Pasar cuentas con los responsables del asalto al Capitolio no es una tarea fácil. Ni siquiera está claro que lo consigan el departamento de Justicia, con el auxilio del FBI, y la comisión especial de investigación de la Cámara de Representantes. Los medios desplegados son notables, como lo es la documentación sobre el asalto: grabaciones de video, registros de llamadas, mensajes digitales, testigos de las reuniones preparatorias, testimonios de las víctimas de las agresiones…
El mayor obstáculo lo constituye una institución tan veterana y fundamental en el sistema político estadounidense como es el partido republicano, ahora en la oposición, con sus 50 senadores, sus 212 congresistas, los 28 gobernadores y los seis jueces del Supremo nombrados por presidentes republicanos. En manos de los republicanos estuvo la culminación de los dos fracasados juicios de destitución o impeachment contra Trump, el primero por abuso de poder y obstrucción a la justicia iniciado el diciembre de 2019, y el segundo, por incitación a la insurrección, en su última semana presidencial.
La acción de la policía y de la justicia se ha demostrado sumamente eficaz en la investigación y persecución de los asaltantes, gracias a la colaboración involuntaria de los exhibicionistas rebeldes trumpistas, que recogieron en sus teléfonos móviles un rosario de pruebas de sus hazañas. No está claro, en cambio, que el castigo alcance a los responsables máximos del intento insurreccional y del autogolpe de Estado perpetrado desde la Casa Blanca. Son muy pocos los republicanos que han podido escapar de la capacidad de intimidación del trumpismo para que no colaboraran en la investigación. No pudo constituirse la comisión bipartidista que correspondía a la gravedad de los hechos, y los demócratas tuvieron que conformarse con una comisión solo de la Cámara de Representantes, donde cuentan con mayoría, salvada a efectos bipartidistas por la vicepresidencia de Liz Cheney, la muy conservadora pero dignísima hija de Dick Cheney, que fue vicepresidente de George W. Bush.
El trumpismo está recurriendo a todos los medios a su alcance, como desatender las convocatorias o negarse a entregar documentos, aun a riesgo de incurrir en desacato, seguidas de recursos judiciales, que en el caso de Trump terminarán en el Supremo, donde se dirimirá si el expresidente puede acogerse todavía al privilegio de reserva presidencial como sostiene. El objetivo es llegar a las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre de 2022, que pintan mal para los demócratas, sin que la investigación haya llegado al núcleo de la conspiración, es decir, a Donald Trump.
No es una cuenta con el pasado lo que está pendiente. Es la posibilidad de que Trump, o alguien como él, pueda regresar a la presidencia en 2024. También el futuro de la democracia en Estados Unidos, del que depende en buena parte el futuro de la democracia en el mundo. Si la democracia se hunde en Washington, la autocracia sube en todas partes y especialmente en Europa, donde ya está al acecho en Moscú.
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