La crisis de seguridad que se vive en la frontera de Colombia con Venezuela sigue en aumento a pesar de la llegada a la zona de dos batallones del Ejército colombiano. La explosión de un coche bomba en una zona céntrica de la ciudad de Saravena ha dejado la madrugada de este jueves un muerto y cinco heridos. Las autoridades le atribuyen el atentado a las disidencias de las FARC, un grupo minoritario de guerrilleros que no se desmovilizó durante los acuerdos de paz de 2016 .
El lugar donde ha ocurrido la explosión, la región de Arauca, sufre fogonazos de violencia desde abril del año pasado, a un lado y a otro de la frontera que Colombia comparte con Venezuela. El ELN, otra guerrilla histórica colombiana, ha dominado la zona durante décadas. Allí, el ELN es la ley y el Estado. Cobra impuestos a los comerciantes y juzga a ladrones y asesinos. Regula muchos de los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Su dominio lo compartió en los últimos años con los díscolos de las FARC, que hicieron suyo parte del territorio. Los dos grupos convivieron en paz durante un tiempo hasta que entraron en guerra, el punto en el que se encuentran ahora. A principios de este año sus enfrentamientos dejaron una veintena de personas asesinadas.
El conflicto se ha trasladado también al lado venezolano, al estado de Apure. El chavismo toleró durante mucho tiempo la presencia de estos grupos armados en esta zona tan difusa y alejada de Caracas. Sin embargo, en primavera de 2021 el Ejército del presidente Nicolás Maduro lanzó una ofensiva durísima contra las disidencias. Los expertos creen que el Gobierno tenía algún tipo de acuerdo secreto con el ELN. Fueron semanas de bombardeos indiscriminados y ocupación militar de pueblos enteros. Lo que en un principio parecía un paseo triunfal de los soldados se convirtió en un infierno. Los guerrilleros llevan toda su vida escondidos en la selva y conocen el territorio como la palma de su mano. Los disidentes secuestraron a una docena de militares y cometieron ataques clave contra los uniformados. El enfrentamiento ha quedado estancado, en punto muerto, sin la victoria clara de ningún bando.
En medio de estos conflictos a cuatro bandas se producen sucesos como el de esta noche. El coche bomba explotó frente a la sucursal de una organización de derechos humanos, en el casco urbano del municipio de Saravena. El estallido afectó a edificios, redes eléctricas y bombas de agua potable. El Ejército, en un comunicado, asegura que lo perpetró la Estructura 10, un grupo residual de las antiguas FARC. El grupo mayoritario de esa guerrilla ya extinta y que combatió durante medio siglo en Colombia es ahora un partido político con presencia en el Congreso y se ha desligado de la violencia. Estas remanentes que no quisieron regresar a la vida civil han abandonado la lucha política y su principal cometido ahora es el tráfico de drogas y la extorsión. Su principal cabecilla es Gentil Duarte, el delincuente más buscado de Colombia.
El presidente, Iván Duque, tuiteó que la fuerza pública seguirá fortaleciendo el control del territorio para “acorralar a estos grupos armados y garantizar la seguridad de la población”. “El miserable atentado terrorista con un carro bomba es un ataque que rechazamos todos los colombianos”, añadió. Hace dos semanas, su ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la llegada de dos mil soldados a Arauca para tratar de imponer orden en medio del desgobierno. Tras este atentado, el ministro anunció un nuevo consejo de seguridad que estudie la situación. El Gobierno necesita ganar credibilidad en esta crisis. Hace unos días, mientras Duque visitaba la región, circuló una foto de combatientes del ELN, fusiles en mano, caminando por uno de los municipios, como si fuera la policía del lugar. El ejército aseguró que se trató de una imagen prefabricada que trataba de escandalizar a la población.
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El secretario de Gobierno del lugar, Edgar Guzmán, ha explicado en Caracol Radio que todo este despliegue de efectivos no ha sido suficiente para controlar la violencia. Hasta ahora se cuentan este año, según HRW, 38 homicidios, cinco resguardos de indígenas confinados y amenazas de reclutamiento forzado. La principal afectada es la población civil, que tiene que abandonar sus hogares y desplazarse. La gente que vive en esta zona tiene una identidad mixta, colombovenezolana. Solo les separa un pequeño río muy fácil de cruzar. No son ni de un sitio ni de otro, sino de los dos.
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