El Gobierno de Ucrania ha acusado a Rusia de deportar a su territorio a miles de personas forzosamente, entre ellas, cientos de menores. La defensora de los Derechos Humanos ucrania, Liudmila Denisova, asegura que las fuerzas de Vladímir Putin están trasladando a civiles del área de Donbás y de localidades ocupadas del sur a campamentos improvisados denominados “de filtración”. Allí las fuerzas rusas les requisan los pasaportes, son interrogados y, finalmente, muchos de ellos son enviados a ciudades rusas. Kiev denuncia que Moscú conduce a miles de civiles desesperados por las bombas y la destrucción a través de corredores, a veces sin saber hacia dónde se dirigen. Al menos 40.000 han sido trasladados ya de Ucrania a territorios controlados por Rusia, según la vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk.
En las instalaciones de recepción de desplazados internos del centro del país, varias personas de la zona del sur de Donetsk describen casos de civiles captados en controles rusos, que son detenidos y trasladados contra su voluntad. Por teléfono, una mujer de Mariupol que pide proteger su identidad porque aún tiene familia en la ciudad, afirma que sus vecinas, muy mayores, se vieron forzadas a aceptar el traslado por parte de los soldados rusos. “Entraron en el refugio donde estaban y les dijeron que pronto sería atacado. No tuvieron otro remedio”, relata.
El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha asegurado que unos 2.000 menores han sido “secuestrados” en las zonas que permanecen bajo el ataque de las fuerzas del Kremlin. Pero las dificultades para acceder a esos territorios, sumadas a la ausencia de organismos internacionales en dichos puntos, hacen muy difícil una verificación independiente de las cifras. Ucrania denuncia el secuestro, además, de decenas de alcaldes, políticos locales, periodistas y activistas de las localidades ocupadas.
160.000 personas atrapadas a Mariupol
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Cuando la guerra de Putin contra Ucrania entra en su quinta semana y la contraofensiva de las fuerzas de Zelenski está logrando recuperar áreas del sur del país y cercanas a la capital, Kiev, las tropas rusas continúan con su asedio a Mariupol, la ciudad portuaria del mar de Azov que se ha convertido en el símbolo del sufrimiento de la población civil por esta guerra. Los soldados rusos controlan ya varias zonas de la localidad, donde quedan aún atrapadas unas 160.000 personas, según ha afirmado este lunes su alcalde, Vadim Boichenko. Desde las áreas ocupadas de Mariupol retransmiten ya los empleados de varios medios estatales rusos, que atribuyen la destrucción a los “nacionalistas ucranios”.
Desde Mariupol han sido deportadas también miles de personas. Decenas de ellas han sido transportadas a un centro deportivo de Tarangong, una ciudad rusa entre la localidad del Mar de Azov y la rusa Rostov del Don. Boichenko ha acusado a las fuerzas rusas de impedir la evacuación y las salidas seguras de la ciudad hacia otras zonas de Ucrania y de emplear varias estrategias para las deportaciones forzadas: desde obligar a la ciudadanía a subirse a autobuses con destino a territorios ocupados y de ahí a Rusia, a canalizar las salidas a través de corredores y sin detallarles a esos civiles desesperados por abandonar una ciudad devastada que van a ser trasladados a Rusia. “Los ocupantes están obligando a la gente ya agotada por la guerra a subirse a los autobuses”, dijo Boichenko en un mensaje de Telegram.
Imágenes de satélite permiten identificar también un campamento en Bezimenne, un pueblo costero a unos 90 kilómetros al este de Mariupol. Allí se alojan, al menos, 5.000 personas entre tiendas de campaña, un colegio y un club deportivo, según informó el diario oficial del Gobierno ruso Rossiskaya Gazeta hace unos días. La noticia detalla que las personas trasladadas fueron retenidas en puestos de control donde se les tomaron las huellas dactilares y fotografías. “Sus datos se verifican en una base de datos de delincuentes buscados. Uno de los problemas clave es la escasez de tarjetas SIM y no todos tienen un teléfono móvil”, señaló el diario ruso.
Por su parte, Rusia niega que esté deportando gente a la fuerza y asegura que ha recibido en “evacuaciones” a unas 400.000 personas que han “expresado el deseo de escapar” al país. Medios rusos informan también de que cientos de civiles procedentes de Ucrania han sido enviados en tren a más de un millar de kilómetros al norte, a las regiones de Yarloslavl y Riazán.
El Ministerio de Defensa ucranio y la Fiscalía del país están recopilando documentación de los casos de deportaciones forzosas para acudir ante instancias internacionales a denunciar lo que es un abuso de los derechos humanos: deportar civiles al país invasor. Kiev asegura además que tiene datos de que Moscú está reubicando a civiles en partes lejanas de Rusia, incluso en Sajalín, una isla en el Lejano Oriente ruso. “Tras pasar los campos de filtración, los ucranios son enviados a áreas económicamente deprimidas de Rusia”, asegura el Ministerio de Defensa en un comunicado en su Facebook. “Se les ‘ofrece’ empleo oficial a través de los centros de empleo. Aquellos que lo aceptan reciben documentos que prohíben salir de las regiones rusas durante dos años”, añade.
La defensora de los Derechos Humanos ucrania ha asegurado que la escala de la reubicación forzosa que se está viviendo en su país solo es comparable a la deportación llevada a cabo por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Hablar de deportaciones forzosas también hace pensar a muchos ciudadanos en la época estalinista. Y el lenguaje de “campos de filtración” evoca —también en esto y una vez más en este conflicto— a la guerra de Chechenia, en la que había instalaciones donde se retenía arbitrariamente a miles de personas en condiciones de vulneración de los derechos humanos, e incluso se realizaban torturas, según documentaron las organizaciones de derechos humanos.
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