La violencia desborda a las autoridades de Nueva York. En paralelo al resto del país, la ciudad experimenta desde el comienzo de la pandemia un repunte de la criminalidad que parece haberse acelerado en las últimas semanas. La promesa de mano dura del nuevo alcalde, Eric Adams, choca con el ala progresista de sus correligionarios demócratas y con activistas sociales. El contexto es distinto al de los sangrientos ochenta y noventa: tras la eclosión del movimiento Black Lives Matter, los excesos policiales están bajo la lupa. La inseguridad lastra la recuperación económica y alimenta la desigualdad en los barrios más afectados por la pandemia: en un círculo vicioso, las zonas deprimidas generan y sufren la violencia, que luego alcanza a otros barrios.
Tras solo cuatro semanas como alcalde, Adams afronta una crisis que puede definir su mandato. El expolicía que llegó al consistorio prometiendo más seguridad comprueba cómo a diario sus promesas chocan con la realidad letal de las calles. Asesinatos, atracos que cuestan vidas; una bebé herida por una bala perdida. El homicidio de dos policías en acto de servicio hace dos semanas ha sido un punto de inflexión en el corto recorrido del regidor. Sus propuestas para abordar la violencia —incrementando la respuesta policial, básicamente— han suscitado críticas, especialmente entre los partidarios de recortar el presupuesto del cuerpo, un movimiento pujante desde la muerte a manos de un policía del afroamericano George Floyd en mayo de 2020. La violencia por armas de fuego golpea otras urbes, pero Nueva York es el escaparate: una bala perdida en hora punta en Times Square no es la mejor carta de presentación para una ciudad que anhela recuperarse.
Adams recibe este jueves en Nueva York a Joe Biden para discutir y abordar “una estrategia integral para combatir la violencia”. El lunes, el presidente propuso su receta, no muy distinta a la del alcalde. “Debemos contratar más policías e invertir en programas de prevención en las comunidades”, dijo. El plan de gasto social atascado en el Senado prevé una partida de 5.000 millones para lo segundo, mientras algunos demócratas, como el influyente líder del Senado, Chuck Schumer, sugieren que la única forma de prevenir la venta de armas ilegales y los delitos cometidos con ellas es a través de una intervención federal.
En 2020 hubo 1.530 tiroteos en la ciudad, más del doble que el año previo; en 2021, fueron 1.877, la cifra más elevada en décadas. El año pasado, las detenciones por armas de fuego en toda la ciudad, cuyas leyes sobre tenencia y uso figuran entre las más restrictivas del país, aumentaron un 6% con respecto a 2020 y un 34% en comparación con 2019. La llamada Iron Pipeline, la ruta usada para el contrabando de armas desde Estados del sur y el Medio Oeste del país hasta la Gran Manzana, opera a destajo, y de poco sirven los reclamos de la policía, ni sus ofertas de iPad gratis y dinero en metálico a los que entreguen sus armas, sin preguntas ni consecuencias legales.
A primeros de enero, Cristal, una puertorriqueña de 19 años empleada en una hamburguesería, murió de un disparo en el pecho durante un atraco por poco más de 100 dólares de caja. Sam, dueño de una pizzería que comparte tabique con el local, confirma que en el barrio —el predominantemente latino East Harlem— hay una sensación palpable de miedo. “Algunos negocios están adelantando la hora de cierre y nosotros nos lo estamos planteando. Con lo que nos ha costado capear la pandemia, muchos tememos que esto pueda ser el golpe definitivo. La gente se retrae, está saliendo menos. Esperemos que se tomen medidas enseguida; de hecho, ya se ven más policías, pero eso siempre sucede a posteriori”, dice.
Los estragos de la pandemia, que ha disparado la desigualdad —la tasa de desempleo en Nueva York fue en diciembre del 8,8%, más del doble que la nacional (3,9%)—, explican para algunos la criminalidad rampante. “La pandemia ha provocado una tremenda dislocación económica y una agitación considerable en Nueva York. Con un desempleo del 15% entre los trabajadores que no han ido a la universidad y entre los afroamericanos, y del 24% entre los jóvenes de 18 a 24 años, muchos vecindarios permanecerán fracturados y al límite hasta que se haga más para restaurar las oportunidades laborales. Como ciudad, no podemos permitirnos el lujo de sentarnos y esperar a que el mercado laboral se recupere por sí solo, porque llevará años”, sostiene James Parrott, director de Políticas Económicas del Centro de Estudios de Nueva York de la New School.
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La franja de población más joven es el objetivo del alcalde de cara a los programas de prevención, y en concreto los 250.000 jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan. Igual que hiciera en su día el gobernador Andrew Cuomo, Adams propone planes de empleo temporal, a modo de aprendizaje, para mantenerlos ocupados durante el verano. Una propuesta que muchos ven ineficaz por alicorta. También es motivo de controversia política la respuesta penal, y en concreto la moderación al respecto del nuevo fiscal de distrito de Manhattan. “Ha habido cuatro epidemias de violencia armada desde la década de 1960. Suben y bajan de manera predecible, a menudo correlacionadas con crisis de salud pública [como la del crack]. Históricamente, la aplicación de la ley ha tenido poco que ver con su desaparición”, sostiene Jeffrey Fagan, profesor de Derecho en Columbia. “Las políticas de arrestos masivos, respuesta común a epidemias pasadas, hicieron poco para detener el flujo de armas. El alcalde Adams tiene razón al centrarse en combatir a los traficantes”, objetivo de una nueva unidad policial que patrullará las calles.
Alex Vitale, profesor de la Universidad de Brooklyn y coordinador del Proyecto Justicia Policial y Social, difiere sobre la eficacia de las nuevas medidas. “El plan del alcalde carece casi por completo de evidencias para respaldar sus intervenciones de mano dura contra el crimen. Se basa en consignas políticas en lugar de pruebas empíricas y, por el camino, corre el riesgo de recrear las condiciones que han dado lugar al Black Lives Matter, como el asesinato de Amadou Diallo por una unidad anticrimen”. Diallo, un inmigrante guineano desarmado, recibió 41 disparos a la puerta de su casa en 1999. Los cuatro agentes fueron absueltos y el caso fue, entre otros, el germen del basta ya a la brutalidad policial contra las minorías. El riesgo de una excesiva intervención policial tiene ahora más vigilantes que nunca.
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