El respeto a la figura de Isabel II, mucho más en el año en que conmemora el 70º aniversario de su reinado, ha llevado a partidos políticos y medios de comunicación a taparse la nariz al saber que la reina pagará con parte de su patrimonio el acuerdo extrajudicial de su hijo, el príncipe Andrés, en el proceso al que se enfrentaba por abusos sexuales a una menor. El primero en señalar la cifra total del acuerdo alcanzado entre el equipo jurídico del duque de York y los abogados de la demandante, Virginia Giuffre, era el diario The Daily Telegraph, que sugería un montante de más de 14 millones de euros. Otros medios han rebajado a 12 millones la cantidad, pero hay un consenso general sobre la cifra aproximada. Y con la calculadora en la mano, resulta inconcebible que Andrés haya podido lograr de su propio bolsillo el dinero necesario para zanjar el asunto. Oficialmente, cobra 24.000 euros anuales de pensión como veterano de la Armada Real. Y el pasado enero vendió el chalet que tenía en los Alpes suizos, valorado en unos 20 millones de euros pero con una carga hipotecaria de 15 millones.
La presión del Palacio de Buckingham para que Andrés cerrara cuanto antes el asunto era muy grande. 2022 es el año del Jubileo de Platino de Isabel II. Una ocasión que se prolongará durante meses con actos y celebraciones públicas y que la casa real británica contemplaba como la estrategia perfecta para mejorar la imagen de la monarquía. La reina vive su mejor momento de popularidad, a pesar de una pandemia que la mantuvo encerrada en Windsor casi dos años. Y la ciudadanía británica ha aceptado ya la sucesión de Carlos de Inglaterra en el trono, junto a la continuidad que representa su hijo, el príncipe Guillermo. Un asunto turbio como el que suponía un juicio por abusos sexuales a una menor amenazaba con contaminar cualquier esfuerzo de relaciones públicas y estropear un año clave para consolidar la estabilidad de la institución.
Isabel II ha decidido tirar de chequera, y ha contado con la notable ayuda de la prensa conservadora, dispuesta a señalar como único culpable de esta humillación al propio Andrés. Apenas se ha escuchado alguna voz crítica ante la idea de que la Casa de Windsor pague con dinero el silencio de una víctima de abusos sexuales. “Los contribuyentes tienen el derecho a saber de dónde sale el dinero para ese acuerdo [extrajudicial], que debemos asumir que será de varios millones, si no decenas de millones de libras”, ha denunciado Graham Smith, de la minoritaria pero activa organización antimonárquica Republica. A través de internet han logrado recabar más de 3.000 firmas de ciudadanos que exigen una explicación de las cuentas. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha decidido sin embargo no hacer leña de la noticia del acuerdo, que “pone fin a un lamentable capítulo”, aunque ha pedido que no se olviden las víctimas de abusos sexuales: “Hay muchas de ellas por todo el mundo, y nunca debemos olvidar esa perspectiva”, ha dicho.
La mayoría de los lujosos gastos del hijo favorito de Isabel II proceden de los ingresos del Ducado de Lancaster. Es una entidad que concentra todos los activos de tierras, patrimonio inmobiliario urbano e inversiones financieras de la reina. Aunque a lo largo de los años ha aumentado el control público de este patrimonio, sigue proporcionando a Isabel II pingües beneficios anuales. La última cifra registrada, en marzo de 2021, era de más de 26 millones de euros. Aunque el Palacio de Buckingham no ha querido hacer ningún comentario al respecto, cualquier ayuda a Andrés, tanto para pagar las costas de su defensa jurídica como para hacer frente al pago del acuerdo extrajudicial, ha tenido que salir necesariamente de ese fondo privado de la reina.
El documento presentado ante el juez estadounidense por las partes, un principio de acuerdo que debe ser ratificado en el plazo de un mes, logra satisfacer las pretensiones del príncipe Andrés y de la demandante, Virginia Giuffre. Sin embargo, el duque de York es claramente el mayor perjudicado en el tribunal que, a todos los efectos, preocupa más al Palacio de Buckingham: el de la opinión pública. El hijo de la reina admite que Giuffre (hoy Roberts de apellido, con 38 años, casada y residente en Australia) “ha sufrido tanto como una demostrada víctima de abusos como por el resultado de los ataques públicos recibidos”, “lamenta su asociación con Epstein [el millonario pedófilo estadounidense] y celebra la valentía que ha tenido Giuffre y otras supervivientes al defenderse a sí mismas y a los demás”. Es decir, aunque evita reconocer expresamente cualquier atisbo de culpabilidad en los presuntos abusos sexuales sufridos por Giuffre, admite su condición de víctima —algo que llevaba años resistiéndose a hacer— y ofrece resarcimiento moral a la manera estadounidense: con una ingente cantidad de dinero. El importe se dividirá en tercios: una parte para la demandante, otra para cubrir la minuta de su abogado David Boies y el equipo que ha trabajado con él y otra tercera para la fundación Victims Refuse Silence (Las Víctimas Rechazan el Silencio) presidida por Giuffre, que ayuda a los supervivientes de abusos sexuales a contar su historia.
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