Ibrahim Boubacar Keïta, presidente de Malí entre 2013 y 2020, falleció este domingo sobre las nueve de la mañana en su domicilio particular de Bamako a los 76 años de edad. Keïta, conocido popularmente como IBK, fue derrocado por un golpe de Estado militar el 18 de agosto de 2020 tras intensas protestas ciudadanas contra su Gobierno. Su muerte se produce en uno de los momentos más complicados para su país, aislado del resto de África occidental por el cierre de fronteras y las sanciones económicas y comerciales impuestas esta semana por sus naciones vecinas y golpeado casi a diario por la violencia yihadista, con el norte y centro del país prácticamente fuera del control estatal.
Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y con un máster en Historia, IBK cursó sus estudios universitarios entre Dakar y París para luego regresar a su país e integrar esa generación de malienses que dio el salto a la política tras la caída del dictador Moussa Traoré en 1991 para construir una joven democracia. Sus primeros pasos en la Administración fueron como asesor y portavoz del recién elegido presidente Alpha Oumar Konaré y después como embajador en Costa de Marfil, Gabón, Burkina Faso y Níger. Con este bagaje fue nombrado ministro de Exteriores en 1993 y poco después primer ministro, cargo que ocupó hasta el año 2000.
En 2001 y ya al frente de su partido de ideología de centroizquierda Agrupación por Malí (RPM, según sus siglas en francés), Keïta se lanzó a una larga carrera presidencial en la que sufrió dos derrotas consecutivas, en 2002 y 2007, en sendos comicios que dieron la victoria a Amadou Toumani Touré (ATT). Sin embargo, la rebelión tuareg y el comienzo de la violencia yihadista dieron un vuelco a la situación política maliense en marzo de 2012 con el derrocamiento de ATT mediante un golpe de Estado militar y la celebración de nuevas elecciones en el verano de 2013 que, esta vez sí, condujeron a Keïta al Palacio Presidencial de Koulouba tras vencer a Soumaïla Cissé en segunda vuelta.
IBK llegaba al poder con el país intervenido por dos operaciones militares, de Francia y de Naciones Unidas, que pretendían frenar el avance del yihadismo y la descomposición de Malí. Con una vitola de intransigencia y mano dura que había cultivado durante su etapa de primer ministro, Keïta se presentaba ante los ciudadanos como el político capaz de reconducir la situación. Sin embargo, constantes escándalos de corrupción y nepotismo y el imparable avance de los terroristas en el norte y centro del país, sobre todo tras su reelección en 2018, fueron erosionando su imagen hasta convertirle en el blanco de todas las críticas de un pujante movimiento popular y ciudadano construido en torno a la figura del imán Mahmoud Dicko.
Las críticas contra su gestión se convirtieron en 2020 en intensas manifestaciones que acabaron provocando las primeras víctimas civiles tras el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden. La situación era cada vez más insostenible hasta que el 18 de agosto un grupo de militares encabezado por el coronel Assimi Goïta da un golpe de Estado y detiene a IBK y su primer ministro, desalojándolos del poder. Ese mismo día, la casa de su hijo Karim Keïta, que se había convertido en el símbolo del despilfarro de la clase política tras la difusión de vídeos de sus fiestas de lujo en un yate, fue víctima de saqueos y pillaje por parte de jóvenes manifestantes.
Tras una semana retenido por los militares, Keïta es liberado y se instala en su domicilio de Bamako. Unos días más tarde sufre una isquemia cerebral leve y viaja hasta Emiratos Árabes Unidos para recibir atención médica antes de regresar el 21 de octubre a Bamako. Durante los últimos meses, la crisis política abierta tras el golpe de Estado que le derrocó se ha agravado por la intención de los militares liderados por Goïta de seguir en el poder hasta cinco años más allá de febrero de 2022, el plazo fijado por la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao). Fruto de ello, este organismo regional aprobó el pasado lunes unas durísimas sanciones contra Malí que incluyen cierre de fronteras, limitaciones al comercio salvo productos de primera necesidad y congelación de la ayuda económica. Este viernes miles de malienses se manifestaron contra la Cedeao y estas medidas, calificadas de “ilegales” por la junta militar. La Unión Europea y Naciones Unidas anunciaron su respaldo al organismo regional africano.
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