La Corte Constitucional colombiana ha ordenado al Gobierno de Iván Duque garantizar la seguridad y la vida a los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político en virtud del acuerdo sellado hace ya cinco años. El alto tribunal dictó este jueves en la noche restablecer estos derechos, en un fallo que les dio la razón a exguerrilleros de varios lugares del país que alegaban que sus vidas estaban en peligro y las medidas adoptadas por el Gobierno eran insuficientes, entre otros incumplimientos del pacto por parte del Estado.
El acuerdo de paz incluye un capítulo dedicado a las medidas que pondría en marcha el Estado para garantizar la seguridad de los excombatientes. Sin embargo, la persistente violencia en muchos territorios de Colombia amenaza la frágil implementación de los acuerdos con la extinta guerrilla, que ha denunciado con insistencia la falta de garantías. En un ambiente de deterioro de la seguridad, a los incesantes homicidios de todo tipo de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas a lo largo y ancho del país, se suman los de antiguos rebeldes que firmaron la paz: 303 exguerrilleros han sido asesinados, de acuerdo con la misión de verificación de Naciones Unidas.
El tribunal declaró un “estado de cosas inconstitucional”, un mecanismo diseñado para proteger derechos fundamentales de la población, al considerar el alto número de firmantes que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados. “Consideró la Corte que, en efecto, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos”, explicó la magistrada Cristina Pardo al leer la sentencia.
Con más de una decena de directrices, la decisión incluye la creación de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional que verificará las órdenes dictadas en el fallo para materializar el componente de garantías de seguridad. También ordena a la UNP que reevalúe en los próximos cuatro meses el riesgo al que se enfrentan los firmantes del acuerdo y quienes pertenecen al partido político Comunes que, después de haberse llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hace un año decidió dejar atrás las siglas que identificaron durante más de medio siglo a la guerrilla.
“Es un respaldo a las denuncias que nosotros hemos venido haciendo”, aseguró el senador Julián Gallo, quien ocupa una de los diez escaños en el Congreso que el acuerdo garantiza al partido Comunes. “En materia de seguridad no se ha avanzado para dar plenas garantías a la reincorporación socioeconómica y política de los firmantes de la paz”, subrayó.
La decisión con cayó bien en el Ejecutivo. “El compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque con todo el proceso de implementación, y en particular con la seguridad de los excombatientes, ha estado desde el primer día”, reaccionó Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, luego de conocer el fallo. El propio Duque manifestó este viernes que “se respeta” la sentencia, pero “de pronto no se vio a profundidad lo que se ha logrado en Colombia”.
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Tras conocer la decisión de la Corte, los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, se pronunciaron con un llamado al Gobierno nacional para que cumpla con lo acordado para que “con medidas realmente efectivas se detenga el alarmante número de asesinatos de exguerrilleros y se garanticen sus derechos”.
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