El Partido Conservador del Reino Unido dispone solo de un martillo —llamado Brexit— para hacer política, y todos los problemas se le antojan clavos. La relación de Londres con Bruselas ha vuelto a convertirse en el rehén de las refriegas políticas domésticas. La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, que mantiene desde hace más de un año su posición de favorita para suceder al primer ministro entre los afiliados tories, según la página web ConservativeHome, ha retomado un discurso de tono duro para dirigirse a la Comisión Europea, en referencia a la estancada y astillosa negociación sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. Después de la dimisión, a finales del pasado año, de David Frost como ministro para la UE, Truss asumió personalmente la interlocución con Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión.
El intercambio de papeles coincidió con la sensación —así se interpretó en Bruselas— de que el Gobierno de Johnson, agobiado con sus crisis internas y la amenaza de la variante ómicron, rebajaba sus exigencias y se mostraba dispuesto a buscar el pragmatismo y la conciliación en sus negociaciones con Bruselas. El próximo jueves Sefcovic y Truss tendrán su primer encuentro cara a cara, en Chevening House, la residencia campestre en el condado de Kent que suele utilizar como lugar de descanso o sede de encuentros políticos el titular de Exteriores de turno.
En una tribuna de opinión publicada en el periódico de referencia de los conservadores, The Sunday Telegraph (la edición dominical de The Daily Telegraph), Truss pone sus cartas sobre la mesa, para que las vean en la UE, pero también todos aquellos euroescépticos del ala dura del partido cada vez más frustrados por el modo en que se ha desinflado la conquista del Brexit. Y los unionistas de Irlanda del Norte, tradicionales aliados de la derecha británica, que encaran unas elecciones autonómicas complicadas en mayo, en las que sus votantes están convencidos de que el Protocolo de Irlanda del Norte fue una traición que les alejó aún más del Reino Unido.
“Tal y como está hoy redactado, el Protocolo ha perdido el respaldo de la comunidad unionista, por su miedo a que Irlanda del Norte se esté separando del resto del Reino Unido”, ha escrito Truss. “Estoy dispuesta a trabajar día y noche para negociar una solución. Pero voy a ser muy clara: no firmaré nada que impida que los ciudadanos de Irlanda del Norte puedan beneficiarse de las mismas decisiones en materia de impuestos o de gasto que afecten al resto del Reino Unido, o que imponga controles en las mercancías que circulan por nuestro país”. La ministra recupera la amenaza de invocar el artículo 16 del Protocolo, que permite suspender unilateralmente parte de sus disposiciones si se producen “dificultades económicas, sociales o medioambientales graves”. Y vuelve a exigir que se arrebate al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cualquier papel supervisor sobre el comercio en Irlanda del Norte. Exactamente las mismas demandas que esgrimió su supervisor, y que llevaron a la irritación a la UE, hasta el punto de que Londres y Bruselas se situaran al borde de una guerra comercial. “Los problemas que han surgido fueron provocados por el Brexit, y no por el Protocolo [de Irlanda del Norte]. El Protocolo ha intentado mitigar los problemas creados en la región con el tipo de Brexit que se eligió”, ha dicho a Sky News el embajador de la UE en Londres, Joao Vale de Almeida. “Ya hemos escuchado antes este discurso. No nos impresiona, pero tampoco consideramos útil estar agitando constantemente el artículo 16″.
Truss exige que se rebajen prácticamente a cero los controles aduaneros de las mercancías que viajan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, y que los problemas que surjan sean sometidos a un arbitraje independiente, y no supervisados y resueltos por el TJUE. El Protocolo de Irlanda, un tratado internacional anejo al Acuerdo de Retirada de la UE que firmaron Londres y Bruselas, y con la misma fuerza vinculante, fue la fórmula que permitió desenredar el nudo gordiano del Brexit. Al salirse del mercado interior de la UE, la frontera terrestre entre el Reino Unido y la Unión Europea era la separación entre la República de Irlanda (socio comunitario) e Irlanda del Norte, territorio británico. Pero el establecimiento de cualquier control aduanero, cualquier tipo de frontera en la isla, ponía en peligro la paz alcanzada por el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a décadas de terrorismo y violencia sectaria. El acuerdo creó la acertada idea de una frontera invisible, por la que católicos y protestantes, republicanos y unionistas, cruzan libremente cada día bajo la ilusión de que viven en una sola isla llamada Irlanda. Para preservar esa estabilidad, Londres y Bruselas acordaron que el control aduanero se establecería en el mar de Irlanda, y que Irlanda del Norte, de facto, seguiría formando parte del mercado interior de la UE.
La ministra de Exteriores ha decidido ahora mantener la línea dura de su predecesor y exigir la revisión de un protocolo que, sin embargo, Johnson no tuvo ningún reparo en firmar en su momento para sacar adelante su anhelado Brexit. Truss, que durante el referéndum de 2016 defendió claramente la postura favorable a permanecer en la UE, se cayó poco después del caballo y es ahora una de las más firmes defensoras de las potenciales promesas que supone que el Reino Unido sea de nuevo un actor solitario en la escena internacional. Promesas, sobre, todo para su propia ascendente carrera política en el Partido Conservador.
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