en el resto del mundo, los contagios son rápidos, los cuadros más leves entre los vacunados y la tasa de mortalidad más baja que nunca antes (de alrededor del 0,8%). En Bolivia el subregistro de contagios y fallecimientos es muy alto.
La vacunación del vicepresidente Choquehuanca se produjo luego de que la oposición le criticara continuamente por no haberlo hecho en abril pasado, cuando le correspondía por su edad. El vicepresidente boliviano explicó que no se había vacunado antes porque había enfermado dos veces con el coronavirus. También afirmó que había logrado salir de la enfermedad usando hierbas medicinales ancestrales y comiendo “hasta pasto”. En Bolivia ha sido frecuente que en las áreas rurales la población tienen más confianza en estas hierbas que en otros procedimientos médicos. El retraso también fue la resistencia a la vacunación de los habitantes del altiplano boliviano, que constituyen la base social del vicepresidente. En esta zona tienen una importante influencia las iglesias evangélicas que se oponen abiertamente a las vacunas.
El lunes pasado, miles de gremiales y vecinos de la ciudad de El Alto (colindante con La Paz), la mayoría de ellos de origen aimara, protestaron contra un decreto del Gobierno que ordena a todas las instituciones públicas, inclusive los aeropuertos y las terminales de buses, y a muchas privadas, exigir como requisito de admisión el carnet de vacunación o un PCR reciente. La medida gubernamental también ha sido rechazada por varios sectores campesinos, que han advertido con movilizarse. “En el campo sabemos que debemos curarnos con nuestra medicina ancestral, y que los que han ido al hospital han salido en cajón”, declaró un dirigente campesino a la prensa. Durante los dos años de duración de la pandemia, en Bolivia se ha denunciado el uso masivo de sustancias que son ilegales para el tratamiento de la covid-19, como la ivermectina y el dióxido de cloro.
El presidente, Luis Arce, decidió postergar la entrada en vigencia de este decreto hasta el 26 de enero, argumentando que los puntos de vacunación no estaban preparados para una afluencia tan masiva como la que se produjo mientras el decreto estuvo operativo, entre el 3 y el 5 de enero. En este corto periodo, aproximadamente medio millón de personas se vacunó, una cifra que en el pasado solo se lograba con varias semanas de campaña. Algunos voceros de la oposición dudan de que Arce pueda imponer finalmente su exigencia, puesto que se le enfrentan grupos sociales que tienen gran capacidad de movilización y que tradicionalmente han sido parte del oficialismo. Algunos dirigentes de estos grupos han afirmado que no son contrarios al Gobierno ni tampoco antivacunas, pero no quieren ser obligados a ser inmunizados. También existen grupos de antivacunas en otros segmentos sociales y otros lugares del país, pero solo se trata de pequeños grupos.
El expresidente Evo Morales criticó a los dirigentes de las organizaciones sociales vinculadas a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), por divulgar entre la gente que “las vacunas matan”. El que fuera mandatario boliviano se sumó al esfuerzo de Arce para aumentar la presión sobre la población que todavía no se ha inmunizado, que de acuerdo con las estadísticas mundiales es el 60% de los 11 millones de bolivianos (aunque la vacuna solo está disponible para niños desde los cinco años). Bolivia ocupa en este campo el penúltimo lugar en Sudamérica, únicamente por delante de Venezuela. Para elevar esta cifra y evitar un nuevo colapso sanitario al país, Arce desea adoptar la misma política que hoy se aplica en otros países de la región y el mundo, pero no ha sido comprendido por sus propios seguidores.
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Santiago de Cali, agosto 10 de 2022. Diversas
festividades y actividades culturales se celebran este fin de semana en
el Valle del Cauca y voceros del turismo, que celebran el repunte de la
economía del sector gracias al impulso de la Gobernación, invitan a la
ciudadanía a ‘puebliar’ por el departamento.
Destinos tradicionales para el turismo como Buga, Buenaventura y
Calima-El Darién, además de los ‘Pueblos Mágicos’ Roldanillo y Sevilla, y
otros emergentes como Trujillo y Caicedonia, han fortalecido su oferta
turística, gastronómica y su capacidad hotelera para recibir más
visitantes, según señaló Óscar Guzmán, presidente ejecutivo de Cotelco
Valle.
“Muy contento como representante del sector hotelero al ver cómo el
Valle del Cauca cada día fortalece su infraestructura, su promoción,
cada día el Gobierno entiende que el sector del turismo es uno de los
más importantes para enderezar la economía”, sostuvo el vocero gremial,
al agregar que en la actualidad ya se están alcanzando las cifras que
hubo al cierre del 2019.
“Estamos seguros de que las vamos a superar. Para finalizar el año
podríamos estar cercanos al 70% en ocupación, o sea 16 puntos más que en
2019. Y vamos a superar los 218 mil extranjeros que tuvimos en 2019
para pasar a unos 350 mil. Todo esto indica que se ha venido haciendo
bien la tarea”, señaló.
Según el Sistema de Información Turística del Valle, SITUR, en el primer
semestre fueron más de 2.3 millones de visitantes los que llegaron al
Valle, con una ocupación hotelera promedio del 46%. Esto contribuyó a la
generación de casi 13 mil empleos nuevos en el sector turístico
departamental, que recibió una derrama económica superior a los 634
millones de dólares.
“Todos los resultados del trabajo que ha hecho la Secretaría de Turismo y
la Gobernación del Valle, en articulación con muchas otras secretarías,
son el resultado de que hoy por hoy el sector gastronómico muestre un
crecimiento en Cali del 9% por encima de la cantidad de establecimientos
que había durante 2019. Y en el Valle del 6,2%”, concluyó Brany Prado,
presidente ejecutivo nacional de ACODRES.
Santiago de Cali , marzo 25 de 2022. El municipio de Argelia, norte del Valle del Cauca, será epicentro de los ‘Diálogos Vallecaucanos’ este sábado 26 de marzo, en una jornada que será presidida por la gobernadora Clara Luz Roldán y su equipo de trabajo para priorizar acciones y programas para las comunidad es.
“Estaremos con los voceros que fueron elegidos por la comunidad en los Talleres Preparatorios, vamos a escuchar las solicitudes y planteamientos acerca de los proyectos de este municipio”, expresó María Leonor Cabal, secretaria General de la Gobernación.
La comunidad podrá participar de este ejercicio a partir de las 12 del día vía streaming por Facebook y YouTube .
Cabe destacar que la Gobernación del Valle ha realizado obras en Argelia como la adecuación gimnasio biosaludable, la adecuación cancha sintética recreativa y la instalación de una planta de tratamiento de agua potable.
Diego Fernando Lozano Arias Periodista Gobernación del Valle
