El kirchnerismo pretende que los 45.000 millones de dólares que Argentina debe al FMI los paguen los argentinos que tienen bienes y dinero ocultos en el exterior. Los senadores que responden a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron un proyecto de ley que crea un llamado Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI que se financiará con plata negra, producto de la evasión. Una norma paralela acelera y facilita los pedidos a bancos y entidades financieras para que levanten el secreto fiscal con el que protegen a sus clientes. El proyecto sumó el respaldo del presidente, Alberto Fernández, y el repudio opositor, que lo consideró “inviable”.
En diciembre del año pasado, durante un mitin organizado en la Plaza de Mayo, Cristina Kirchner, dijo que los dólares para pagarle al FMI estaban, pero fuera del país. “No, a la Argentina no le faltan dólares, los dólares los tienen afuera. Se los llevaron. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperarlos desde los paraísos fiscales adonde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos”, dijo la vicepresidenta. Según la lectura del kirchnerismo, quienes se llevaron los dólares fueron aquellos que apoyaron el crédito que Mauricio Macri pidió al Fondo en 2018, una vez que el mundo le había cerrado el grifo del financiamiento privado. Durante la apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo pasado, el presidente, Alberto Fernández, recordó que hay una causa judicial abierta contra la presunta fuga de capitales que siguió al ingreso de los dólares aportados por el multilateral.
Semanas después, Argentina acordó con el FMI la refinanciación de la deuda, un texto que no cayó bien en el kirchnerismo. Los diputados y senadores que responden a Kirchner votaron en el Congreso en contra del acuerdo y de los intereses del Gobierno que integran. La fractura se consumó durante las celebraciones del 46 aniversario del Golpe militar, el 24 de marzo pasado. La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, movilizó a 70.000 personas con consignas contra el FMI y duras críticas a Fernández. Ahora ha sido el turno de los senadores, con un proyecto de ley acorde a la lectura kirchnerista de la deuda pero de difícil concreción.
“Se trata de crear un fondo para pagar la deuda contraída por el Gobierno anterior de Mauricio Macri de 45.000 millones de dólares; que quienes se beneficiaron históricamente, o que la fugaron, paguen esa deuda y no el pueblo argentino. Esto no afecta al acuerdo existente entre el Gobierno y el FMI y cuenta con la colaboración y el visto bueno del Presidente”, explicó la senadora Juliana Di Tulio, muy cercana a Cristina Kirchner. Para dar con esos fondos, se promueve otra ley que habilita “a tener la información de quienes sacaron (divisas) del país, haciendo la apertura de secretos, qué monto sacaron y a través de qué instrumento”, agregó la senadora en diálogo con Radio Con Vos.
Según el texto del proyecto, el aporte de aquellos que tienen bienes o divisas no declaradas en el exterior deberán pagar al fisco argentino 20% del valor no declarado . Pasados los seis meses de entrada en vigor la ley, el aporte sube hasta el 32%. Los autores de la propuesta estimaron que al 31 de diciembre de 2021 “hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país”. “De ellos se encuentran declarados ante la AFIP (la oficina de recaudación) sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020″. Los destinatarios de la ley son aquellos que “se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon”. Son ellos, dice el texto, quienes “deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el Fondo”.
La ley en estudio podría ser una amnistía fiscal, como la que permitió a Macri detectar 100.000 millones de dólares durante su gestión. Pero a diferencia de aquella, esta es voluntaria solo en parte. De aprobarse, el Estado tendrá más poder de rastreo, con la participación, por ejemplo, de fiscales, hasta ahora impedidos de pedir la apertura de un secreto bancario. Se crea además la figura del “colaborador”, como se llamará a aquellos que faciliten el hallazgo de bienes y dinero no declarado. A cambio, el colaborador recibirá hasta el 30% de lo que se obtenga por su información. Otra novedad es que los pagos deben ser en dólares y no en pesos, la moneda local.
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Cristina Fernández de Kirchner se ha tomado muy en serio la posibilidad de un aporte de los evasores fiscales. Así se lo hizo saber al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, durante una reunión celebrada el pasado lunes en su despacho en el Senado. Con todo, es difícil que la ley pase el filtro del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras.
Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2022
La oposición ya adelantó que no dará su voto a lo que consideran un nuevo impuesto. Asegura, además, que el Estado ya tiene herramientas para perseguir la evasión y, sobre todo, que pretende recaudar sobre bienes que no sabe siquiera si existen. “¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? El nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable”, resumió el diputado Mario Negri, presidente del bloque opositor en la Cámara Baja.
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